Misi¨®n cicl¨®pea

EL JUEZ Garz¨®n admiti¨® a tr¨¢mite en junio varias querellas por la desaparici¨®n de 297 ciudadanos de origen espa?ol en Argentina bajo la dictadura militar. El premio Nobel de la Paz Adolfo P¨¦rez Esquivel fue uno de los promotores de esta iniciativa indagatoria por delitos de desapariciones, guerra sucia, torturas, genocidio, pirater¨ªa, detenciones ilegales, etc¨¦tera. El magistrado solicita ahora que se le asignen siete polic¨ªas y siete guardias civiles para investigar esos delitos y, como primera providencia, promueve una comisi¨®n rogatoria que tome declaraci¨®n a un centenar de personas: a los expresidentes Videla y Galtieri, a otros generales -uno de ellos muerto y enterrado-, almirantes, mandos militares de diverso rango y a todos los m¨¦dicos de la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada.. Es imposible evitar cierta perplejidad ante la desmesura de las diligencias propuestas. Garz¨®n solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores y a las autoridades argentinas informes sobre desaparecidos o asesinados en aquel pa¨ªs en el periodo 1976-1983, los procedimientos judiciales abiertos por tales hechos y todo cuanto sepan acerca de los campos de detenci¨®n, secuestros y adopciones de hijos de las v¨ªctimas, eventuales cuentas secretas radicadas en Suiza, etc¨¦tera. ?No es algo desmedido incluso para el incansable Garz¨®n? Los desaparecidos en esos a?os fueron al menos 10.000, seg¨²n -estableci¨® una comisi¨®n presidida por el escritor Ernesto S¨¢bato. Algunos de los responsables, Videla entre ellos, fueron condenados e indultados despu¨¦s. Una ley depunto final decidi¨® que no habr¨ªa, m¨¢s procesos, aunque aparecieran nuevas evidencias.

Esta ley, duramente criticada dentro y fuera de Argentina, no afecta desde luego a la justicia espa?ola, que tiene base leg¨ªtima para actuar. Pero ?no es algo excesivo que un juez espa?ol replantee ahora, 20 a?os despu¨¦s, todo el proceso de la dictadura argentina? ?No ser¨ªa m¨¢s efectivo, claro que menos espectacular, empezar por casos concretos ya conocidos? La justicia francesa conden¨® en rebeld¨ªa al capit¨¢n Astiz, pero lo hizo a partir de una acusaci¨®n espec¨ªfica y con el apoyo de pruebas testimoniales, sin proponerse un juicio universal. Jueces suecos e italianos han abierto tambi¨¦n procesos. Pero nadie se atrevi¨® a tanto. ?No convendr¨ªa que Garz¨®n se asegurara de la viabilidad de esas diligencias antes de movilizar los recursos que solicita para su cicl¨®pea misi¨®n?

Las dudas surgen a la vista de algunos antecedentes. Este mismo juez pidi¨® a la Telef¨®nica, en junio del a?o pasado, el listado de las llamadas hechas desde 127 tel¨¦fonos del Minister¨ªo del Interior entre los a?os 1983 y 1994. En otras profesiones se exige valorar la viabilidad de aquello que se propone. La tendencia a confundir los golpes de efecto con el celo profesional es especialmente lamentable cuando afecta a la magistratura.

El auto de Garz¨®n sobre la negativa del Gobierno a desclasificar los papeles del Cesid es tambi¨¦n m¨¢s teatral que efectivo. El juez no puede utilizar esos papeles como prueba, pero puede y debe indagar por otras v¨ªas los hechos a que hacen referencia. Lo que no se sostiene es el empe?o, compartido con G¨®mez de Lia?o, por insistir siempre en la desclasificaci¨®n, negada por el Gobierno y contra la que ya se ha presentado un recurso contencioso-administrativo por parte del abogado Iruin en nombre de los familiares de Lasa y Zabala. ?se es el camino a seguir en un Estado de derecho.

G¨®mez de Lia?o anuncia que citar¨¢ como testigos a los diputados de la Comisi¨®n de Secretos Oficiales del Congreso, poni¨¦ndoles en el brete de desvelar lo que est¨¢n obligados a callar. Garz¨®n hace por su parte una apelaci¨®n universal para que acudan a su juzgado cuantos "funcionarios, parlamentarios, jueces y personas en general" puedan conocer el contenido de los papeles del Cesid, haci¨¦ndoles creer que ello no implicar¨ªa incurrir en delito de revelaci¨®n de secretos. Son estrategias envolventes que, sin cuestionar directamente la decisi¨®n del Gobierno, buscan dejarla sin efecto para autentificar las presuntas copias sustra¨ªdas por el coronel Perote y poder articularlas como pruebas procesalmente v¨¢lidas ante los tribunales.

Garz¨®n alega ahora que la negativa del Gobierno s¨®lo afecta al soporte material de esos documentos y no a su contenido, porque de no ser as¨ª el Gobierno podr¨ªa ser acusado de encubrir delitos. ?Pero est¨¢ Garz¨®n en condiciones de asegurar sin lugar a dudas que esos documentos prueban la comisi¨®n de delitos? Es posible en todo caso que lo que cree Garz¨®n no lo crea el Gobierno ni los diputados que tuvieron conocimiento en su momento de los papeles del Cesid. Con esa distinci¨®n formalista digna del te¨®logo escol¨¢stico Duns Scoto, llamado el doctor sutil, Garz¨®n pretende transmitir a los funcionarios del Cesid y a otras personas conocedoras del contenido de los famosos papeles el mensaje de que no delinquen si comunican lo que saben al juez. Es una distinci¨®n pueril, equivalente a la mentira piadosa del fraile, porque es evidente que la reserva afecta al contenido, cualquiera que sea su soporte material. Pero sirve para mantener el pulso entablado con el Gobierno. Y puestos ya a desvelar tramas de guerra sucia, nada mejor que ampliar el campo de acci¨®n a Argentina. Ahora s¨ª que se ha asegurado tarea hasta el a?o 2015.