El Gobierno retrasa la tramitaci¨®n de la Ley de Secretos Oficiales para desactivar las cr¨ªticas

El Gobierno ha decidido alargar al m¨¢ximo la tramitaci¨®n del proyecto de Ley de Secretos Oficiales. Con esta forma de congelaci¨®n, el Ejecutivo pretende distanciar temporalmente la futura modificaci¨®n del proyecto y desactivar as¨ª la carga pol¨ªtica del aluvi¨®n de cr¨ªticas que recibi¨® al conocerse el texto. El Ejecutivo no ha solicitado el tr¨¢mite de urgencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con lo que su informe puede alargarse sin fecha. Tambi¨¦n enviar¨¢ el texto al Consejo de Estado y abrir¨¢ un "debate en la sociedad" sobre su contenido. La marcha atr¨¢s en este proyecto de ley ha sido asumida con esp¨ªritu autocr¨ªtico desde La Moncloa, donde se admite que el Gobierno tard¨® en reaccionar.Si la decisi¨®n del Gobierno de no desclasificar los papeles del Cesid provoc¨® en agosto la primera oleada de cr¨ªticas ajenas, el proyecto de Ley de Secretos Oficiales ha originado su primera reacci¨®n autocr¨ªtica. El Gobierno admite que reaccion¨® tarde ante las cr¨ªticas que suscit¨® y lo atribuye a la ausencia del jefe del Ejecutivo, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, que en esas fechas se encontraba en M¨¦xico.

Ahora trata de minimizar la carga pol¨ªtica de las cr¨ªticas con una prolongaci¨®n en la tramitaci¨®n y el consiguiente distanciamiento de la fecha del conflicto. El Gobierno sigue creyendo que es necesaria una ley que regule los secretos oficiales, homologable a las de otros pa¨ªses europeos y, por tanto, acabar¨¢ promulg¨¢ndola, pero, con el tiempo que se ha tomado, intenta superar lo que cree que ha sido una desfiguraci¨®n del t¨¦rmino "secreto" en el clima suscitado en la opini¨®n p¨²blica por los esc¨¢ndalos en los servicios secretos espa?oles.

El Ejecutivo aprovechar¨¢ el retraso en la tramitaci¨®n para modificar el proyecto y suavizarlo. Cree que el conflicto ha estallado por los prejuicios de la opini¨®n p¨²blica hacia lo que se espera de un Gobierno de derechas, unido a los recientes esc¨¢ndalos que han sensibilizado hacia la opini¨®n p¨²blica contra lo "secreto", m¨¢s que por el propio contenido del proyecto.

Modificaci¨®n del texto

No obstante, el Gobierno va a limar las partes m¨¢s afiladas de su proyecto. Ya se da por hecho que ser¨¢n revisadas las sanciones administrativas a los medios de comunicaci¨®n que publiquen secretos oficiales (de hasta 100 millones).Tambi¨¦n est¨¢n en cuesti¨®n los plazos para levantar el secreto (seg¨²n el proyecto pod¨ªa alargarse hasta medio siglo) y no se descarta la introducci¨®n de alguna f¨®rmula de control, inexistente en la propuesta del Gobierno. "Todo est¨¢ abierto, menos la necesidad de la propia ley, que consideramos incuestionable", seg¨²n fuentes gubernamentales.

Las primeras cr¨ªticas a un proyecto de ley se han unido al primer pulso en los medios de comunicaci¨®n contra un miembro del Gobierno, en la figura de su ministro de Defensa, Eduardo Serra, y el primer conflicto serio con uno de sus aliados, el PNV, particularmente por la interposici¨®n de un recurso ante el Tribunal Constitucional por una parte del impuesto de sociedades y las 11 enmiendas introducidas por el PP en el Senado, que han desfigurado el convenio suscrito por los gobiernos vasco y navarro.

El Gobierno, m¨¢s all¨¢ de las declaraciones, est¨¢ convencido que ambos conflictos son resolubles. Con la comparecencia de ma?ana ante la Comisi¨®n de Defensa del Congreso del titular de Defensa, el PP trata de enterrar el caso Serra.