La responsabilidad penal de los j¨®venes

El problema de la delincuencia de menores y j¨®venes ha adquirido en nuestro pa¨ªs una especial relevancia en los ¨²ltimos tiempos. En una de las cada vez m¨¢s frecuentes encuestas televisivas se abordaba a los transe¨²ntes para preguntarles qu¨¦ pensaban de una eventual pol¨ªtica criminal que incluyera en el Derecho Penal a los adolescentes y j¨®venes que generan violencia en el Pa¨ªs Vasco y cometen delitos. Una monja -previsiblemente- dec¨ªa que con esos chicos lo que hab¨ªa que hacer es educarles bien. Pero ni siquiera entretanto conseguimos tal desideratum estaban los encuestados dispuestos a admitir que pudiera aplicarse el Derecho Penal a personas de 13 o 14 a?os.Estas l¨ªneas quieren ser un alegato en favor de una aplicaci¨®n diferenciada (ajustada dir¨ªa si quiero ser fiel a la etimolog¨ªa) del Derecho Penal a los menores. Derecho Penal y menores no son t¨¦rminos antag¨®nicos. Creo que, una vez m¨¢s, los r¨®tulos y una versi¨®n popular del modelo penal norteamericano dificultan la comprensi¨®n de los problemas. No se trata, obviamente, de ajusticiar asesinos de 12 a?os o de encerrar en celdas contiguas a adolescentes que venden droga y narcotraficantes profesionales. Se trata de conjugar cuatro grandes intereses que son los que refleja en forma de principios la Constituci¨®n espa?ola: asegurar que los menores disfrutan de id¨¦nticas garant¨ªas -al menos- que aquellas que disfruta un adulto implicado penalmente cuando se enfrenta a la posibilidad de que el juez ordene su ingreso forzoso en un centro priv¨¢ndole de libertad; orientar las penas medidas que se adopten respecto del menor delincuente para asegurar su reeducaci¨®n; asegurar que toda la actividad estatal a este respecto se mueve no en las manos exclusivas de "expertos en j¨®venes", sino que se somete -como toda actividad de la Administraci¨®n que implica una intromisi¨®n en los derechos de los ciudadanos- a las reglas del Estado de derecho: principio de legalidad (ley. org¨¢nica), intervenci¨®n m¨ªnima, proporcionalidad, etc¨¦tera.

Los riesgos del sistema educativo puro -ajeno, en consecuencia, al Derecho Penal- son, evidentemente, la erosi¨®n de estos principios de referencia. El Tribunal Constitucional anul¨® parcialmente nuestra legislaci¨®n de menores en el a?o 1991 por entender que se dejaba al menor privado de las garant¨ªas y derechos individuales reconocidos para todos los espa?oles. Este sistema parece discriminar negativamente a los menores en algunos de los aspectos m¨¢s democr¨¢ticos del Estado de derecho. El problema estriba en no mezclar los criterios y los conceptos. Con frecuencia utilizamos los criterios de la asistencia cuando se produce la comisi¨®n de un delito por una persona de 13, 14 o 15 a?os. Desde la asistencia se concibe al menor delincuente como alguien necesitado de ayuda, de apoyo, de comprensi¨®n, y, desde luego, casi siempre ello es as¨ª.

Sin embargo, si tal apreciaci¨®n no se conjuga con la relaci¨®n menor-derechos, menor-instituciones y menor-sociedad, queda en el aire el perfil del menor como un sujeto incapaz, distinto, minusvalorado. Cuando la monja de la encuesta hablaba de menores con delitos de lesiones, de da?os, etc¨¦tera, como de maleducados, su bienintencionada opini¨®n no pod¨ªa soslayar los derechos de las v¨ªctimas a, por lo menos, otra explicaci¨®n. Desde la ¨®rbita del menor, tal perspectiva es sumamente contradictoria. La finalidad aparente de educaci¨®n y de tutela esconde un mixtificado sistema de control. El problema no es el control, que desgraciadamente debe existir, sino el c¨®mo de su ejercicio. Un claro y transparente sistema de custodia no confunde al sujeto, sino que la aproxima a su situaci¨®n, y le permite elegir su comportamiento. S¨®lo desde esa exigua libertad, y aun en tales casos muchos profesionales la niegan, puede tener lugar la reeducaci¨®n. Llegados a este punto interesar¨ªa saber si existe posibilidad de articular un sistema que pudiera dar respuesta a la controversia sin exasperar los principios jur¨ªdicos ni obviar los derechos asistenciales de los menoresSi se quieren afianzar los derechos del menor, h¨¢gase una ley penal juvenil, teniendo en cuenta que hasta el d¨ªa de hoy los m¨¢ximos derechos y garant¨ªas se han realizado en el ¨¢mbito del Derecho Penal, del Derecho procesal ordinario y del Derecho penitenciario, todos orientados constitucionalmente e inspirados en las Declaraciones de Derechos del Hombre. Y si se quiere profundizar en los derechos asistenciales, h¨¢gase una ley penal juvenil donde la pena privativa de libertad tenga un espacio m¨ªnimo y las penas alternativas est¨¦n verdaderamente orientadas a la resocializaci¨®n.

Porque en la historia de la marginaci¨®n y la delincuencia ser responsable es siempre y a pesar de todo una suerte.Roc¨ªo Cantarero Bandr¨¦s es catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad de La Rioja.