Un esfuerzo desigual
Los autores analizan las medidas econ¨®micas y sostienen que en el mejor de los casos, se trata de una reforma regresiva e injusta.
La reciente presentaci¨®n de los Presupuestos del Estado, que exigir¨¢ una reflexi¨®n m¨¢s pausada, y el con unto de medidas anunciadas estos ¨²ltimos meses, permiten esbozar una primera valoraci¨®n de la trayectoria del nuevo Gobierno.El Gobierno tiene claro el objetivo prioritario de la pol¨ªtica econ¨®mica -asumido mayoritariamente- de cumplir con los requisitos de convergencia de la UE, que implica, fundamentalmente, la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico. Nada, pues, que objetar a lo que constituye un punto de partida inevitable para afrontar la superaci¨®n de las dificultades de la econom¨ªa espa?ola.
Pero la definici¨®n de ese objetivo debe ir acompa?ado de medidas coherentes que permitan su consecuci¨®n de la forma m¨¢s eficaz en t¨¦rminos colectivos posible. A Maastricht se puede llegar -aunque algunos pretendan negarlo- por distintos caminos con resultados y consecuencias tambi¨¦n distintas para la cohesi¨®n de nuestra sociedad.
Y, es aqu¨ª, precisamente, donde surgen las discrepancias. Las medidas del Gobierno para cumplir con Maastricht no parece que sean las m¨¢s adecuadas ni para alcanzar los resultados deseados, ni -y esto es lo m¨¢s importante- para alcanzarlos de la forma deseada. Y no lo son porque ese objetivo debe orientar toda la actuaci¨®n del Gobierno, a corto y a medio plazo, no limit¨¢ndose a instrumentar acciones inconexas y contradictorias, poco meditadas, sino abordando las reformas estructurales necesarias (convergencia real) que van a exigir importantes costos y sacrificios a la colectividad. Y, para que esos sacrificios sean admisibles, se requiere el consenso y el respaldo de las m¨¢s elevadas mayor¨ªas, lo que s¨®lo es viable cuando el elevado coste social se reparte solidaria y equitativamente entre todos los ciudadanos y, en especial, deforma progresiva, atendiendo a la capacidad de pago y a las condiciones econ¨®micas del contribuyente.
Pues bien, las medidas aplicadas en los ¨²ltimos meses no est¨¢n orientadas en esta direcci¨®n, y configuran mayoritariamente una v¨ªa insolidaria hacia Maastricht. Puede a?adirse que se trata de una v¨ªa de dudosa eficacia para la reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico, no s¨®lo a medio y largo plazo, sino incluso para 1998 (como consecuencia, entre otros factores, de las f¨®rmulas correctoras que exigir¨¢ el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, de los avales a empresas p¨²blicas no compensados adecuadamente con cifras presupuestarias, el aumento de los pagos fiscales a cuenta de las empresas, etc¨¦tera).
As¨ª, en materia tributaria, la esperada Reforma Fiscal se ha limitado a reducir el gravamen de las rentas del capital, como si ese fuese el primero y principal problema pendiente de la econom¨ªa espa?ola. Rentas de capital que pasan a ser gravadas por un impuesto proporcional y ¨²nico del 20%, al margen del impuesto sobre la renta, lo que contrasta con el gravamen de las rentas del trabajo que oscilan entre el 20% y el 56%. Aunque una menor progresividad nominal no se corresponde necesariamente con una menor progresividad real, es evidente que la medida supone un trato discriminatorio para las rentas del trabajo, al tiempo que una ruptura en toda regla de la generalidad del citado impuesto.
Esta medida que, como es obvio, favorece a unas minor¨ªas -aunque importantes- tiene, adem¨¢s, un efecto devastador en cuanto que cuestiona seriamente cualquier apelaci¨®n posterior a un esfuerzo colectivo a soportar por todos los ciudadanos. No es razonable, por ejemplo, disminuir los grav¨¢menes sobre las plusval¨ªas y solicitar despu¨¦s 100 pesetas a los pensionistas por cada receta m¨¦dica. Y dif¨ªcilmente van a aceptar los funcionarios la congelaci¨®n salarial cuando se ha iniciado el proceso de reforma con una reducci¨®n de impuestos a las rentas del capital, o con una regularizaci¨®n de balances a las empresas que, a medio plazo, supondr¨¢ un importante retroceso en los ingresos del impuesto sobre el beneficio de las sociedades.
Esta singular "reforma fiscal" se ha completado con la elevaci¨®n de los impuestos indirectos sobre los alcoholes y las gasolinas y, finalmente, con el "redescubrimiento" de la TASA: en pleno dislate recaudador-, se ha anunciado la implantaci¨®n de numerosas tasas sobre los m¨¢s diversos productos y servicios, despu¨¦s rectificadas o desmentidas, sembrando el desconcierto y la desorientaci¨®n entre los ciudadanos y dando la impresi¨®n de carencia de alternativas suficientemente meditadas.
Al final, el Gobierno ha optado por incluir en los Presupuestos ocho nuevas tasas, ha subido otras ocho ya existentes, y ha establecido un impuesto del 4% sobre los seguros de riesgo, con los que espera recaudar algo m¨¢s de 100.000 millones. En fin, en materia de impuestos se ha renunciado a la reforma y simplificaci¨®n del sistema fiscal, como se hab¨ªa anunciado insistentemente, y se ha limitado a reducir el gravamen sobre las plusval¨ªas, lo que ha obligado a acudir a las tasas, o impuestos indirectos.
As¨ª, adem¨¢s de elevarse la presi¨®n tributaria -contra lo anunciado electoralmente- se produce un cambio en su composici¨®n interna, creciendo m¨¢s progresivamente los impuestos indirectos -los que pagan por igual todos los ciudadanos-, que lo hacen en un 8,3%, frente a los directos -se pagan seg¨²n ingresos o beneficios-, que crecen un 7,1%.
- Por tanto, en el mejor de los casos, puede deducirse que se trata de una reforma regresiva e injusta, y que el esfuerzo de reducci¨®n del d¨¦ficit se est¨¢ centrando asim¨¦tricamente en los sectores m¨¢s d¨¦biles de la sociedad, poniendo en peligro o, al menos, limitando el apoyo colectivo necesario para la consecuci¨®n del objetivo final; es decir, la uni¨®n monetaria. Con otras palabras, al repartir desigual y discriminadamente el esfuerzo fiscal, se corre el riesgo evidente de generar reacciones contrarias en, las grandesmayor¨ªas que lleven al traste el cumplimiento de los objetivos.
En segundo lugar, tampoco parece consecuente con el objetivo prioritario de reducci¨®n del d¨¦ficit, la aprobaci¨®n del nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica. Sobre todo, si se tiene en cuenta que ninguna comunidad auton¨®mica va a resultar perjudicada -seg¨²n insistentes manifestaciones de Econom¨ªa y Hacienda-, por lo que es evidente que la mejora que van a experimentar, unas y otras, supondr¨¢ un coste global m¨¢s elevado, dificultando la reducci¨®n del d¨¦ficit. Y, por tanto, hay que decir que, en la encrucijada actual, las comunidades aut¨®nomas, lideradas por Convergencia i Uni¨®, no han sido tampoco solidarias con el esfuerzo colectivo y se han limitado a pregonar demag¨®gicamente medidas de austeridad para los dem¨¢s, cuando vienen demostrando una cierta incapacidad para introducir criterios de racionalidad y econom¨ªa en sus propios territorios.
El tercer grupo de medidas enunciadas son las relacionadas con la reforma del sector p¨²blico empresarial En este campo de gran importancia tambi¨¦n para reducir el d¨¦ficit- da la impresi¨®n que la "obsesi¨®n ideol¨®gica" est¨¢ centrada exclusivamente en la reducci¨®n del tama?o y de la importancia del sector p¨²blico, como si de ello se generara, de forma espont¨¢nea, el impulso de la actividad del sector privado. El propio profesor Barea ha se?alado en m¨²ltiples ocasiones que "el sector p¨²blico empresarial en Espa?a tiene una dimensi¨®n modesta en comparaci¨®n con los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, y que el problema no es de dimensi¨®n sino de las cuantiosas p¨¦rdidas que generan". Sin embargo, parece como si el "problema fuese el control y la posterior privatizaci¨®n de las "grandes empresas p¨²blicas rentables". En esto, sin embargo, s¨ª que se ha sido diligente y habilidoso, pero ni Repsol, ni Telef¨®nica, ni Endesa constituyen un tema prioritario a la hora de sanear el sector p¨²blico. El verdadero problema, desde la perspectiva de Maastricht, est¨¢ en la eficacia y en la eficiencia del sector p¨²blico empresarial en su conjunto y, sobre todo, en la numerosa lista de empresas con p¨¦rdidas cr¨®nicas que descansas, a?o tras a?o, sobre los Presupuestos. Y, es que, una vez m¨¢s, la reforma del sector p¨²blico empresarial -que no la mera venta de las empresas rentables, que es lo m¨¢s f¨¢cil- resulta ser una imprescindible asignatura pendiente para la mejora estructural del d¨¦ficit p¨²blico. Pero, nadie en el Gobierno quiere cargar con las p¨¦rdidas, como tampoco se quiere asumir otras reformas estructurales o tomar decisiones que exijan ajustes que lesionen intereses comprometidos de alguna transcendencia y, por ello, se prefiere su traslado al Parlamento.
Hasta la fecha, aquella "obsesi¨®n ideol¨®gica" s¨®lo ha conducido a poner en marcha un confuso proceso de privatizaciones -cuyos resultados ya hemos adelantado en otros art¨ªculos anteriores- o, en otros casos, se ha limitado a realizar determinadas operaciones de maquillaje". As¨ª, la venta de la participaci¨®n del Estado en Telef¨®nica Internacional a la propia Telef¨®nica, que suponen unos importantes ingresos imnediatos; o la reducci¨®n del capital de Endesa que, junto al reparto del dividendo, supone unos ingresos adicionales de 200.000 millones, con lo que -sin entrar en su an¨¢lisis-, al menos, se evitan, de momento, afrontar las reformas estructurales.
Esta estrategia tambi¨¦n se ha extendido a otros gestores p¨²blicos, como ha ocurrido con Radio Televisi¨®n Espa?ola, que, en lugar de afrontar los graves problemas de gesti¨®n y de organizaci¨®n interna (solicitaba 277.000 millones: 157.000 de subvenci¨®n y 120.000 de d¨¦ficit) aumenta en 3.000 millones los gastos de personal para 1997, y anuncia un proyecto fara¨®nico con Televisa en contradicci¨®n con todas las manifestaciones que se hab¨ªan propagado sobre las televisiones p¨²blicas. Aunque el Gobierno no ha incluido esta petici¨®n en los Presupuestos, sin embargo, como la situaci¨®n es la que es y va adelante, tendr¨¢, finalmente, que articular alg¨²n otro "artificio contable". Y es que, aunque la doctrina oficial reza que "el Estado no est¨¢ dispuesto a asumir cr¨¦ditos de empresas y organismos p¨²blicos" tambi¨¦n a?ade que "otorgar¨¢ avales" hasta los 525.000 millones, avales que significan -como se ha afirmado- "deuda retrasada y encarecida". Y es que a Maastricht se llega mal dando un paso adelante y dos atr¨¢s, desconcertando y "desilusionando al personal".
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