Duro golpe de Menem contra el poder econ¨®mico de los sindicatos argentinos

El distanciamiento entre el presidente argentino, Carlos Menem, peronista, y los sindicatos, principalmente la mayoritaria Confederaci¨®n General de Trabajadores (CGT), tambi¨¦n peronista, se agrava al haber decretado el jefe de Gobierno el fin del control gremial sobre las Obras Sociales Sindicales, que atienden a 11 millones de personas con un presupuesto anual de 2.500 millones de d¨®lares (unos 320.000 millones de pesetas).

Hasta ahora, los trabajadores estaban sujetos al sistema de atenci¨®n social establecido por las centrales y cotizaban para mantener los hospitales m¨¦dicos o residencias asignadas por su gremio respectivo.

Este esquema, que ha funcionado durante casi 40 a?os, quedar¨¢ progresivamente roto desde el primero de enero del a?o pr¨®ximo con la medida dispuesta, cuyo efecto pol¨ªtico es muy importante al afectar directamente a las finanzas sindicales.

Las relaciones entre Menem y los sindicatos peronistas, cuyo apoyo fue fundamental en la reestructuraci¨®n del Estado emprendida por el Gobierno a partir de 1991, acus¨® un pro gresivo empeoramiento al aumentar significativamente los ¨ªndices de paro, anunciarse la discusi¨®n de leyes que abaratar¨¢n el despido en las empresas y sumar adeptos aquellos sindicatos, disidentes del peronismo algunos, favorables a una oposici¨®n m¨¢s radical al programa del Ejecutivo.

La salud como negocio

Sometida a una fuerte presi¨®n de las bases, la CGT se uni¨® a las protestas: la ¨²ltima fue una huelga general de 36 horas en todo el pa¨ªs, que Menem descalific¨® en t¨¦rminos que confirmaban la brecha abierta entre el Gobierno y el sindicalismo oficialista, que ha negociado para suavizar la contundencia del golpe contra las obras sociales hasta ahora bajo su control, El secretario general de la peronista CGT, Rodolfo Daer, protest¨® por la medida gubernamental: "El Gobierno toma la salud como un negocio, uno de tantos que existen en el pa¨ªs".El decreto de desregularizaci¨®n establece que los beneficiarios del sistema de salud puedan elegir la cobertura sanitaria: en una primera etapa, a partir del 31 de marzo, entre las ofrecidas por los sindicatos, y en una segunda, cuyo plazo no ha sido fijado a¨²n, pero probablemente en el segundo semestre de 1997, la libre competencia.

El marco regulatorio deber¨¢ ser precisado en el Parlamento, aunque de momento qued¨® fuera la tesis defendida por algunos miembros del Gabinete en el sentido de que la libertad de afiliaci¨®n del trabajador a cualquier empresa o seguro de salud sea total y sin plazos.

Dada su complejidad, la modificaci¨®n de todo el entramado de atenci¨®n vigente no es f¨¢cil: la primera tarea de la Administraci¨®n Nacional de la Seguridad Social (Anses), con la colaboraci¨®n de la Direcci¨®n General Impositiva (DGI), ser¨¢ completar un "censo de empleadores" y el padr¨®n de beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud (Anssal).