Los socialistas piden que la ley de videovigilancia no incluya grabaciones dentro de las viviendas

El PSOE, el PNV y CiU pretenden que el Gobierno modifique el proyecto de ley que regular¨¢ la videovigilancia y que se debatir¨¢ esta semana en el Congreso. Los socialistas proponen que no se graben im¨¢genes dentro de viviendas y que la comisi¨®n que autorice las c¨¢maras en lugares p¨²blicos no est¨¦ formada por jueces, sino por fiscales. El PSOE y CiU defienden que las grabaciones se destruyan en un mes, salvo que ayuden en un proceso judicial ya abierto.

A juicio de los redactores de las enmiendas socialistas, el proyecto del Gobierno no garantiza el libre ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos y puede suponer una grave intromisi¨®n en la intimidad de las personas. El PSOE no se opone a la videovigilancia, sino que quiere extremar las garant¨ªas de su uso.Aun estando de acuerdo con el principio que inspira esta ley, los socialistas vana enmendar casi todos los art¨ªculos y hasta la exposici¨®n de motivos. El PSOE propone la supresi¨®n de la posibilidad de grabar sonido por considerar "que esta intromisi¨®n en el ¨¢mbito de los derechos a la intimidad y a la propia imagen es inconstitucional".

En lo que se refiere, a la grabaci¨®n d¨¦ im¨¢genes, el PSOE la limita al objeto realmente necesario para garantizar la seguridad ciudadana "sin rebasar y ampliar, como se hace en el proyecto del Gobierno, el campo de intromisi¨®n en los derechos a la intimidad y a la propia imagen".

La utilizaci¨®n de videoc¨¢maras en la v¨ªa p¨²blica "deber¨¢ ser realizada de tal suerte que no visualice, en ning¨²n caso, im¨¢genes del interior de las viviendas ni de sus vest¨ªbulos, salvo que se disponga de autorizaci¨®n judicial", a?ade.

El PSOE enmienda totalmente el art¨ªculo relativo a la autorizaci¨®n de las instalaciones fijas y m¨®viles y pide que queden sujetas al dictamen "de un ¨®rgano colegiado presidido por un miembro del Ministerio Fiscal y en cuya composici¨®n no ser¨¢n mayor¨ªa los miembros dependientes de la Administraci¨®n que autoriza".

En este mismo cap¨ªtulo, los socialistas plantean que las instalaciones fijas sean autorizadas por el delegado del Gobierno en la comunidad aut¨®noma de que se trate, previo informe de una comisi¨®n cuya presidencia corresponder¨¢ al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la misma comunidad o a un miembro del Ministerio Fiscal designado por ¨¦ste.

Esta insistencia en que sean fiscales y no jueces quienes tengan en su mano la autorizaci¨®n responde, seg¨²n el PSOE, al deseo de no caer "en la confusi¨®n entre poderes" y en la lesi¨®n a la imparcialidad objetiva que comporta.

Los socialistas quieren aquilatar m¨¢s las hip¨®tesis para el empleo de videoc¨¢maras y en lo referente a lo que el proyecto del Gobierno engloba como "riesgo". "La utilizaci¨®n [de videoc¨¢maras] exigir¨¢ la existencia de un riesgo real para la seguridad ciudadana, en el caso de las [videoc¨¢maras] fijas, o de un peligro concreto en el caso de las [videoc¨¢maras] m¨®viles".

El PSOE propone que las grabaciones sean destruidas en el plazo m¨¢ximo de un mes, "salvo que est¨¦n relacionadas, con infracciones penales o administrativas en materia de seguridad p¨²blica o con un procedimiento judicial o administrativo abierto".

L¨ªmites al sonido

Varias de estas propuestas coinciden con las enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y por Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU).Los nacionalistas catalanes proponen que s¨®lo puedan ser grabados sonidos cuando se trata de acompa?amiento de im¨¢genes y que las cintas sean destruidas "en el plazo m¨¢ximo de un mes desde su captaci¨®n", salvo las excepciones previstas.

Para aumentar las garant¨ªas jur¨ªdicas, solicitan que la autorizaci¨®n para hacer uso de videoc¨¢maras quede limitada a un plazo de tiempo y, adem¨¢s, se detalle "expresamente cu¨¢l es el ¨¢mbito que puede ser objeto de captaci¨®n".

Otra de las enmiendas de CiU exige que quede prohibida "la obtenci¨®n de im¨¢genes en el interior de veh¨ªculos o en el interior de locales de negocio". Asimismo, reclama que se se?ale "qui¨¦n debe tener la responsabilidad de la destrucci¨®n de las grabaciones cuando se hayan obtenido de manera accidental".

Por su parte, el PNV quiere matizar que los promotores de manifestaciones habr¨¢n de responder de los da?os que los participantes causen a terceros s¨®lo si no hubieran puesto todos los medios a su alcance para evitar que tales da?os se produjesen.