El Poder Judicial propone que el Supremo vea los documentos secretos que pidan los jueces penales

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciar¨¢ hoy sobre un duro proyecto de informe elaborado por su Comisi¨®n de Estudios e Informes sobre el anteproyecto de ley de Secretos Oficiales. Entre las numerosas modificaciones que sugiere, propone que cuando un ¨®rgano judicial penal considere "imprescindible" como prueba el levantamiento del secreto de un documento as¨ª clasificado, el Tribunal Supremo deber¨¢ conocerlo para conciliar los valores constitucionales protegidos por el secreto de Estado con el derecho fundamental a la tutela judicial.

El proyecto de informe -no vinculante para el Gobierno- sugiere un cambio completo de la filosof¨ªa del anteproyecto gubernamental y, frente a la omisi¨®n de ¨¦ste de todo control judicial al acuerdo de clasificar determinadas materias como secretos oficiales, invoca la Constituci¨®n para afirmar tal control "sobre la legalidad de la acci¨®n administrativa, sin excepciones".Los redactores del informe, de 24 folios, parten de la publicidad como principio general del Estado social y democr¨¢tico, mientras que la reserva y el secreto pertenecen "al ¨¢mbito de lo privado". Admiten la sustracci¨®n de ciertos aspectos de los poderes p¨²blicos del com¨²n r¨¦gimen de transparencia", en aras de la seguridad y la defensa del Estado, cuando "se vean directamente afectadas". En todo caso, consideran que el secreto oficial "no puede menoscabar la posici¨®n prevalente de los derechos fundamentales y libertades p¨²blicas, que vinculan a todos los poderes p¨²blicos.

Atenci¨®n a la tutela judicial

El informe presta especial atenci¨®n a los secretos de Estado que afecten a la tutela Judicial, "en la medida en que su invocaci¨®n ocasione una restricci¨®n en las posibilidades de acceso a los tribunales, para obtener una resoluci¨®n fundada en derecho" o cuando pueda limitar las garant¨ªas constitucionales o el derecho de defensa, en particular, la utilizaci¨®n de pruebas. La soluci¨®n que propone consiste en que, cuando un juez penal "considere imprescindible para la decisi¨®n de la causa levantar el, secreto que pueda afectar a un medio probatorio, deber¨ªa arbitrarse un cauce procesal ante el Tribunal Supremo ( ... ) que permitiera conciliar los valores constitucionales protegidos por el secreto de Estado con los derechos reconocidos en el art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n" [tutela judicial efectiva].

La comisi¨®n del CGPJ limita el ¨¢mbito del secreto oficial y niega que deban considerarse como tales materias como "la soberan¨ªa, la independencia y la integridad territorial de Espa?a" y "el ordenamiento constitucional y el funcionamiento regular de sus instituciones". En cuanto a la autoridad competente para acordar la clasificaci¨®n como secreto, rechaza que puedan serlo los ministros y sugiere que s¨®lo corresponde al Consejo de Ministros o al presidente del Gobierno.

Respecto a la dimensi¨®n temporal de los secretos oficiales; considera "excesivos" los 50 a?os para las informaciones y datos de alto secreto y 25 a?os para las confidenciales.

No a la censura previa

Una de las obligaciones que el anteproyecto exige a las autoridades., responsables de la protecci¨®n de secretos oficiales es el de "notificar a los directores o responsables de los medios de comunicaci¨®n social la naturaleza secreta de un asunto, cuando prevean su posible publicaci¨®n". El borrador de informe del CGPJ, tras invocar el derecho constitucional a la informaci¨®n, se?ala que "no puede restringirse mediante ning¨²n tipo de censura previa". Recuerda que s¨®lo pueden secuestrarse publicaciones, grabaciones y otros medios de informaci¨®n por resoluci¨®n judicial.

El anteproyecto de ley establece multas de hasta 100 millones de pesetas para la divulgaci¨®n, revelaci¨®n o publicaci¨®n por cualquier medio de secretos o oficiales; dar lugar por imprudencia grave a que los mismos sean conocidos por personas no autorizadas, as¨ª como para la falsificaci¨®n, destrucci¨®n o inutilizaci¨®n de secretos oficiales.

El informe propuesto al pleno del CGPJ cree que, atendida la gravedad de las conductas, "su ¨¢mbito natural de protecci¨®n es el ordenamiento jur¨ªdico penal y no la v¨ªa de sanciones administrativas", salvo para los funcionarios o personas con acceso a los secretos.