La empresa de las multas usa testigos 'a sueldo' para notificar las sanciones
La empresa EDS, contratada por el gobierno municipal del PP para la gestión privada de multas, está entregando las notificaciones irregularmente, al utilizar para dar fe de que no se recoge la multa a testigos vinculados a la empresa por un contrato de trabajo. Esto puede anular "total y absolutamente" las multas entregadas hasta ahora por la empresa, según fuentes jurídicas consultadas por EL PA?S.
El punto 2 del artículo 660 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alude directamente a los requisistos que han de tener los testigos en cualquier proceso civil, especificando que podrá ser tachado como tal todo "socio, dependiente o criado" de una de las partes interesadas. La misma normativa define como "dependiente" a todos aquellos que "prestan habitualmente servicios retribuidos al que lo hubiere presentado como testigo".
El Ayuntamiento ya sufrió el mes pasado un grave revés al descubrirse que la empresa Servico, subcontratada por EDS para entregar las sanciones, había falsificado el 75% de 131.000 multas gestionadas en septiembre. El Ayuntamiento ha reconocido que 20.069 multas han prescrito por esas irregularidades, aunque fuentes municipales situaban ayer en 74.000 el total de multas afectadas por defectos en la notificación.
EDS, que tiene abierto por este motivo un expediente sancionador por falta grave, rescindió entonces el contrato con Servico y asumió el trabajo de notificación. Contrató para ello a 300 notificadores, según manifestaron a EL PA?S Antonio Beltrán y Miguel ?ngel Adrados, directivos de EDS. La empresa distribuye el trabajo a equipos de tres notificadores, que tienen adjudicada una zona concreta. Dos de ellos actúan como testigos del tercero.
PASA A LA P?GINA 3
El Ayuntamiento destinará 1.950 millones a publicar edictos sobre multas en 1997
Los notificadores de multas trabajan individualmente la primera jornada [se debe intentar entregar la sanción en dos ocasiones en un plazo de 48 horas]. "La segunda visita la realizan juntos los tres notificadores de cada zona, y dos de ellos hacen de testigos cuundo se rehusa la multa", explica Antonio Beltrán, responsable de EDS.
Todos ellos tienen un contrato por cuatro horas diarias, que contempla una cantidad fija de 55.200 pesetas (50.000 por convenio y 5.200 de plus de trasporte), más un complemento de productividad. Se les abonan "100 pesetas por multa notificada y 60 pesetas en el caso de que no consigan entregarla en las dos visitas reglamentarias", según Miguel Angel Adrados. Cuando completan o corrigen errores (las multas carecen del piso y la letra donde vive el denunciado), se les abona 25 pesetas.
Adrados cifra entre 60 y 80 las multas diarias que recibe cada notificador, pero "un 37% son entregadas a los destinatarios". Para completar la notificación, el Ayuntamiento publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad la lista de infractores no localizados. Pedro Bujidos, concejal de Hacienda, destinará a este fin 1.950 millones de los presupuestos de 1997.
EDS ha elegido fundamentalmente mujeres para entregar las multas porque "son mejor recibidas a la hora de abrir la puerta a un desconocido", según Bujidos. Aun así, reconocen que 70 de los 300 contratados habían abandonado el trabajo la semana pasada.
Con respecto a la posible ilegalidad del uso de testigos pagados, Beltrán se limitó a comentar que EDS tiene un "informe jurídico que dice que podemos hacerlo". Bujidos se mostró también favorable: "El que la empresa pague a una persona no afecta al proceso notificador".
En cambio, fuentes jurídicas consultadas por EL PA?S fueron concluyentes sobre la irregularidad de ese procedimiento. "No se puede hacer el testimonio bajo precio", afirma tajante la abogada Carmen Pujol, especializada en derecho civil y presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas y Juristas. "Tenemos unos requisitos muy garantistas en la notificación porque hay que preservar los derechos de los ciudadanos. Los testigos no pueden ser contratados de la empresa. Si el infractor recurre a los tribunales, con toda seguridad se anula el proceso recaudatorio", afirma otro letrado. En la misma línea se manifestaron la Asociación DVUELTA, Gestión de Recursos de Multas, y la Asociación para la Defensa contra los Abusos de la Circulación.
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