Las billonarias pretensiones de Ruiz-Mateos

Trece a?os despu¨¦s de la expropiaci¨®n de Rumasa, y pese a los agujeros financieros detectados en aquel grupo empresarial -260.000 millones- y las actividades irregulares y presuntamente delictivas cometidas, sus gestores pueden quedar libres de toda responsabilidad penal. El presidente de aquel entramado, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, si. se archiva su causa como ha pedido el fiscal, no s¨®lo no ir¨¢ a la c¨¢rcel ni indemnizar¨¢ al Estado por los quebrantos sufridos con Rumasa, sino que quedar¨¢ tambi¨¦n ante los tribunales como reclamante de compensaciones billonarias por la expropiaci¨®n.Las limitaciones impuestas por Alemania en la extradici¨®n a Espa?a de Ruiz-Mateos, tras la huida del empresario, la eliminaci¨®n no explicada del sumario de los presuntos delitos de estafa, y la entrada en vigor del nuevo C¨®digo Penal, que modifica la tipificaci¨®n de algunas conductas, explican en parte este posible desenlace. A ello hay que a?adir la accidentada tramitaci¨®n de este sumario, forzada en muchos casos por argucias legales del principal acusado, en la que se han producido cambios de jurisdicci¨®n y p¨¦rdidas de m¨¢s de 200 folios de la instrucci¨®n entre otra muchas vicisitudes. El juicio que se sigue contra Ruiz-Mateos y otros gestores de la antigua Rumasa, fijado para el pr¨®ximo 25 de noviembre, podr¨ªa no celebrarse, a¨²n en el caso de no prosperar la petici¨®n del fiscal Gordillo de archivar el sumario, como ha ocurrido en ocasiones precedentes. Mientras, el Estado tiene ante s¨ª centenares de. reclamaciones indemnizatorias en los tribunales -cuenta ya con 22 sentencias favorables a antiguos accionistas de empresas de Rumasa, todas recurridas-, por un importe global que puede alcanzar, seg¨²n los abogados de Ruiz-Mateos, los dos billones de pesetas por Rumasa S A -la cabecera del grupo- y una cifra parecida por las empresas. La familia Ruiz-Mateos, seg¨²n ha explicado su hijo Zoilo, es consciente de la imposibilidad de retorsi¨®n de las empresas expropiadas y de las dificultades que puede plantear al Gobierno -en a?os de restricciones presupuestarias- la asunci¨®n de indemnizaciones billonarias. Por ello insisten, desde hace meses, en llegar a alg¨²n tipo de acuerdo egociado con el Ejecutivo -"encontrar¨ªamos f¨®rmulas"- para lograr un resarcimiento econ¨®mico y moral suficiente a s perjuicios sufridos. Algunas e estas f¨®rmulas de compensaci¨®n, aseguran en el entorno del empresario jerezano, podr¨ªan buscarse en el ¨¢mbito de las participaciones, empresariales estatales en algunas compa?¨ªas que el Gobierno quiere privatizar. El Ejecutivo del PP, sin embargo, ya rechaz¨® hace unos meses una solicitud de una indemnizaci¨®n de dos billones de pesetas presentada por Ruiz-Mateos.

La ambiciosa pretensi¨®n del ex presidente de Rumasa se justicaba entonces en la no ejecuci¨®n de una sentencia del Tribual Europeo de Derechos Humanos de 1993, que dio la raz¨®n a Ruiz-Mateos en sus quejas por la excesiva duraci¨®n del proceso y resolvi¨® que hubo violaci¨®n del car¨¢cter equitativo de los procesos seguidos ante el Tribunal constitucional. El tribunal europeo rechaz¨® expresamente, sin embargo, el derecho a indemnizaci¨®n solicitado por el empresario.

Sus pretensiones, adem¨¢s de no estar respaldadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son discutibles. Como ha recordado recientemente el ministro de Econom¨ªa y Hacienda en el Gobierno socialista que decidi¨® expropiar Rumasa, Miguel Boyer, la ley que se aprob¨® en 1983 para llevar adelante esta intervenci¨®n. "establece una diferencia muy importante entre el resultado final para los accionistas minoritarios del grupo Rumasa y el accionista dominante, que era Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos". Mientras los minoritarios de cada sociedad percibir¨¢n el valor de las acciones que pose¨ªan, "para Ruiz-Mateos deber¨¢n consolidarse los valores positivos de unas sociedades con los negativos de otras, estim¨¢ndose un saldo final". "Los tribunales deber¨¢n, por tanto", dice Boyer, "hacer a su vez una consolidaci¨®n de sumandos positivos y negativos de todas las empresas del grupo expropiado, a fin de determinar el saldo que corresponde a Ruiz-Mateos". El diferente trato entre unos y otros accionistas se justifica, seg¨²n Boyer, en que los minoritarios fueron ajenos a la gesti¨®n de las sociedad mientras que el accionista dominante pudo trasvasar resultados de unas empresas a otras.

Fuentes de la Administraci¨®n coinciden con el ex ministro y agregan que ser¨ªa "inaudito" que Ruiz-Mateos cobrase justiprecio por alguna de sus empresas expropiadas, cuando el grupo se encontraba en situaci¨®n de quiebra al ser expropiado y cuando en su gesti¨®n hubo claros trasvases irregulares de fondos entre las distintas compa?¨ªas. La ley obliga a consolidar los balances del grupo a 23 de febrero, de 1983, en lo que se refiere a las indemnizaciones de Ruiz-Mateos, y el resultado dif¨ªcilmente puede ser positivo. "y aun en el caso impensable que pudiera tener derecho a alguna indemnizaci¨®n, van a pasar lustros antes de que se ejecute su justiprecio y cobre una sola peseta", dicen. Para proceder a la consolidaci¨®n, explican, deben concluir todos los procesos en marcha sobre justiprecios en las distintas empresas, lo que llevar¨¢ a?os -m¨¢xime cuando hay muy pocas sentencias y todas est¨¢n recurridas-, recabar datos contables de hace lustros sobre compa?¨ªas que incluso ya no existen, nombrar una comisi¨®n de expertos -como exige la ley- que proceda a realizar la consolidaci¨®n de balances, y que esta comisi¨®n concluya sus trabajos.

El equipo de abogados de Ruiz-Mateos sostiene, sin embargo, que la ley no dice nada sobre la exclusi¨®n de los accionistas con responsabilidad gestora del derecho al justiprecio, aunque reconoce la salvedad apuntada por Boyer para las sociedades accionistas de otras compa?¨ªas.

A la familia Ruiz-Mateos, seg¨²n su hijo Zoilo, le preocupa tambi¨¦n el que este caso pueda cerrarse sin un esclarecimiento de las responsabilidades que han tenido en el mismo el ex ministro Miguel Boyer y el Gobierno socialista de aquel entonces. "Se han perdido miles de puestos de trabajo, se han cerrado y malvendido empresas que estaban generando riqueza, muchas personas se han lucrado con las reprivatizaciones, y al final los espa?oles -los contribuyentes- son quienes han pagado y van a seguir pagando los platos rotos de la expropiaci¨®n", dice.

Reacciones contra Ruiz-Mateos

Un alto responsable en 1983 del equipo del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda califica de "increible", entre otros adjetivos m¨¢s gruesos, la preocupaci¨®n esgrimida ahora por la familia Ruiz-Mateos sobre la responsabilidad de Miguel Boyer y del Gobierno socialista en la expropiaci¨®n. "Una cosa es que se pueda archivar su sumario y que quede libre de responsabilidades penales, lo cual a mi juicio es cuando menos lamentable, y otra que se pueda poner en duda la necesidad objetiva por razones econ¨®micas y pol¨ªticas de expropiar un holding como Rumasa, que estaba quebrado seg¨²n pon¨ªa de manifiesto la inspecci¨®n del Banco de Espa?a y la auditor¨ªa de Arthur Andersen, para evitar males mayores al sistema financiero y a la econom¨ªa nacional. M¨¢xime cuando sus gestores se negaban a colaborar con las autoridades para enderezar la situaci¨®n de las empresas y bancos y comet¨ªan todo tipo de irregularidades".Coincide con la familia Ruiz-Mateos el ex alto cargo, sin embargo, en lamentar que, si finalmente se archiva el sumario, el desastre de Rumasa lo van a pagar los contribuyentes. En el sumario, adem¨¢s de solicitarse 12 a?os de c¨¢rcel para el ex presidente de Rumasa, se le reclama una indemnizaci¨®n a la Direcci¨®n General de Patrimonio del Estado, que deb¨ªa asumir de forma conjunta y solidaria con otros encausados, por importe de 652.000 millones de pesetas. Esta cifra es muy parecida a la atribuida oficialmente como coste de la expropiaci¨®n de Rumasa.