El Defensor del Pueblo exige a los alcaldes que dejen de perseguir a los mendigos

El Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones contra tres ayuntamientos -Santander, Murcia y Cartagena-, a los que ha instado a que dejen de perseguir a los mendigos. Antonio Rovira -adjunto segundohasta hace tres semanas en que ascendi¨® a n¨²mero dos de la oficina- decidi¨® actuar contra los alcaldes de estos tres consistorios, todos ellos del PP, tras recibir informaci¨®n sobre detenciones de vagabundos a los que se les requisaba el dinero acogi¨¦ndose a viejas ordenanzas municipales. En los escritos, el Defensor del Pueblo ped¨ªa la anulaci¨®n de estas ordenanzas, por inconstitucionales. El Ayuntamiento de Santander ya las ha derogado, mientras que Murcia y Cartagena no han respondido.

Ya en el informe de 1995 el Defensor del Pueblo, Fernando ?lvarez de Miranda, llamaba la atenci¨®n sobre las pr¨¢cticas del Ayuntamiento de Santander, que llevaba a?os deteniendo a los mendigos que ped¨ªan por las calles y requis¨¢ndoles las miserables monedas que hab¨ªan obtenido con su trabajo.Este ayuntamiento actuaba de acuerdo a sus ordenanzas municipales, que datan de 1900 y dicen textualmente en su art¨ªculo 94: "Por respeto a la tranquilidad del vecindario quedan prohibidos en absoluto la mendicidad y la vagancia; y todos los dependientes del ayuntamiento conducir¨¢n a la prevenci¨®n, para llevarlos luego a la Casa de Caridad, al asilo de noche, al Gobierno Civil o a donde proceda, a todas las personas que se encontraran mendigando o vagando por las calles, con excepci¨®n de aquellos pobres que tuvieran para pedir permiso escrito de la alcald¨ªa".

El caso de Santander es uno m¨¢s de los detectados en decenas de ayuntamientos espa?oles que han iniciado aut¨¦nticas cruzadas contra los mendigos, ante el aumento de los vagabundos que piden o venden en las calles. Antonio Rovira fue recopilando las denuncias llegadas a la oficina del Defensor del Pueblo, as¨ª como las noticias aparecidas en los medios de comunicaci¨®n y decidi¨® actuar contra los tres citados.

Requisar el dinero

Seg¨²n la documentaci¨®n que obra en la oficina del Defensor del Pueblo, los citados ayuntamientos, con objeto de erradicar la mendicidad de su t¨¦rmino municipal, ordenaban a polic¨ªas municipales levantar acta de aquellas personas que ejerc¨ªan en las calles, requis¨¢ndoles el dinero que portaban y conduci¨¦ndoles a las comisar¨ªas. Estas medidas se adoptaban en base a las ordenanzas municipales correspondientes.

Constan en la citada oficina cientos de actas de este tipo, que incluyen recibos de haber requisado diversas cantidades de dinero, que van desde 15.000 a 75 pesetas. Seg¨²n los ayuntamientos, este dinero se enviaba a centros ben¨¦ficos.

Ante estos antecedentes, el actual adjunto primero al Defensor del Pueblo, Antonio Rovira, dirigi¨® un escrito a los citados ayuntamientos, en el que se se?alaba que estas pr¨¢cticas carec¨ªan de la "necesaria cobertura legal" e incluso que estaban "enfrentadas al ordenamiento constitucional". Los escritos comparaban las viejas ordenanzas a la antigua Ley de Vagos y Maleantes, derogada por el C¨®digo Penal, y ped¨ªan que "a la mayor brevedad posible se proceda a modificar las vigentes ordenanzas municipales". Hasta la fecha, tan s¨®lo el Ayuntamiento de Santander las ha derogado.

Fuentes de la citada oficina han se?alado a EL PA?S que piensan continuar con esta pol¨ªtica de denuncia de estas pr¨¢cticas Ilegales, "mediante las cuales se sancionaba a una persona mayor de edad por el solo hecho de pedir dinero sin transgredir otras normas". Seg¨²n las citadas fuentes, estas actuaciones son "contrarias a los principios constitucionales".

Respecto a otros casos registrados en los ¨²ltimos meses de ayuntamientos que persegu¨ªan a los mendigos, las citadas fuentes se?alaron: "No se pueden documentar todos ellos, por lo que hemos optado por actuar contra estos tres de forma ejemplarizante".

Uno de los casos m¨¢s llamativos es el del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que decidi¨® el pasado verano exportar a los mendigos que encontraba por la calle, a los que compraba un billete de avi¨®n y enviaba al lugar de la pen¨ªnsula que ellos eligieran. Por el m¨®dico precio de 20.000 pesetas -lo que cuesta un vuelo de Hispanair- se deshac¨ªa del problema. Este caso est¨¢ en manos del Diputado del Com¨²n, defensor del pueblo de Canarias.