Judicatura

El pasado jueves, el Consejo General del Poder Judicial crey¨® necesario desagraviar a la Audiencia Nacional ante ciertos comentarios de observadores externos que hab¨ªan puesto en tela de juicio su funcionalidad. ?Hac¨ªa falta en este momento esa defensa de la independencia judicial, ofrecida precisamente al ¨®rgano jurisdiccional que instruye y ha de juzgar los casos Banesto y GAL? Es dudoso que existan suficientes causas para ello, pues, como declar¨® unos d¨ªas antes el propio presidente del CGPJ, las razones aducidas eran objetivamente nimias. Pero es verdad que el asfixiante clima mediatizador que rodea a la Audiencia transforma a las personas m¨¢s ecu¨¢nimes en orgullosos pedestales de susceptibilidad: de ah¨ª que reaccionen con desmesuradas amenazas de dimisi¨®n irrevocable.Lo que no quita para que la independencia de los jueces sea ciertamente un problema. Pero no por las razones que alegan quienes se hacen los ofendidos, sino por otras muy distintas, que a veces hacen dudar de la imparcialidad de la justicia. Y no me refiero con esto al elogiable fallo del Supremo sobre el caso N¨¦cora, pues all¨ª s¨ª ha demostrado la justicia espa?ola su verdadera independencia, desafiando a la opini¨®n p¨²blica y rechazando todo corporativismo al descalificar la dudosa instrucci¨®n realizada por un famoso juez que goza del caluroso aplauso de una prensa adicta. Sino al propio dise?o institucional de la judicatura, que favorece una cierta personalizaci¨®n de la justicia. He aqu¨ª los rasgos que m¨¢s problem¨¢ticos parecen.

Ante todo, la falta de control externo que detenta el poder judicial. En efecto, el Estado democr¨¢tico de derecho se cimenta sobre el equilibrio de poderes separados que se limitan mutuamente. Cada uno de ellos debe ser independiente y soberano en su esfera, pero debe tambi¨¦n estar controlado por los otros dos para evitar que se extralimite, pues los controles internos no bastan para autolimitarse. Por eso se debe impedir, por ejemplo, que el Ejecutivo disponga del poder ilimitado de clasificar algo como secreto de Estado: pues ese poder, como todos los dem¨¢s, debe estar sometido a un control jurisdiccional externo. Pues bien, lo mismo sucede con el poder judicial propiamente dicho: ?qui¨¦n controla al controlador jurisdiccional?

El Consejo General del Poder Judicial controla internamente a la judicatura, pero ?qui¨¦n ejerce su necesario control externo? Aqu¨ª reside la extraordinaria relevancia del debate sobre la composici¨®n y nombramiento del CGPJ: ?deben elegirlo por cooptaci¨®n los miembros de las asociaciones de magistrados o deben elegirlo desde fuera los de m¨¢s poderes del Estado? La postura del PP, a favor de la cooptaci¨®n, me parece inadmisible, pues har¨ªa imposible cualquier control externo, sin el que todo poder tiende inevitablemente a caer en la extralimitaci¨®n. S¨¢nchez Ferlosio lo recordaba hace poco en estas p¨¢ginas: dadle a cualquiera un arma, y, en ausencia de control, como las armas las carga el diablo, terminar¨¢ por usarla indiscriminadamente. ?Y existe arma m¨¢s temible que el poder jurisdiccional?

Y esa posibilidad de extralimitarse crece al combinarse con las peculiaridades de la carrera judicial, cuyos procedimientos de acceso y ascenso est¨¢n basados en la ocupaci¨®n soberana de plazas en propiedad (mientras que los dem¨¢s funcionarios dependen jer¨¢rquicamente de ejecutivos revocables), lo que hace posible un ejercicio personalista del poder, basado en la patrimonializaci¨®n de los cargos. Desde Weber hemos aprendido a identificar el antiguo r¨¦gimen con el patrimonialismo y, por tanto, a entender el Estado de derecho como despatrimonializaci¨®n de la justicia, lo que exige sustituir al ejercicio discrecional del poder personal por la estricta obediencia a reglas formales de procedimiento. Pero para ello hace falta el imperio de la ley y sobran los jueces campeadores, que patrimonializan sus cargos cuando los ponen a la disposici¨®n de sus intereses personales, con grave riesgo de servir oscuros compromisos o espurias complicidades.