Las v¨ªctimas de atentados recibir¨¢n hasta siete millones de pesetas de la Comunidad por los da?os materiales

La nueva Ley de Ayudas a las V¨ªctimas del Terrorismo, aprobada el jueves por unanimidad en la Asamblea de Madrid, incluye ayudas de hasta siete millones de pesetas por los da?os materiales sufridos en atentados. Esta ley, al igual que las existentes en las comunidades aut¨®nomas vasca y navarra, nace para complementar las medidas de apoyo que ya presta el Gobierno central.Si, para el mismo fin, la v¨ªctima percibe ayudas de otros organismos cuyo importe total es inferior al concedido por la Comunidad, entonces ¨¦sta s¨®lo aportar¨¢ la diferencia entre ambas. Si las otras ayudas son iguales o superiores a las de la Comunidad, la v¨ªctima no recibir¨¢ nada de las arcas regionales.

A diferencia de las ayudas estatales, que van m¨¢s dirigidas a paliar problemas de invalidez u orfandad, las auton¨®micas intentar¨¢n resarcir los da?os en bienes. No obstante, tambi¨¦n garantizan la atenci¨®n sanitaria y psicol¨®gica a las v¨ªctimas.

Otro de los aspectos, discutido por Izquierda Unida, es el de la concesi¨®n de becas de estudio, transporte, comedor y residencia a los hijos de las v¨ªctimas. La coalici¨®n present¨® una enmienda, que luego retir¨® en la votaci¨®n, alegando que esas ayudas no ten¨ªan sentido si la familia afectada dispone de suficientes ingresos tras el atentado.

Para establecer la cuant¨ªa de las ayudas materiales se tendr¨¢n en cuenta las circunstancias socio-econ¨®micas de sus destinatarios y tambi¨¦n las disponibilidades presupuestarias de la Comunidad. Se establece un m¨¢ximo de siete millones de pesetas por siniestro y solicitante. La Comunidad no costear¨¢ la reparaci¨®n de da?os en viviendas si ya la ha asumido el ayuntamiento de la zona afectada. Este es el caso del Consistorio de la capital, que suscribi¨® en 1995 un convenio con el Ministerio del Interior para hacerse cargo de los da?os en los pisos.

La petici¨®n de ayudas deber¨ªa presentarse antes de transcurrir dos meses a partir del hecho. El Gobierno regional deber¨ªa responder a la solicitud en tres meses. La ley entra en vigor a partir del pr¨®ximo 1 de enero.