El Tribunal Supremo se plantea sentar en el banquismo a m¨¢s de 30 acusados por el 'caso Filesa'

La Sala Segunda del Tribunal Supremo estudiar¨¢ el jueves la lista definitiva, de acusados que ser¨¢n juzgados por el caso Filesa, que investiga la presunta financiaci¨®n irregular del PSOE. El n¨²mero de acusados podr¨ªa superar los 30, con lo que se acercar¨ªa a los 36 imputados en su d¨ªa por el juez Marino Barbero. El auto podr¨ªa cuestionar las facultades del juez instructor, Enrique Bacigalupo, para limitar el juicio a los inculpados que reclaman las acusaciones y aplicar¨¢ la prescripci¨®n para los delitos electorales o falsedades en documento mercantil que afectan a algunos acusados.

Entre las personas que, seg¨²n la agencia Efe, ser¨¢n juzgadas por presunta financiaci¨®n irregualr del PSOE, se encuentran el ex secretario de finanzas del partido Guillermo Galeote; la ex coordinadora de finanzas Aida ?lvarez; y los gestores directos de Filesa, el senador Josep Maria Sala y el ex diputado del PSOE Carlos Navarro, as¨ª como Luis Oliver¨® y Alberto Flores.Respecto a los banqueros Emilio Ibarra, Jos¨¦ ?ngel S¨¢nchez Asia¨ªn, Alfonso Esc¨¢mez y Jos¨¦ Antonio S¨¢enz de Azc¨²naga, los jueces a¨²n tienen que decidir para qui¨¦nes han prescrito los delitos de falsedad en documento mercantil presunta mente cometidos, aunque pare ce improbable que se acaben sentando en el banquillo.

El auto que decretar¨¢ finalmente qui¨¦n se sienta en el baquillo podr¨ªa conocerse el pr¨®ximo viernes, seg¨²n fuentes de la Sala, y ser¨¢ firmado por el presidente, Jos¨¦ Augusto de Vega, y los magistrados Ram¨®n Montero y Luis Rom¨¢n Puerta. Los dos primeros han buscado la unanimidad a toda costa.

La lista final se confeccionar¨¢ partiendo del m¨¢ximo de 36 inculpados por el juez Barbero y enumerando los diversos delitos de los que se acusa a los inculpados por parte del Ministerio Fiscal, el Partido Popular, el empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos y el constructor Christian Jim¨¦nez. El segundo instructor del caso, Enrique Bacigalupo, encontr¨® indicios tan s¨®lo contra siete inculpados, mientras que la petici¨®n del fiscal se refer¨ªa a 26 personas.

A partir de ah¨ª, se ir¨¢n deduciendo los delitos a los que puedan alcanzar las prescricpciones. Con el nuevo C¨®digo Penal, el plazo de prescripci¨®n del delito de falsedad documental y del delito electoral se han reducido de cinco a tres a?os, pero hay que computar en qu¨¦ momento se interrumpi¨® la prescricpci¨®n, ya que no todos los acusados comparecieron al mismo tiempo.

Posible prescripci¨®n

La principal dificultad estriba en que el juez Marino Barbero, que abandon¨® la causa al final de la instrucci¨®n, hizo declarar a miembros del PSOE, empresarios y banqueros, primero como testigos y, despu¨¦s, en una segunda ronda, como imputados, El plazo de prescripci¨®n se interrumpe a partir de la imputaci¨®n, por lo que en general la prescripci¨®n beneficiar¨¢ en mayor medida a los ¨²ltimos que fueron citados como inculpados en el procedimiento.Las fuentes consultadas por Efe indicaron que el hecho de que se abra juicio oral para una treintena de acusados no implica que se dicte una sentencia condenatoria, ya que hay numerosos elementos en la instrucci¨®n del juez Barbero que podr¨ªan ser motivo de nulidad.

Esta nulidad, referida a los registros llevados a cabo por ese juez en bancos y empresas, se plantear¨¢ al principio del juicio oral, al igual que se hizo en el caso Naseiro, que instruy¨® precisamente Luis Rom¨¢n Puerta Luis, uno de los magistrados que juzgar¨¢n Filesa. De estimarse la nulidad de pruebas, el tribunal podr¨ªa decidir suspender el juicio o resolver sobre la nulidad en la misma sentencia.

El pasado enero, las partes recurrieron el auto del instructor Enrique Bacigalupo, al considerar que el magistrado pudo extralimtiarse en sus funciones, ya que, en opini¨®n del fiscal, es el acusador quien debe ponderar si podr¨¢ mantener sus imputaciones en el juicio.

Por otra parte, peritos de Hacienda ratificaron ayer ante la juez Teresa Chac¨®n, que investiga cuatro presuntas tramas de financiaci¨®n ilegal del PSOE desglosadas del caso Filesa, que la empresa Siemens pag¨® unos 1.000 millones por las obras del AVE a empresas de personas vinculadas al PSOE. La diligencia se inici¨® tras presentarse en el juzgado dos escritos que contradec¨ªan el informe pericial: uno ordenado por la actual direcci¨®n de Renfe a la empresa Typsa, en el que se reflejaba que los sobrecostes aceptados en las obras del AVE son "proporcionados"; y un segundo del ex director general de Infraestructura de Transportes Ferroviarios, Antonio Alcaide P¨¦rez, que busca demostrar su nula participaci¨®n.