El papel de cada cual

LOS 20 papeles del Cesid que hoy publica EL PA?S corresponden a la transcripci¨®n que de ellos hacen los jueces Garz¨®n (18), G¨®mez de Lia?o (1) y Justo Rodr¨ªguez (1) en los autos remitidos al Gobierno en su d¨ªa para pedir su desclasificaci¨®n. Son fruto de la requisa que practic¨® Garz¨®n en la celda que el coronel Perote ocupa en la prisi¨®n militar de Alcal¨¢ de Henares. Ignoramos si tales documentos son aut¨¦nticos o no, es decir, si corresponden fielmente a papeles elaborados por el servicio secreto espa?ol. Lo que s¨ª sabemos es que la petici¨®n de desclasificaci¨®n de los instructores se refiere a estos papeles concretos. La decisi¨®n est¨¢ en manos del Tribunal Supremo, que habr¨¢ de pronunciarse en breve.Al publicar estos papeles, ¨ªntegramente y de una vez, EL PA?S intenta, ante todo, acabar con cualquier pretensi¨®n de administrar a conveniencia la agenda pol¨ªtica mediante la difusi¨®n dosificada de informaciones o documentos comprometedores. El diario El Mundo public¨® ayer cinco de estos papeles y anunci¨® nuevas remesas para d¨ªas sucesivos. Pues bien, aqu¨ª est¨¢n todos. El "muy intenso trabajo de investigaci¨®n period¨ªstica" a que alud¨ªa ayer ese diario consiste en ser recipiendario de una filtraci¨®n. Que la fecha de difusi¨®n se elija en funci¨®n de otro sumario, el del caso Banesto, que ayer vivi¨® una jornada singular -sobre todo por haber sido imputado en el mismo Mariano G¨®mez de Lia?o, abogado y supuesto socio de Conde en sus operaciones-, es una sospecha no probada, pero en absoluto carente de fundamento. La evidencia de que otro abogado de Mario Conde intent¨® chantajear al Gobierno amenazando con la publicaci¨®n de informaciones supuestamente comprometedoras si no se cumpl¨ªan determinadas exigencias del ex banquero y la efectiva publicaci¨®n de algunas de esas informaciones, siempre en el mismo medio, avalan esa sospecha.

Al margen de ese aspecto, la publicaci¨®n de una primera entrega y el anuncio de la difusi¨®n por cap¨ªtulos del resto nos dispensa de cualquier reserva sobre el contenido. Eso de que la vida pol¨ªtica del pa¨ªs -y sus derivaciones judiciales- tenga que girar en tomo a las conveniencias o los caprichos de un medio de comunicaci¨®n nos parece estrafalario: una estrategia de la tensi¨®n en fasc¨ªculos. Si un peri¨®dico dispone de informaciones veraces (o al menos contrastadas) cuyo contenido es de inter¨¦s general, que las publique. Eso es lo decente. Lo otro, dosificar las informaciones con la pretensi¨®n de marcar el calendario, es utilizar el poder de la prensa para fines diferentes a los de la informaci¨®n.

Ante al caso GAL ha habido diversas actitudes. Algunas personas -pol¨ªticos y periodistas- pidieron combatir a ETA con todos los medios, sin excluir los de la guerra sucia, y diez a?os despu¨¦s denunciaron que les hubieran hecho caso. Otros estuvieron en contra de la guerra sucia antes, durante y despu¨¦s de que los GAL asesinaran a 27 personas; EL PAIS pertenece sin ning¨²n g¨¦nero de dudas a este segundo grupo. Cuando la escalada de cr¨ªmenes de ETA se doblaba con la de los GAL, lo denunciamos y hubo gobernantes que se querellaron por ello contra nosotros. Tras la resurrecci¨®n medi¨¢tica y judicial del caso GAL, a partir de diciembre de 1994, seguimos pidiendo el esclarecinminto de las responsabilidades que resultasen de los nuevos datos, pero nos negamos a seguir a quienes trataron de utilizar el asunto como arma de deslegitimaci¨®n del sistema.

El caso GAL est¨¢ en los tribunales. Ellos habr¨¢n de decidir si desclasifican o no los papeles del Cesid, que, desde luego, no son el ¨²nico elemento incriminatorio que aparece en el sumario. La mayor o menor fuerza probatoria de los mismos es una cuesti¨®n discutible que en todo caso corresponde dilucidar a los tribunales. Los jueces que investigan los sumarios principales del caso GAL los incluyeron en los autos y pidieron que se levantara el secreto por considerarlos decisivos. Los ciudadanos tendr¨¢n ocasi¨®n ahora de conocer su contenido. ?ntegramente y en su conjunto. Ojal¨¢ que los tribunales decidan zanjar cuanto antes este asunto, estableciendo las inesquivables responsabilidades penales de un episodio cuyo fantasma sigue envenenando. la convivencia de los espa?oles; y que al hacerlo acaben tambi¨¦n con los fantasmas que intentan utilizarlo para reescribir su propia biograf¨ªa.