El juez impone 200 millones de fianza al alcalde de Miraflores, que autoriz¨® un hiper en zona verde

La Fiscal¨ªa de Medio Ambiente ha pedido para Jos¨¦ Miguel Lorente, del PP, alcalde de Miraflores de la Sierra (3.100 habitantes), una pena de entre 6 meses y tres a?os por un delito de prevaricaci¨®n. El fiscal le acusa de haber permitido la construcci¨®n de un centro comercial y de una gasolinera en zona verde. De hecho, un juzgado de Colmenar Viejo ha admitido la querella de la fiscal¨ªa y ha ordenado la suspensi¨®n de las obras. El juez, en su auto, ha requerido una fianza de 200 millones "para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que en su d¨ªa se puedan acordar".

La querella criminal que la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente ha presentado en un juzgado de Colmenar Viejo no s¨®lo incrimina al alcalde, sino a varios responsables de las obras y de la sociedad an¨®nima que iba a gestionar el centro comercial, denominada Puerta de Miraflores. Esta gran superficie iba a tener 14.000 metros cuadrados, un supermercado y 35 tiendas.En su relato de los hechos, el fiscal se?ala: "A principio de este a?o, los denunciados procedieron a la ocupaci¨®n de una zona verde, Prado Gregorio, con una superficie de 5.500 metros cuadrados situada en el casco urbano de Miraflores. Esta parcela tiene la consideraci¨®n de espacio verde p¨²blico. Sin embargo, los denunciados acometieron la construcci¨®n del centro comercial, encontr¨¢ndose actualmente la edificaci¨®n en fase de levantamiento de planta a nivel de la calle".

Invadir la calle

El fiscal Emilio Valerio a?ade que los constructores ocuparon tambi¨¦n la adyacente calle del R¨ªo, que el centro comercial carece de todo tipo de autorizaciones de la Comunidad y que la gasolinera no cuenta con el permiso de la direcci¨®n regional de Carreteras.A pesar de todo ello, "el querellado Jos¨¦ Miguel Lorente ha procurado ileg¨ªtimamente eliminar cualquier tipo de impedimento legal o traba administrativa", se lee en la querella. "As¨ª, el 5 de julio de 1995 y preveyendo la alarma p¨²blica y la oposici¨®n de las superiores instancias urban¨ªsticas que se originar¨ªa al conocerse los verdaderos designios, concede a los responsables del proyecto una licencia de vaciado y explanaci¨®n de la zona, manifestando maliciosamente en contra de la realidad [que quer¨ªa construir un aparcamiento p¨²blico]", dice el fiscal.

La denuncia interpuesta por la fiscal¨ªa sigue con su relato de los hechos: "A partir de este ardid inicial, concertados todos los querellados para obtener lo il¨ªcitamente pretendido por la fuerza de los hechos, prosiguen todo el a?o 1996 y hasta la fecha, el desarrollo de la construcci¨®n emprendida, haciendo adem¨¢s caso omiso de los requerimientos personales que se le efectuar¨¢n por parte de los responsables regionales de disciplina urban¨ªstica".

Y contin¨²a: "Por el contrario, Lorente procede a modificar las normas subsidiarias con el fin de amparar lo il¨ªcitamente proyectado y en construcci¨®n.

En todo caso, parece que el ¨²nico efecto pr¨¢ctico de esta modificaci¨®n es pretender la alteraci¨®n urban¨ªstica de la citada parcela, de p¨²blico a privado, con alt¨ªsimos y nada habituales ¨ªndices de ocupaci¨®n y de edificabilidad. Dicha aprobaci¨®n, en el contexto que nos ocupa, pudiera ser constitutiva de una conducta penal prevaricadora".

Seg¨²n la fiscal¨ªa, los hechos relatados "constituyen un delito relativo a la ordenaci¨®n del territorio, un delito de prevaricaci¨®n y un delito de desobediencia, siendo autor de todos ellos el querellado Lorente".

Fuentes judiciales, indicaron ayer que los delitos de los que acusa el fiscal al alcalde, est¨¢n tipificados en los art¨ªculos 319, 320 y 410 del nuevo C¨®digo Penal. "Su aplicaci¨®n puede llevar de tres a?os a seis meses de prisi¨®n, multa de 12 a 24 meses e inhabilitaci¨®n especial", seg¨²n dijeron.

De hecho, el juzgado de Colmenar Viejo que ha admitido a tr¨¢mite la querella del fiscal ha ordenado a la Guardia Civil que paralice las obras y ha requerido adem¨¢s a los acusados 200 millones de fianza, "bajo apercibimiento de proceder al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir la citada suma o acordar en su caso la insolvencia".

Todo est¨¢ legalizado

Jos¨¦ Miguel Lorente, conocido popularmente como Ma¨ªto afirm¨® ayer no haber recibido la notificaci¨®n del juzgado y declin¨® hacer declaraciones hasta tenerla en su poder. Pero hace dos meses, cuando se le pregunt¨® por este asunto, dijo: "Todo est¨¢ legalizado. Cambiamos las normas y el asunto qued¨® arreglado. ?C¨®mo voy a hacer una actuaci¨®n de ese tipo en el centro urbano sino fuese del todo legal?".Sin embargo, en octubre, d¨ªas despu¨¦s de estas declaraciones, la Consejer¨ªa de Econom¨ªa -organismo encargado de conceder las autorizaciones definitivas para lasgrandes superficies- deneg¨® el permiso para la construcci¨®n de este centro comercial de Miraflores de la Sierra. La raz¨®n oficial que la Comunidad esgrimi¨® para rechazar la petici¨®n fue que el centro ten¨ªa "problemas administrativos".

No obstante, Carmen Caballero, directora regional de Comercio, reconoci¨® a EL PA?S que la licencia del centro comercial hab¨ªa quedado aparcada porque esta gran superficie iba a ser construida sobre una zona verde.