Justicia para la Audiencia Nacional

Acostumbrados como estamos a hablar y o¨ªr hablar de la administraci¨®n de justicia como "un semillero de problemas", ser¨¢ bueno comenzar por decir que hoy la justicia espa?ola tiene esencialmente uno. Un problema nuevo, de dimensiones hist¨®ricas, que la trasciende hasta convertirse en neur¨¢lgico y central para el Estado espa?ol como Estado de derecho.Me refiero a la criminalidad de matriz estatal y pol¨ªtica que ahora es objeto de tratamiento procesal, sin cuya consideraci¨®n no podr¨ªa entenderse nada de lo que ocurre estos d¨ªas, y cuyo an¨¢lisis arroja una luz inquietante sobre las razones de la pol¨ªtica la justicia del ¨²ltimo per¨ªodo.

La experiencia hist¨®rica y comparada brinda datos que ilustran sobre las dificultades de conducci¨®n de las causas llamadas pol¨ªticas, una de cuyas particularidades ha sido la propensi¨®n a experimentar en su seno pr¨¢cticas "de ruptura", dirigidas a desestabilizar el proceso y, en lo posible, el sistema; pero ruptura de fuera, debido al perfil extrainstitucional de los justicables.

La irrupci¨®n de los procesos, ya no pol¨ªticos, sino a pol¨ªticos del ¨¢rea de gobierno, aporta un plus de dificultad en dos planos. De un lado, est¨¢ la escasa funcionalidad de las estructuras judiciales para hacerse cargo de asuntos de tan perturbadora complejidad. Por otro -y aqu¨ª el ¨ªndice de dificultad se dispara-, las din¨¢micas de ruptura que los nuevos procesados y sus nutridos multidisciplinares equipos de apoyo suscitan tienen perfiles in¨¦ditos, puesto que ahora proceden del interior del sistema pol¨ªtico, cuando no de la propia institucionalidad estatal.

La experiencia ¨²ltima de nuestro pa¨ªs en la materia es demoledora. Primero, los delitos, lo mismo da si de m¨¢s o menos Estado, pero de Estado. Despu¨¦s, los usos reiterados del derecho de gracia complacientes (apolog¨¦ticos, en suma) con grav¨ªsimas formas de criminalidad; la apertura de la televisi¨®n estatal a pr¨¢cticas in¨¦ditas de deslegitimaci¨®n de las actuaciones judiciales a cargo de aIg¨²n imputado de excepci¨®n; el hermetismo o la generosidad en la administraci¨®n de informaci¨®n p¨²blica relevante, seg¨²n el proceso y los procesados; la exhibici¨®n

de criterios abiertamente diferenciados en las pautas del ministerio p¨²blico, dependiendo del caso; la trivializaci¨®n / justificaci¨®n de cr¨ªmenes sin disculpa posible con el objeto de generar consenso en tomo a los responsables mediante el envilecimiento de la opini¨®n; la siniestra utilizaci¨®n de una lista electoral como medio para desacreditar un procesamiento legalmente obligado; ciertas escandalosas propuestas de bananeras salidas de punto final o de soluciones en clave de una supuesta madurez democr¨¢tica, que de puro "madura" entrar¨ªa de lleno en el ¨¢mbito de la putrefacci¨®n...

Estas vicisitudes, desde sus profundas zonas de sombra proyectan, curiosamente, una luz que permite entender mejor que nunca algunos antecedentes pol¨ªtico-legislativos relativos a la justicia, sin cuya consideraci¨®n tampoco se entender¨ªa el presente estado de cosas.

Por una parte, se cuenta ya con las mejores razones para ver en la actual resistencia militante frente a la jurisdicci¨®n, insistentemente protagonizada por bien significados exponentes de la anterior mayor¨ªa pol¨ªtica, la otra cara de su tratamiento de la justicia durante m¨¢s, de un decenio, en el que la obsesi¨®n por el control pol¨ªtico corri¨® pareja con la falta de imaginaci¨®n t¨¦cnica. Las elocuentes actitudes de ahora son la verdadera exposici¨®n de motivos de muchas decisiones y omisiones de entonces, de no hace tanto, que han producido como resultado una jurisdicci¨®n mal dotada, cultural y t¨¦cnicamente, con serios problemas de eficiencia y, en consecuencia, vulnerable y d¨¦bil, sobre todo hoy frente a las aludidas estrategias de ruptura.

La Audiencia Nacional -sus juzgados de instrucci¨®n, sobre todo- es en este contexto un espacio paradigm¨¢tico. Desde una perspectiva ideal de articulaci¨®n territorial de la administraci¨®n de justicia, se aleja del principio del juez natural, que expresa, junto al prop¨®sito de que conozca siempre el juez del lugar de la cuesti¨®n justiciable, el criterio m¨¢s racional en la Administraci¨®n de un dato tan obvio como el de la leg¨ªtima diversidad de los jueces. En efecto, la Audiencia Nacional concentra lo que, por definici¨®n, tendr¨ªa que ser difuso. Y en este momento, por la calidad de los asuntos acumulados, produce distorsiones no deseables en la experiencia jurisdiccional: personaliza en exceso las actuaciones, sobredimensiona a los ¨®rganos afectados, provoca un plus de espectacularidad, perjudicial porque altera la percepci¨®n social del verdadero alcance de la respuesta judicial.

El resultado es tambi¨¦n un perfil de juez impropio, pero masivamente aceptado, todo hay que decirlo, cuando se trataba de combatir algunas formas de criminalidad convencional. Un perfil de juez tan aceptado que en momentos preelectorales, en uso de una quiz¨¢ leg¨ªtima pero, desde luego, poco legitimadora picaresca pol¨ªtica, lleg¨® a usarse como se?uelo y para vender un supuesto cambio de actitud frente a la (propia) corrupci¨®n. El mismo perfil -incluso el mismo juez- que ahora demonizan quienes primero trataron de rentabilizarle para su proyecto pol¨ªtico en declive.

Sobre los apuntados datos de matriz estructural-institucional pueden eventualmente incidir algunos rasgos de la personalidad de los titulares de tales ¨®rganos. Pero son an¨¦cdotas que pasar¨ªan desapercibidas fuera de ese contexto -que por la atenci¨®n concentrada de los media todo lo magnifica- y que, obviamente, preexist¨ªa a sus actuales operadores.

Por otra parte, y aceptando que en hip¨®tesis tuvieran raz¨®n -que no la tienen- quienes ahora tratan de hacer pasar la Audiencia Nacional como un aquelarre, puesto en lo peor y concedi¨¦ndoselo todo a los ret¨®ricos de la cat¨¢strofe: ?tendr¨¢ algo que ver, en gravedad y en trascendencia negativa, lo que se imputa a algunos jueces y fiscales con la org¨ªa de ilegalidades tan profusamente difundida como ya se sabe en algunos puntos nucleares del ¨¢mbito de la pol¨ªtica y del Ejecutivo? ?Importar¨ªa aquello si no fuera este otro el verdadero problema?, y ?qu¨¦ es lo que realmente importa: las actuaciones judiciales como tales o la inevitable carga de deslegitimaci¨®n pol¨ªtica que llevan consigo?

Pues bien, el protagonismo judicial, que -ahora- tanto irrita, dif¨ªcilmente habr¨ªa tenido posibilidades de existir donde no se hubieran dado tales precondiciones de grav¨ªsima degradaci¨®n de algunas pr¨¢cticas pol¨ªticas que es lo que genera espectacularidad. Tampoco el "Fuenteovejuna" de los fiscales; que, por cierto, no es ajeno a algunas ¨®rdenes de dif¨ªcil explicaci¨®n en t¨¦rminos de principios de legalidad e igualdad.

As¨ª las cosas, en un cap¨ªtulo de culpas menos visceral y menos sospechosa y sesgadamente vindicativo que el ahora en acto, adem¨¢s de reconocerse la calidad del est¨¢ndar de profesionalidad que prevalece en la justicia penal que se ejerce en la calle G¨¦nova (que, desde luego, no deber¨¢ que dar a salvo de la cr¨ªtica intelectualmente honesta), habr¨ªa que empezar por jerarquizar con rigor todos los problemas, trayendo a primer plano datos que habitualmente se ocultan. Tales son, entre otros, un dise?o de tribunales, que data en su versi¨®n actual de 1995, que naci¨® viejo y visiblemente inadecuado, y con alguna tacha de inconstitucionalidad. La aparatosa elusi¨®n de responsabilidades legislativas en el orden procesal penal, que hace que cuestiones como las intervenciones telef¨®nicas y otras de la mayor importancia para la persecuci¨®n de la m¨¢s grave delincuencia se encuentren -todav¨ªa hoy- pendientes de tratamiento o simplemente tratadas de una forma lamentable, que genera disfuncionalidades e inseguridad. La pobreza, en general, de los desarrollos constitucionales en materia de justicia, presididos por actitudes las m¨¢s de las veces instrumentales. De la misma instrumentalidad que aqu¨ª se denuncia.

La justicia espa?ola, incluida la Audiencia Nacional, tiene problemas. Muchos se deben a la orientaci¨®n reductiva de la pol¨ªtica judicial de estos a?os. Todos son relevantes, y m¨¢s los que gravan la existencia del ciudadano de a pie, en el que nunca -y menos ahora- se ha pensado lo suficiente. Pero aun as¨ª, y ni siquiera magnificados artificialmente, tales problemas privar¨ªan de un ¨¢pice de su legitimidad constitucional a procesos como el de los GAL y otros. Por cierto, ?habr¨¢ alg¨²n juez, real o hipot¨¦tico, que, siendo independiente, pudiera llegar a contar con el consenso de los imputados en ellos y de sus equipos de apoyo? Sobre esto no hay que enga?arse: acciones judiciales como ¨¦sas siempre har¨¢n brotar bajo las piedras a los reformadores de ocasi¨®n. De cada ocasi¨®n que pueda presentarse.