Las actas arrojadizas

El esc¨¢ndalo de los 600 expedientes de Hacienda que podr¨ªan quedar prescritos es una operaci¨®n en la que se entremezclan deliberadamente intereses pol¨ªticos, cuestiones t¨¦cnicas y negligencias administrativas. Rato y Costa acusaron a los ex responsables pol¨ªticos de la administraci¨®n tributaria de los retrasos de m¨¢s de seis meses en la entrega de las actas de liquidaci¨®n de esos expedientes. El PSOE, seg¨²n el PP, hizo una maniobra dilatoria para ayudar a sus amigos. Acto seguido, populismo obliga, Costa eximi¨® de responsabilidad a los funcionarios de Hacienda.?Pod¨ªa una presunta trampa como la denunciada ser ejecutada por los responsables pol¨ªticos sin la colaboraci¨®n de los funcionarios? Los hechos dan la respuesta. Una vez que termina la inspecci¨®n a cualquier contribuyente, el inspector le entrega a este ¨²ltimo el acta de inspecci¨®n. Si el contribuyente no est¨¢ de acuerdo, el inspector jefe, con la colaboraci¨®n de la llamada Oficina T¨¦cnica, debe elaborar y entregar el acta de liquidaci¨®n definitiva. El inspector jefe es el responsable de elaborarla y decide su contenido y el momento de la entrega.

Si se sigue el razonamiento del Gobierno hasta el final, los antiguos responsables pol¨ªticos de Hacienda habr¨ªan torcido la voluntad de un gran n¨²mero de inspectores jefes, funcionarios, para conseguir que las actas de liquidaci¨®n se entregaran tras m¨¢s de seis meses. Costa podr¨ªa explayarse comentando, por ejemplo, los bald¨ªos esfuerzos pol¨ªticos para retrasar la entrega de las actas sobre derechos de imagen al Real Madrid y al Barca.

Hacienda no ha sido, en determinados aspectos, un modelo de eficacia y celeridad. Por ello, Hacienda deber¨ªa informar sobre cu¨¢ntas actas de liquidaci¨®n se entregaron, hasta 1995, m¨¢s de seis meses despu¨¦s de terminada la inspecci¨®n. Salvo que muchos inspectores mientan, todo indica que la mayor¨ªa rebasaban ese plazo. Se trata de miles de casos que afectan a todo tipo de contribuyentes. ?Por qu¨¦ el inter¨¦s en circunscribir el esc¨¢ndalo a los 600 aflorados? La gesti¨®n de Hacienda fue descuidada o negligente, especialmente desde 1992, momento en que el alto tribunal de Arag¨®n, dict¨® una de las primeras sentencias contra Hacienda.

Esfuerzo especial

No es menos cierto, y los inspectores tienen la palabra, que desde ese momento, y m¨¢s a¨²n tras una sentencia similar de la Audiencia Nacional de finales de 1994, se hizo un esfuerzo especial para reducir plazos. A esas alturas, en Hacienda todo el mundo asumi¨® que la prescripci¨®n a los seis meses se impondr¨ªa.Costa tambi¨¦n corri¨® demasiado al asegurar que Hacienda perder¨¢ 200.000 millones. Seg¨²n se deduce de sus razonamientos, el ¨²nico obst¨¢culo para cobrar ese dinero era el de la prescripci¨®n. Tambi¨¦n aqu¨ª se omite el hecho relevante: la mayor¨ªa de esos 600 expedientes han sido recurridos por el contenido de lasactas, es decir el fondo, y no s¨®lo por los plazos de entrega.

Un ejemplo es el de las primas ¨²nicas. La inspecci¨®n comenz¨® a finales de los ochenta. En el caso de La Caixa, una de las primeras en las que desembarc¨® la inspecci¨®n y a la que se le entreg¨® actas de liquidaci¨®n, la labor se prolong¨® hasta 1992. En sus discusiones con Hacienda, La Caixa exhibi¨® autorizaciones de Seguros y Tributos para la venta de seguros de prima ¨²nica. Hacienda encarg¨® dict¨¢menes para conocer sus posibilidades legales. La entrega de las actas de liquidaci¨®n, a La Caixa y las otras entidades, iba sufriendo demoras constantes. Finalmente, en octubre de 1994, La Caixa recibi¨® las actas de liquidaci¨®n pendientes. Eso fue en octubre de 1994. La Audiencia no se pronunci¨® hasta un mes despu¨¦s. Y el Supremo lo hizo en febrero de 1996. Si hubo dilaci¨®n intencionada en la entrega, el que la dise?¨® deb¨ªa ser todo un vidente. Lo mismo ha ocurrido ahora con los 600 expedientes utilizados como arma pol¨ªtica.