"Una vuelta al Estado policial", seg¨²n Derechos Humanos

El contenido que aparece en la circular sobre Captaci¨®n de datos de inter¨¦s para la seguridad ciudadana ha producido preo cupaci¨®n y alarma en los juristas consultados. Con especial contundencia, el magistrado Ram¨®n S¨¢ez Valc¨¢rcel, presidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a (APDHE), evalu¨® el documento como "una vuelta al Estado policial".S¨¢ez se?al¨® que "esa recogida de datos de fuentes an¨®nimas, no verificados ni contrastados, crea un clima de sospecha sobre todos los ciudadanos y se mueve en una l¨®gica que no es la del Estado democr¨¢tico de derecho, en el que unos profesionales, sometidos a la ley, investigan los delitos". S¨¢ez evalu¨® la circular como "una confusi¨®n de espacios p¨²blicos y privados, que afecta al derecho a la intimidad".

Especialmente grave consider¨® S¨¢ez la utilizaci¨®n inform¨¢tica de la informaci¨®n recogida. "No se pueden hacer bases de datos policiales sobre chismes, confidencias o datos incalificables, porque eso es volver a esa polic¨ªa de un sistema que no respetaba los l¨ªmites que implicaban el respeto a los derechos fundamentales".

Falta de garant¨ªas

No fue posible localizar anoche al director de la Agencia de Protecci¨®n de Datos, Juan Mart¨ªn Casallo, que suele ser especialmente sensible a este tipo de actuaciones, sobre todo dada la falta de garant¨ªas de utilizaci¨®n correcta de los datos personales de los ciudadanos.

Magistrados y fiscales del Tribunal Supremo, que no quisieron ser identificados, expresaron su "preocupaci¨®n" por los peligros que la circular representa para el Estado democr¨¢tico. Ante la lectura del p¨¢rrafo de la circular seg¨²n el cual existir¨¢n "noticias sobre las que en su inicio no se podr¨¢n llevar a cabo valoraciones aprior¨ªsticas, pero tal posibilidad no anula en ning¨²n caso el hecho de su comunicaci¨®n al ¨¢rea a la que se atribuya la competencia de su conocimiento y explotaci¨®n", uno de estos juristas manifest¨® su "alarma ante el "control total al que van a estar sometidos los ciudadanos, sobre todo los de vida irregular".

La captaci¨®n de noticias sobre vecinos cuyo "comportamiento o espera prolongada" llame la atenci¨®n o porque lleguen tarde a su casa convierten a la ciudadan¨ªa, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, en vigilada permanente.

En diciembre de 1994, la entonces viceministra de Interior Margarita Robles se comprometi¨® en el Congreso a "actuar con toda contundencia" para adecuar a la legalidad el centenar de ficheros inform¨¢ticos de la polic¨ªa y la Guardia Civil, eliminando los datos sobre raza, salud, sexualidad, aficiones o estilo de vida de los ciudadanos.