El Gobierno vulnera la Constituci¨®n para frenar a Canal Sat¨¦lite, seg¨²n los expertos

El decreto-ley dictado por el Gobierno sobre la transmisi¨®n de se?ales de televisi¨®n vulnera la Constituci¨®n, tanto por razones de forma como de fondo, seg¨²n los expertos consultados por este peri¨®dico, quienes consideran que las prisas mostradas ahora por el Ejecutivo muestran un objetivo de frenar a Canal Sat¨¦lite. Los constitucionalistas estiman que el derecho fundamental a comunicar informaci¨®n exige su regulaci¨®n por ley votada en el Parlamento.

, El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Diego L¨®pez Garrido, m¨¢ximo dirigente de Nueva Izquierda, favorable a la regulaci¨®n de la televisi¨®n por sat¨¦lite y digital, advierte que "el ¨²nico inter¨¦s del Gobierno por acometer tal regulaci¨®n se produce cuando se le estropea su plataforma y como medio de hostigar a Canal Sat¨¦lite". L¨®pez Garrido critica tanto al Gobierno del PP como al del PSOE por no haber traspuesto la directiva europea sobre esta materia de noviembre de 1995 antes de septiembre de 1996, como era obligado, ya que el plazo era de nueve meses.L¨®pez Garrido describe que una vez que Antena 3 TV "llega al acuerdo de Nochebuena con Canal +, al Gobierno le entra una prisa tremenda, actitud claramente hostil hacia el grupo que le lleva la delantera".

Este constitucionalista considera que la f¨®rmula del decreto-ley no es aplicable en este caso y que el Gobierno debi¨® enviar un proyecto de ley al Parlamento. Aduce el art¨ªculo 86 de la Constituci¨®n, que excluye de la regulaci¨®n por decretos-leyes "los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el T¨ªtulo I", entre ellos el derecho a comunicar-informaci¨®n del art¨ªculo 20.

Caso "extraordinario"

Pero, adem¨¢s, recuerda que la Constituci¨®n s¨®lo permite decretos-leyes "en caso de extraordinaria y urgente necesidad". Admite que "para el Gobierno la necesidad era urgente, una vez que iba a salir al mercado Canal Sat¨¦lite, pero tal necesidad no era extraordinaria". L¨®pez Garrido recuerda que el Tribunal Constitucional "interpreta como necesidad extraordinaria la no previsible o que surge inopinadamente, cosa que no ocurr¨ªa por la existencia de la directiva".

En cuanto al contenido del decreto-ley, L¨®pez Garrido considera que "parece excesiva" la elevaci¨®n del IVA del 7% al 16 %, correspondiente a consumos de lujo, "sobre todo teniendo en cuenta que quien lo paga no es la empresa, sino el usuario, al que el Gobierno dec¨ªa querer proteger". Se?ala que, adem¨¢s, "no deben establecerse tipos impositivos por decreto-ley, sino por ley".

Otro catedr¨¢tico de Derecho Constitucional, Juan Jos¨¦ Soloz¨¢bal, estima que "el derecho fundamental a la libertad de expresi¨®n deja poco margen al Estado, sobre todo cuando, como en este caso, la intervenci¨®n ordenancista que hace el Gobierno lo impide, obstaculiza, retrasa o pone en cuesti¨®n". Reconoce que la directiva europea debe trasponerse, "pero no contra la Constituci¨®n".

Riesgo para la libertad

Soloz¨¢bal cree que "con tantas prohibiciones de opciones se est¨¢ impidiendo el libre desarrollo de una empresa y el ejercicio de la libertad". Adem¨¢s, coincide con la mayor¨ªa de los juristas consultados en que los derechos fundamentales no pueden regularse por decreto-ley. Para Soloz¨¢bal "ni siquiera por ley puede entrarse en tal detallismo, ya que trat¨¢ndose de derechos de libertad, el Estado debe intervenir lo menos posible, por el riesgo de negar, en este caso la libertad de expresi¨®n y la de empresa".

Manuel N¨²?ez Encabo, catedr¨¢tico de Ciencias Jur¨ªdicas, cree que sobre la televisi¨®n digital, "cuesti¨®n no s¨®lo empresarial, sino tambi¨¦n pol¨ªtica, el Gobierno ha reaccionado tarde y mal, sin consultar previamente con los interesados y sin llevar las propuestas de armonizaci¨®n al Parlamento". Califica de "absurdo" el decreto-ley, ya que "el Gobierno, que se dice liberal, se implica intervencionista y unilateralmente como juez y parte, ya que est¨¢ en una de las plataformas".