Garz¨®n pide datos a Hacienda sobre los 200.000 millones para decidir si hay delito

El juez Baltasar Garz¨®n se dirigi¨® ayer a la Agencia Tributaria para recabar los antecedentes y documentaci¨®n que justifiquen la posible existencia de delitos, respecto al supuesto fraude fiscal de los 200.000 millones de pesetas que el Gobierno considera que ha prescrito. La petici¨®n de datos tiene un car¨¢cter global, con el fin le que el magistrado pueda determinar si los hechos revisten caracter¨ªsticas de delito o no y, en uso afirmativo, si el delito es competencia de la Audiencia Nacional o de otros juzgados.

, Hacienda advirti¨® ayer que colaborar¨¢ con el juez y entregar¨¢ la lista de los presuntos defraudadores, si el magistrado la reclama, pues as¨ª lo establece el art¨ªculo 113 de la ley General Tributaria. Pero Garz¨®n no ha pedido lista alguna ni datos puntuales sino, de forma general, los datos y antecedentes en los que se ha basado Hacienda para afirmar que ha habido un fraude fiscal de 200.000 millones. El juez no especifica los datos que quiere recibir, sino que deja a criterio de la Agencia Tributaria que le env¨ªe el informe que pres¨²miblemente se elabor¨® para decir luego que hubo un fraude de esas caracter¨ªsticas o los datos brutos que luego sirvieron para elaborar el dictamen.Denuncia de Ruiz-Mateos

La petici¨®n de Garz¨®n es consecuencia de una denuncia presentada la semana pasada por el pol¨¦mico financiero Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, cuando estaba de guardia el juez Javier G¨®mez de Lia?o. La denuncia pas¨® a reparto y le correspondi¨® a Garz¨®n, que antes de admitirla ha decidido pedir a Hacienda que la aporte los datos necesarios para que pueda determinar la competencia y la "naturaleza jur¨ªdico penal de los hechos", es decir si el supuesto fraude al fisco por las primas ¨²nicas era constitutivo de delito o no, y en caso de serlo, si es competencia de los juzgados de la Audiencia Nacional o de otros juzgados.

Los hechos denunciados, seg¨²n el relato del escrito de Ruiz-Mateos, podr¨ªan constituir varios delitos, por lo que Garz¨®n no lo ha rechazado de plano, pero antes de admitirlo ha pedido datos en los que pueda basarse para un pronunciamiento que podr¨ªa ser: archivo por no existir delito, delitos competencia de la Audiencia Nacional, o delitos competencia de otros juzgados. El magistrado ha pedido a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que emita un informe sobre estos extremos y sobre si quiere pedir diligencias para esclarecer alg¨²n extremo.

La denuncia se refiere a la prescripci¨®n de 600 expedientes, que seg¨²n Hacienda, provocaron una p¨¦rdida al fisco de 200.000 millones. Sin embargo, fuentes jur¨ªdicas aseguraron a este peri¨®dico que Garz¨®n no se plantea investigar la posible negligencia de los inspectores fiscales o de sus responsables en relaci¨®n con la posible prescripci¨®n de los hechos, sino si hubo fraude fiscal u otros delitos, como malversaci¨®n para alterar el precio de las cosas. Y s¨®lo en caso de que hubiera habido delito y se hubiera dejado prescribir, la actuaci¨®n de los responsables de la inacci¨®n se entender¨ªa como un delito conexo, del que por el momento no existe constancia, seg¨²n las citadas fuentes.

Cinco delitos

Por otro lado, Marcos Garc¨ªa Montes, abogado de Ruiz-Mateos, anunci¨® ayer la presentaci¨®n de una querella criminal que ampliar¨¢ la denuncia ya formulada. Esta querella se presentar¨¢ por delito fiscal, prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, falsedad, y maquinaci¨®n para alterar el precio de las cosas. El relato de hechos de la querella reproduce ¨ªntegramente la narraci¨®n que figura en el escrito de denuncia.

Como querellados figuran la ex directora general de la Agencia Tributar¨ªa Juana Mar¨ªa L¨¢zaro Ruiz, el ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Mart¨ªnez Robles y el ex jefe del Departamento de Inspecci¨®n Financiera y Tributaria Luis L¨®pez Ib¨¢nez. Ruiz-Mateos propone como prueba que declaren Abelardo Delgado, responsable del informe de la Agencia Tributaria, y los tres querellados.

Ruiz-Mateos pretende ejercer la acci¨®n popular, como ya ejerce en numerosos procedimientos, como el caso Filesa, los fondos reservados, las escuchas del Cesid, el caso Rold¨¢n, Ibercorp, o los papeles de Laos.