Relaci¨®n de presuntas infracciones

, La segunda denuncia, una queja ante las direcciones generales de Mercado Interior, Telecomunicaciones e Industria, desgrana una relaci¨®n de presuntas infracciones de la legalidad comunitaria por parte del Gobierno. En consecuencia, Canal Sat¨¦lite solicita a la Comisi¨®n que "frene su aplicaci¨®n" indic¨® su portavoz. Y le pide que lo haga "con urgencia", para neutralizar sus autom¨¢ticos efectos nocivos, equilibrando as¨ª la urgencia "sin parang¨®n en la historia legislativa espa?ola" con que se han activado ambas normas. Los puntos negros de las mismas son, alega el escrito:

HOMOLOGACI?N de descodificadores. La nueva normativa espa?ola exige una homologaci¨®n nacional para los descodificadores -aunque no se la mencione por ese nombre, reconoce el canal privado, las verificaciones y exigencias registrales configuran una homologaci¨®n adicional de hecho -que ya est¨¢n fabricados de acuerdo con la normativa europea. [Trasposici¨®n incorrecta de la directiva 95/47 sobre se?ales de televisi¨®n digital.]

BARRERA COMERCIAL. Las nuevas exigencias constituyen un obst¨¢culo a la comercializaci¨®n en Espa?a de descodificadores producidos y comercializados legalmente en otros Estados miembros de la UE [Infracci¨®n al art¨ªculo 30 del Tratado, que proh¨ªbe las restricciones cuantitativas a la importaci¨®n y las medidas de efecto equivalente.]

TARIFAS Y PRECIOS. Se denuncian la facultad gubernativa de fijar las tarifas por el uso de los descodificadores y la exigencia de que esa tarifa sea a precio de coste, como contrarias a la liberalizaci¨®n del mercado de telecomunicaciones.

INAPLICABILIDAD. Como el Gobierno no notific¨® a Bruselas los decretos en su fase de proyecto con una antelaci¨®n de tres meses, ser¨ªan inaplicables en virtud de la directiva 83/189, que as¨ª lo ordena. El Ministerio de Fomento ha defendido que "no es necesaria la notificaci¨®n". Hay ya jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo que avalar¨ªa la primera posici¨®n.

SERVICIOS LIBRES. Canal Sat¨¦lite emite desde Luxemburgo. Exigirle en Espa?a una autorizaci¨®n para hacerlo vulnerar¨ªa el art¨ªculo 59 del Tratado, que rechaza las "restricciones a la libre prestaci¨®n de servicios dentro de la Comunidad".