Asalto a la justicia

Pocas horas despu¨¦s de la explosi¨®n de un coche bomba en Granada, que caus¨® un muerto y ocho heridos, ETA asesinaba en Madrid al magistrado del Supremo Rafael Mart¨ªnez Emperador, crimen que trata de amedrentar a los miembros del alto tribunal que se ocupan actualmente de varios sumarios relacionados con el terrorismo. La Sala Segunda ha citado a los 25 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna para tomarles declaraci¨®n sobre un delito de colaboraci¨®n con banda armada; esa misma Sala de lo Penal celebrar¨¢ pr¨®ximamente un juicio oral para establecer las responsabilidades de antiguos altos cargos del Ministerio del Interior en una operaci¨®n de guerra sucia contra ETA. Tambi¨¦n la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo deber¨¢ pronunciarse sobre demandas interpuestas por familiares de presuntos terroristas asesinados.La Sala Tercera del Supremo cotejar¨¢ hoy mismo en secreto los originales de los papeles del Cesid, reclamados por dos jueces de la Audiencia Nacional y otro instructor de San Sebasti¨¢n, a fin de comprobar si coinciden o no con las copias robadas en su d¨ªa por el coronel Perote y publicadas m¨¢s tarde por el diario El Mundo como instrumento del chantaje con que Mario Conde pretendi¨® extorsionar al Estado 14.000 millones y salir indemne de su proceso ante los tribunales penales. En el supuesto de que ese examen confirmase la autenticidad de las copias, los 33 magistrados tendr¨ªan que resolver primero si los documentos originales afectan a la seguridad nacional y decidir despu¨¦s si deben ser desclasificados como secretos para ser incorporados como prueba a esos tres sumarios, que implican a polic¨ªas, altos cargos socialistas, mandos militares y miembros de la Guardia Civil en la guerra sucia contra ETA.

Tanto al recordar esos procesos en curso como al exigir una investigaci¨®n judicial del ahorcamiento de un presunto etarra (atado de pies y manos) en su celda de Alcal¨¢-Meco es preciso subrayar que los magistrados espa?oles han probado sobradamente su independencia al perseguir tambi¨¦n las violaciones de derechos humanos perpetradas en nombre de la raz¨®n de Estado por funcionarios policiales, mandos militares y cargos p¨²blicos. La reforzada protecci¨®n judicial de los derechos humanos en Espa?a, garantizada por la Constituci¨®n y por la Ley de Protecci¨®n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, resulta excepcional si se la compara no s¨®lo con nuestro pasado, sino tambi¨¦n con otras democracias europeas.

Steven Lukes, un prestigioso catedr¨¢tico brit¨¢nico de teor¨ªa pol¨ªtica y social, ha seguido el ejemplo de algunos fil¨®sofos que escribieron novelas no tanto para alcanzar la excelencia en el g¨¦nero narrativo como para difundir sus ideas m¨¢s all¨¢ de los c¨ªrculos acad¨¦micos. El viaje del profesor Caritat (Tusquets, 1997), subtitulada Las desventuras de la raz¨®n, es "una comedia filos¨®fica" que relata el peregrinaje de un sabio especialista en el Siglo de las Luces y las teor¨ªas del progreso (su apellido es un homenaje al marqu¨¦s de Condorcet) en busca del mejor de los mundos posibles.

Nicholas Caritat, huido de Militaria (un brutal r¨¦gimen autoritario), visita Utilitaria (inspirada en las ense?anzas de Jeremy Bentham), Comunitaria (apoteosis del multiculturalismo) y Libertas (un para¨ªso de las privatizaciones gobernado por una dama parecida a Margaret Thatcher); hasta Marx y Engels le ense?an una imaginaria Proletaria (sin clases y sin Estado) en el duermevela de un sue?o. Ese periplo revela que la situaci¨®n de los derechos humanos es desoladora por doquier: son perseguidos a sangre y fuego en Militaria, est¨¢n considerados como "peligrosos disparates" en Utilitaria, quedan subordinados a las identidades ¨¦tnicas en Comunitaria y carecen de vigencia universal en Libertas. Cabe suponer que el profesor Caritat descubrir¨ªa conculcaciones pr¨¢cticas de los derechos fundamentales en Espa?a, pero tambi¨¦n dar¨ªa testimonio de la capacidad y la voluntad de los jueces para ampararlos.