El verdadero debate

EL CONGRESO de los Diputados convalido el jueves un, decreto ley sobre la televisi¨®n digital cuya constitucionalidad ser¨¢ dictaminada por el ¨®rgano competente: el Tribunal Constitucional. El partido socialista ha anunciado la presentaci¨®n de un recurso porque dicha norma entra en el ¨¢mbito de la libertad de informaci¨®n, que, como derecho fundamental, no puede ser regulado mediante decreto-ley. Conviene no equivocarse sobre el alcance de este debate parlamentario: por encima de las plataformas digitales y los descodificadores planea una estrategia bien definida del Gobierno para crear un grupo de comunicaci¨®n af¨ªn a sus intereses pol¨ªticos.Colaboradores directos de Aznar adjudicaron hace tiempo, no sabemos sobre qu¨¦ bases emp¨ªricas, su derrota electoral de 1993 y su escasa ventaja en 1996 a la influencia de este peri¨®dico y, en general, de los medios vinculados al Grupo PRISA. Ese mensaje lo han hecho llegar en m¨²ltiples ocasiones y por innumerables conductos. Siempre nos ha parecido desmesurada esta apreciaci¨®n, que encierra un halago en t¨¦rminos de influencia, por cuanto la experiencia revela que los resultados electorales tienen m¨¢s que ver con los propios Pol¨ªticos que con la prensa. En la c¨²pula del Partido Popular germin¨® la idea de que para garantizar su permanencia en el poder necesitaba, entre otras cosas, limitar la influencia supuestamente negativa del Grupo PRISA para sus intereses pol¨ªticos y contar con un respaldo medi¨¢tico alternativo.

?ste es el trasfondo ¨²ltimo del debate que se celebr¨® el pasado jueves en el Congreso a prop¨®sito de la televisi¨®n digital. Los grandes principios que esgrime el Gobierno son apenas el disfraz de una estrategia intervencionista en el sector de los medios para erosionar a los d¨ªscolos y favorecer a los amigos. Han sido los medios adictos del Gobierno los que se han encargado de delatar esta operaci¨®n. Nada nuevo bajo el sol. Ya lo hizo el presidente Dato hace casi ochenta a?os. Jos¨¦ Ortega y Gasset denunci¨® desde las p¨¢ginas de El Sol aquel otro decretazo que pretend¨ªa ''hacer del Estado un percher¨®n que se ponga a arrastrar vetustas carretas particulares" para subirse a ellas el Ejecutivo. Hoy, igual que entonces, en nombre del inter¨¦s general, se aprueban leyes que llevan, apenas velados, nombres y apellidos de aquellos a quienes se -quiere favorecer y a los que se pretende castigar.

No le falta raz¨®n al ministro, de Fomento cuando afirma que el decreto-ley convalidado favorece la competencia. Pero no, como pretende Arias Salgado, la "libre" competencia. Su objetivo primario es frenar a una empresa para favorecer a otra que promueve y controla el Gobierno bajo el liderazgo de Telef¨®nica, una sociedad cuyo presidente debe el cargo a su amistad con Aznar. Apl¨ªquese Arias sus propias palabras del jueves en el hemiciclo: "Nadie, ning¨²n Gobierno en la historia de la democracia espa?ola, se ha atrevido a poner un monopolio p¨²blico a disposici¨®n de los intereses de un grupo privado". Nadie, hasta ahora. El Gobierno sigue sin explicar su objetivo, su urgencia, la raz¨®n de sus socios y sus permanentes cambios de humor.

Algunos de los que han votado a su favor en el Congreso saben que han quebrado un principio democr¨¢tico al aprobar, en aras de la estabilidad pol¨ªtica, un texto de dudosa legalidad. Varios de los portavoces que se subieron a la tribuna se vieron obligados a excusar su voto afirmativo con el argumento de que su posterior tramitaci¨®n como proyecto de ley permitir¨¢ corregir art¨ªculos que posiblemente contravienen normas europeas. Esta decisi¨®n hace que las disposiciones que han entrado as¨ª en vigor adquieran un car¨¢cter Transitorio, de normativa llamada a ser sustituida.

Resultar¨ªa conveniente que el Parlamento tramite el proyecto de ley por el procedimiento de urgencia y que en el proceso se eliminen los aspectos indeseables, arbitristas e imposibles que tiene el texto presentado por el Ejecutivo.

En el clima enrarecido en que se produjo el debate result¨® preocupante, como s¨ªntoma, la ins¨®lita intervenci¨®n del representante del PNV, Gonz¨¢lez de Txabarri. Este diputado arremeti¨® desde la tribuna parlamentaria contra el Grupo PRISA, al que acus¨® de haber "generado, activado y dirigido una caza de brujas contra el nacionalismo vasco, y el PNV en particular, en los ¨²ltimos meses". No nos reconocemos en absoluto en el retrato que hizo de nosotros. Utilizar el Parlamento para ajustar cuentas con los medios que se han atrevido a criticar la pol¨ªtica de un partido encierra un prop¨®sito intimidatorio preocupante. Ya hay bastantes intentos de amedrentamiento de los informadores del Pa¨ªs Vasco o que escriben sobre sus problemas como para que un partido democr¨¢tico como el PNV se sume al coro.

Txabarri subray¨® que las posiciones que sostiene su partido son perfectamente defendibles en democracia, pese a lo cual son, en ocasiones, objeto de cr¨ªticas beligerantes por parte de los medios del Grupo PRISA. Que algo sea defendible implica que es tambi¨¦n criticable. Precisamente porque el PNV es un centenario partido democr¨¢tico estar¨¢ de acuerdo en que el derecho que les asiste a defender sus posturas es el mismo que permite. a otros criticarlas. Articular el Pa¨ªs Vasco sin el Partido Nacionalista Vasco ser¨ªa inviable. De ah¨ª que sus pronunciamientos deban ser analizados con especial atenci¨®n. As¨ª ocurre con todos los partidos sobre los que recae la gobernaci¨®n de un territorio. Es lo que ha hecho y seguir¨¢ haciendo EL PA?S. No hay caza de brujas, s¨®lo el ejercicio de la libertad de expresi¨®n, sin la cual no puede haber democracia.