Barcelona recauda el 10% del dinero reclamado cada a?o por denuncias

La Guardia Urbana de Barcelona impone una media de 3.200 multas de tr¨¢fico cada d¨ªa (1. 189.500 al a?o). El 71 % de estas sanciones se corresponde a estacionamientos ilegales. El cobro efectivo de las sanciones al final de a?o apenas llega al 10% del volumen de dinero reclamado, seg¨²n ha puesto de manifiesto el ¨²ltimo informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, correspondiente al a?o 1994. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que, despu¨¦s de unas tramitaciones que pueden prolongarse durante cuatro o cinco a?os, es cobrado el 40% del total de multas impuestas.El cobro de las denuncias se enfrenta a serios problemas, y ni siquiera la bonificaci¨®n del 50% que el Ayuntamiento catal¨¢n concede por pronto pago sirve para invertir esta tendencia: s¨®lo el 20% de los infractores paga durante el periodo voluntario. Todos los dem¨¢s acaban en la v¨ªa ejecutiva. El problema, para el Ayuntamiento, es que la ejecuci¨®n de los embargos es harto dif¨ªcil y la mayor¨ªa se escapa. De hecho, los presupuestos municipales incluyen cada a?o una provisi¨®n de fondos equivalente al 80% del dinero que est¨¢ previsto cobrar por este concepto para cubrir los impagos.Coches forasteros

El principal problema al que se enfrentan los responsables municipales en materia de circulaci¨®n en Barcelona (90 kil¨®metros cuadrados de t¨¦rmino municipal y una gran ¨¢rea metropolitana alrededor) es el elevado n¨²mero de veh¨ªculos que circulan diariamente por el casco urbano sin estar censados en la ciudad.

Barcelona tiene oficialmente un parque automovil¨ªstico de 1.023.306 veh¨ªculos (711.878 son turismos). Cada d¨ªa entran 474.500 coches de fuera que pretenden encontrar aparcamiento gratis. Resultado: el 40% de los multas son de veh¨ªculos censados en otras poblaciones, lo que les permite evitar pagar la multa.

En 1995, Barcelona y algunas de las principales ciudades de la provincia acordaron encargar a la Diputaci¨®n el cobro de las multas de los conductores censados fuera de sus respectivos t¨¦rminos municipales. Pero las lagunas legales y las trabas impuestas por las entidades de ahorro para embargar las cuentas de los infractores hicieron que la corporaci¨®n provincial acabara desistiendo.

A finales del a?o pasado, el Ayuntamiento decidi¨® concentrar sus esfuerzos en perseguir a los infractores recalcitrantes -alguno de los cuales debe hasta 1,8 millones de pesetas en multas- y, tras agotar todos los pasos legales previstos en la legislaci¨®n actual, intentar embargar el coche. La medida es a¨²n demasiado reciente para conocer su efectividad.