Un pelda?o m¨¢s

HACE POCO m¨¢s de un mes este peri¨®dicopublico una amplia informaci¨®n bajo el t¨ªtulo Objetivo: acabar con Polanco.En ella se desvelaba la operaci¨®n de acoso y derribo que el Gobierno hab¨ªa emprendido a prop¨®sito de la plataforma digital contra el Grupo PRISA, con EL PA?S como objetivo final. Para evitar cualquier contaminaci¨®n paranoica, contamos esa trama utilizando casi exclusivamente el material publicado por un peri¨®dico de Madrid que se ha sumado con tanta euforia a la operaci¨®n que ya no se distingue bien si es el que traza la estrategia o el que la narra. Nuestro intento de objetivar el caso recibi¨® no pocas cr¨ªticas. Algunas, interesadas, de los propios conjurados, estaban descontadas. Otras, de lectores nuestros,acostumbrados a pensar por cuenta propia, nos han preocupado y han dado pie a intensos debates entres los periodistas que hacemos este diario con independencia profesional desde hace 20 a?os. Lamentablemente, los acontecimientos de esta semana han venido a refrendar lo que entonces dijimos.Pasa a la p¨¢gina 12

Viene de la primera p¨¢gina

En los seis ¨²ltimos d¨ªas han ocurrido los siguientes hechos:

1. El director de la revista ?poca present¨® el lunes en la Audiencia Nacional una denuncia contra los responsables de Sogecable (antes Canal +) por apropiaci¨®n indebida y estafa, entre otros delitos. Por lo que el propio denunciante ha hecho trascender, la acusaci¨®n estar¨ªa apoyada en los art¨ªculos publicados en su revista sobre la base de un estudio jur¨ªdico-mercantil de las -cuentas p¨²blicas de Sogecable, todas ellas inscritas en el registro y depositadas a?o a a?o en el Ministerio de Fomento. La propia revista ha publicado que ese estudio obra en poder del Gobierno.

2. La denuncia se adjudica por reparto el mismo lunes al titular del Juzgado Central n¨²mero 1, Javier G¨®mez de Lia?o, que 24 horas despu¨¦s decide abrir un procedimiento penal sin solicitar al fiscal un informe previo de competencia, tr¨¢mite no obligatorio, pero habitual en casos en los que es discutible la instancia judicial que debe entender de un caso.

3. Un abogado y profesor de Derecho Financiero, en ejercicio de la acci¨®n popular, presenta el jueves una querella contra los 20 consejeros de Sogecable y el auditor de sus cuentas con las mismas acusaciones y los mismos juicios de valor que figuraban en la denuncia anter¨ªor.

4. El juez instructor admite la querella a tr¨¢mite el viernes porque "coincide en esencia" con el texto de la denuncia anterior. No pod¨ªa ser de otra manera cuando los dos escritos beben de la misma fuente: varios art¨ªculos publicados en ?poca y El Mundo.

5. El magistrado rechaza el procedimiento habitual de dar traslado a la querella a trav¨¦s de los abogados y decide notificarla personalmente, invocando el art¨ªculo 118.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello cita esa misma tarde en su juzgado a la mitad del consejo y a la otra mitad para ayer, s¨¢bado. Varios consejeros, entre ellos los cinco que representan a Canal + Francia y que residen *en el pa¨ªs vecino, no pueden personarse. La noticia de la citaci¨®n convoca, l¨®gicamente, a todos los medios a las puertas de la Audiencia, sobre todo una vez conocido que el auto del juez proh¨ªbe salir de Espa?a sin su autorizaci¨®n a Jes¨²s de Polanco, Juan Luis Cebri¨¢n, Jos¨¦ Mar¨ªa Aranaz -presidente, consejero delegado y secretario general de Sogecable- y al auditor de las cuentas de la sociedad.

Hasta aqu¨ª la secuencia judicial. No est¨¢ dem¨¢s destacar que ning¨²n escrito acusatorio invoca hechos des conocidos ni operaciones ocultas, por mucho que algunos -muy especialmente la televisi¨®n y la radio p¨²blicas- traten de enmarcar esta actuaci¨®n judicial en el contexto de otros sumarios que se sustancian ante la Audiencia Nacional por delitos econ¨®micos, especialmente los que afectan a Javier de la Rosa y Mar¨ªo Conde. No parece casual que este ¨²ltimo tenga que sentarse en el banquillo de los acusados ma?ana mismo por el denominado caso Argentia. Basta una ojeada a la mancheta que encabeza este espacio editorial para comprobar que los tres consejeros de Sogecable a los que el juez proh¨ªbe salir de Espa?a sin su visto bueno ocupan id¨¦nticas responsabilidades -presidente, consejero delegado y secretario generalen la sociedad editora Diario El Pa¨ªs, SA. Estamos seguros de que esa coincidencia es la que buscan quienes han puesto en marcha esta operaci¨®n. Pero estamos igualmente seguros de que se trata de una acusaci¨®n falsa que se desmontar¨¢ en el terreno de la justicia.

En 20 a?os de ejercicio de un periodismo independiente y libre nunca hemos flaqueado en nuestro compromiso con el Estado de derecho y en nuestra confianza b¨¢sica en el sistema judicial. Por serias que hayan sido a veces nuestras discrepancias con decisiones concretas, tambi¨¦n de los jueces, que hemos expresado de forma contundente cuando nos ha parecido oportuno, siempre hemos cre¨ªdo que nuestra arquitectura judicial tiene las debidas garant¨ªas para defender los derechos de todos. Tambi¨¦n, desde luego, los de aquellas personas que son falsamente acusadas.

Nuestra seguridad de que se trata de un caso falso no nos impide ver tambi¨¦n que puede tratarse de un caso largo y que los instigadores ¨²ltimos buscan, antes que la condena penal, el da?o que causa el procedimiento mismo a los querellados. Entre ellos figuran quienes fundaron este peri¨®dico y aseguraron su indepe?dencia. No nos cabe la menor duda sobre su honorabilidad, cuya mejor prueba son sus 20 a?os de gesti¨®n en EL PA?S. Estamos seguros de que este juicio es extensivo a todos los consejeros de Sogecable y que as¨ª se demostrar¨¢ ante los tribunales.

M¨¢s all¨¢ de alguna discusi¨®n mercantil de car¨¢cter t¨¦cnico que pretende trasladarse falazmente al ¨¢mbito penal, ?cree alguien seriamente que peligra la solvencia financiera de Sogecable? Justamente: porque se trata de un buen negocio, que gana dinero y que ha decidido invertir 65.000 millones en la plataforma digital, ha desatado el Gobierno durante las ¨²ltimas semanas lo que ya se conoce como la guerra digital Entre los accionistas de Sogecable est¨¢n el primer grupo de comunicaci¨®n de este pa¨ªs, el mayor banco y el l¨ªder europeo de la televisi¨®n de pago. Los cinco consejeros; que representan a Canal + Francia, incluido su presidente, figuran en la lista de querellados. Esta empresa participa en media docena de canales de otros tantos pa¨ªses europeos, con m¨¢s de ocho millones de abonados, sin que nadie le haya planteado hasta hoy un pleito de esta naturaleza. Puede que se deba a la cl¨¢sica singularidad espa?ola, pero estamos seguros de que miestra justicia es plenamente homologable a la europea.

En medio de este paisaje suena a excusa no pedida la proclamaci¨®n que hizo ayer el vicepresidente ?lvarez Cascos de que el Gobierno nada tiene que ver con el tema. La simple duda deber¨ªa ofenderle, aunque estar¨ªa bien que despejara una duda: ?qu¨¦ ha hecho con ese informe que, seg¨²n ?poca, ten¨ªa en su poder el Gobierno y que ha dado pie a este pleito?