El ascenso del "Estado penal" en Estados Unidos

En el transcurso de las tres ¨²ltimas d¨¦cadas, Estados Unidos se ha lanzado a una experiencia que no tiene precedentes ni equivalentes en las sociedades; occidentales de posguerra: la sustituci¨®n progresiva de un (semi) Estado providencia por un Estado penal y policial en el que la criminalizaci¨®n de la poblaci¨®n marginada y la "contenci¨®n punitiva" de las categor¨ªas desfavorecidas sustituye a la pol¨ªtica social.Es cierto que el Estado providencia estaba muy poco desarrollado en comparaci¨®n con sus equivalentes europeos, hasta el punto de que podr¨ªamos; referirnos a ¨¦l como Estado caritativo: en EE UU, los programas destinados a las poblaciones m¨¢s desfavorecidas siempre han sido limitados, incompletos y han estado aislados del resto de las actividades p¨²blicas por estar imbuidos de una concepci¨®n moralista y, moralizadora de la pobreza como producto de las carencias individuales de los pobres. Mientras que las desigualdades sociales y la inseguridad econ¨®mica se han agravado mucho desde los a?os setenta, el Estado caritativo no ha dejado de reducir su campo de acci¨®n y de comprimir su ya, escaso presupuesto. A medida que se agujerea su chaleco salvavidas, (safety net) se va tejiendo el. entramado del Estado disciplinario (dragnet), llamado a sustituirle en los niveles inferiores, de la estructura social estadounidense.

El ascenso del Estado penal, se produce seg¨²n dos modalidades principales. La primera, consiste en transformar los servicios sociales en instrumentos de vigilancia y control de las, nuevas "clases peligrosas". De: ello da fe la oleada de medidas tomadas estos ¨²ltimos a?os por numerosos Estados que condicionan el derecho a las ayudas sociales a la adopci¨®n de ciertas normas de comportamiento (sexual, familiar, educativo, etc¨¦tera) y al cumplimiento de obligaciones burocr¨¢ticas onerosas o humillantes: trabajo forzoso (work-fare), asistencia regular de los ni?os a la escuela (learnfare) o matriculaciones en seudocursillos de formaci¨®n sin sentido ni salida por no hablar del establecimiento de techos o de l¨ªmites temporales por encima de los cuales no se concede ning¨²n tipo de asistencia. Todo ello para obtener una ayuda fijada deliberadamente por debajo del "umbral" oficial de pobreza.

La "reforma" de la ayuda social aprobada por el presidente Clinton en el verano de 1996 aumenta y ratifica esta l¨®gica pan¨®ptica y punitiva. Sustituye el derecho a la asistencia de los ni?os m¨¢s- desfavorecidos, que figura en la legislaci¨®n desde 1935, por la obligaci¨®n de los padres a tener trabajo en un plazo de dos a?os. Establece una cuota de ayuda m¨¢xima de cinco. a?os a lo largo de la vida y somete a los que la reciben a un seguimiento estrecho que no respeta la intimidad. Reduce los gastos destinados a los pobres en 56.000 millones de d¨®lares (unos ocho billones de pesetas) en seis a?os y excluye de los programas de ayuda a los inmigrantes legales, a aquellas personas que hayan violado las leyes federales sobre drogas y a las madres menores de edad que reh¨²sen vivir en casa de sus padres. En definitiva, la "ley, de 1996 sobre la responsabilidad individual y el trabajo" pone fuera de la ley a la miseria, al establecer el salario descualificado como una obligaci¨®n c¨ªvica de los estadounidenses m¨¢s desfavorecidos.

El segundo componente de esta "guerra contra los pobres" es el recurso masivo y sistem¨¢tico al encarcelamiento. Tras disminuir un 12% durante la d¨¦cada de los sesenta, la poblaci¨®n reclusa de Estados Unidos pas¨® de ser inferior a 290.000 presos en 1970 a 494.000 presos en 1984 antes de alcanzar 1.544.000 de presos en 1994, lo que supone un crecimiento del 213% en 14 a?os, algo nunca visto en una sociedad democr¨¢tica. Y como consecuencia del desentendimiento del Estado de los programas sociales, la c¨¢rcel golpea, sobre todo, a los negros: el n¨²mero de presos afroamericanos se ha multiplicado por cinco desde 1970, tras descender un 7% durante la d¨¦cada anterior, y, por primera vez en su historia, las c¨¢rceles del pa¨ªs encierran hoy d¨ªa a m¨¢s negros que blancos. El ¨ªndice de poblaci¨®n reclusa de los afroamericanos se ha triplicado en 12 a?os, y en 1993 afectaba a 1.895 de cada 100.000, es decir, siete veces m¨¢s que el ¨ªndice de los blancos y 20 veces m¨¢s que los niveles registrados en los pa¨ªses europeos.

La duplicaci¨®n de la poblaci¨®n reclusa en 10 a?os subestima gravemente el peso real de la autoridad penal en el nuevo mecanismo para el tratamiento de la miseria y de sus consecuencias. Si a la poblaci¨®n reclusa se suman los individuos bajo libertad vigilada (probation) y condicional (parole) por falta de espacio en las prisiones, son cinco millones de estadounidenses -el 12,5% de la poblaci¨®n adulta del pa¨ªs- quienes est¨¢n bajo tutela penal, un tercio de los cuales son j¨®venes negros entre 18 y 35 a?os.El aumento explosivo de la poblaci¨®n reclusa, el recurso masivo a las formas m¨¢s variadas de pre y pos encarcelamiento, la eliminaci¨®n de los programas de trabajo y de educaci¨®n en el interior de las c¨¢rceles, la multiplicaci¨®n de los instrumentos de vigilancia en todos los niveles de la estructura carcelaria son signos de que la nueva doctrina penal en vigor no tiene como objetivo "rehabilitar" a criminales, sino reducir costes y controlar las poblaciones peligrosas o, en su defecto, almacenarlas aparte para paliar el abandono de que son objeto por parte de los servicios, sociales, que ni desean ni

n capaces de hacerse cargo de ellas. As¨ª pues, el ascenso del Estado penal en EE UU no responde a la criminalidad -que se ha mantenido constante durante este periodo-, sino a las distorsiones en la sociedad provocadas por el desentendimiento del Estado caritativo. Y este ascenso tiende a convertirse en su propia justificaci¨®n, de forma que sus efectos, que favorecen la criminalidad, contribuyen poderosamente a la inseguridad y a la violencia que se supone deben corregir.