El dif¨ªcil rodaje del jurado popular

Nueve meses despu¨¦s de iniciar su andadura, el jurado ha tenido su primer tropiezo serio. Ha bastado que un tribunal popular absolviese a Mikel Otegi, autor confeso de la muerte de dos ertzainas, para que la instituci¨®n sea puesta en la picota y desde el Gobierno y el partido mayoritario se anuncie una inmediata reforma legislativa.Y es que el jurado no ha empezado con buen pie. La modificaci¨®n que ahora se anuncia, si finalmente prospera, no ser¨¢ la primera, sino la segunda, de una ley que cuenta con menos de dos a?os de antig¨¹edad.

La ausencia de diputados en el Pleno del Congreso del 11 de mayo de 1995 impidi¨® que se aprobasen las m¨¢s de 60 enmiendas acordadas en el Senado, y ello oblig¨® a una primera reforma de la ley, que se public¨® en el BOE el 17 de noviembre de aquel a?o, aun antes de que empezara a aplicarse.

Sin embargo, no puede decirse que la reinstauraci¨®n del jurado, abolido en 1936 por el bando franquista, haya sido precipitada. Ha tardado 17 a?os en desarrollarse el art¨ªculo 125 de la Constituci¨®n, que prev¨¦ la participaci¨®n de los ciudadanos en la Administraci¨®n de Justicia "mediante la instituci¨®n del Jurado".

La ley, publicada en mayo de 1995, demoraba en seis meses su entrada en vigor y todav¨ªa pasaron seis meses m¨¢s hasta que, en mayo de 1996, se celebraron los primeros juicios con jurado. Durante este tiempo, hubo varias vistas en las que, con car¨¢cter experimental, se consult¨® la opini¨®n de un jurado y se compar¨® luego con el veredicto del tribunal.

Pero los batacazos han llegado, l¨®gicamente, cuando el jurado se ha echado a dar sus primeros y dubitativos pasos en el mundo del Derecho Penal.

La sentencia del caso Otegi no ha sido la primera que ha levantado pol¨¦mica, aunque s¨ª la m¨¢s relevante por su trascendencia pol¨ªtica. El pasado 6 de noviembre, en la Audiencia Provincial de Madrid, un jurado declar¨® "no culpable" al joven ?ngel P. B., quien mat¨® a su hermano con un cuchillo tras una discusi¨®n por unos pantalones vaqueros. Si el fallo lo hubiese dictado un tribunal profesional, el joven estar¨ªa probablemente hoy entre rejas condenado por homicidio involuntario, seg¨²n los expertos.

No menos controvertido fue el veredicto de un jurado de Barcelona, que conden¨® a cuatro a?os a Rafael Ponce, autor de la muerte del taxista ?lvaro L¨®pez Pereira, a quien atac¨® con un cuchillo de cocina.

El tribunal popular estim¨® que, si la v¨ªctima hubiese sido atendida con m¨¢s rapidez, podr¨ªa haber salvado la vida. En consecuencia, conden¨® al agresor por un delito de lesiones con alevos¨ªa y no de homicidio. De verdadero "estropicio" calific¨® esta decisi¨®n el fiscal jefe de Catalu?a, Jos¨¦ Mar¨ªa Mena.

El primer caso conjurado en Mallorca se sald¨® tambi¨¦n con la absoluci¨®n del empresario alem¨¢n Gerard Schutze y de su empleado Juan Carlos Alonso, acusados de intento de soborno. Alonso, por orden de su jefe, acudi¨® en enero de 1996 al puesto de la Guardia Civil con un fajo de billetes, por valor de 200.000 pesetas, "para los ni?os necesitados" de Calvi¨¢. Dos d¨ªas antes, la Guardia Civil hab¨ªa inspeccionado una tienda de Schutze, donde hall¨® discos presuntamente piratas.

Los miembros del jurado debieron tener en cuenta las palabras del presidente del tribunal, quien les dijo que, "en una sociedad democr¨¢tica, m¨¢s vale absolver a diez culpables que condenar a un inocente".

No siempre, sin embargo, se han caracterizado los jurados por su benevolencia. El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa anul¨® el pasado mi¨¦rcoles la condena de tres a?os de c¨¢rcel impuesta al padre y al abuelo de una ni?a de cuatro que fue hallada muerta en una alberca en B¨¦znar (Granada), por entender que no hab¨ªa pruebas firmes contra ellos.

Por su parte, el magistrado de Valencia que redact¨® la sentencia contra Antonio Mill¨¢n, condenado a un a?o de prisi¨®n por entrar violentamente en la casa de una familia con la que hab¨ªa convivido, tuvo que corregir el fallo popular, al entender que no era posible, como pretend¨ªa el jurado, que existiese a la vez allanamiento de morada por la fuerza y abuso de confianza. La propia fiscal reconoci¨® que el veredicto fue m¨¢s duro que el previsible en un juez profesional.

Con todo, los expertos consideran que es demasiado pronto para sacar conclusiones y saber si los fallos detectados se derivan del mal funcionamiento de la instituci¨®n o del inevitable rodaje que necesitan los espa?oles para acomodarse a la responsabilidad que la Ley del Jurado ha puesto en sus manos.