El sistema de Conde
MARIO CONDE, el banquero que se presentaba, y era presentado por su propio aparato medi¨¢tico, como abanderado de la regeneraci¨®n ¨¦tica y palad¨ªn de la resistencia de la sociedad civil frente a los abusos del poder, fue condenado ayer a seis a?os de c¨¢rcel por apropiaci¨®n indebida de 600 millones, suma que deber¨¢ devolver a Banesto. La sentencia es apelable ante el Supremo en el plazo de cinco d¨ªas. Conde est¨¢ tambi¨¦n acusado de estafa en otro sumario que investiga operaciones por un importe global de unos 14.000 millones, en las que habr¨ªa utilizado presuntamente sociedades interpuestas para lucrarse personalmente -junto a varios ex directivos del banco- a expensas de la entidad que presid¨ªa. La condena de ayer se refiere a un asunto colateral al sumario principal, pero resulta ilustrativo del modus operandi del autor de El sistema, obra en la que culpaba de su desgracia a maquinaciones pol¨ªticas de diverso signo.La primera noticia sobre esta historia apareci¨® en EL PAS el 7 de abril de 1994. All¨ª se daba cuenta de que Banesto hab¨ªa pagado 600 millones de pesetas a Argentia Trust por trabajos inexistentes relacionados con la Corporaci¨®n Industrial Banesto. Tras conocerse la informaci¨®n, el entorno de Mario Conde difundi¨® que se trataba de un pago a Antonio Naval¨®n, asesor de Conde en 1990, para que consiguiera, a trav¨¦s de contactos con pol¨ªticos del PSOE, determinadas exenciones fiscales vinculadas a la creaci¨®n de la Corporaci¨®n Industrial Banesto. Que ¨¦sta era una versi¨®n oficial del entorno de Conde vino a confirmarse tres meses despu¨¦s, cuando el ex banquero declar¨® en una entrevista publicada el 27 de junio de 1994 lo siguiente: "Hab¨ªa que vencer el clima pol¨ªtico creado por Solchaga, pagamos los 600 millones y conseguimos las exenciones. Eso es todo".
Pero la factura del supuesto pago a Argentia Trust nada dec¨ªa de exenciones fiscales y, en cambio, se refer¨ªa a gestiones para una colocaci¨®n de acciones de la Corporaci¨®n Industrial. No existi¨® nunca soporte documental de estos trabajos. Tampoco se someti¨® a la comisi¨®n ejecutiva del banco el contrato, que, seg¨²n el ex banquero, fue verbal. Conde ten¨ªa los poderes para disponer el pago, pero sus obligaciones como administrador le impon¨ªan acreditar los servicios que pagaba. Nunca lo hizo y cuando p¨²blicamente habl¨® de ello dio versiones contradictorias.
La sentencia, redactada por el magistrado Ventura P¨¦rez Marino, no s¨®lo describe a un mal administrador, sino que encaja la desaparici¨®n de los 600 millones en el tipo, de apropiaci¨®n indebida. Para que exista este delito -diferente al hurto o al robo, etc¨¦tera, aunque el efecto sea el mismo- no es necesario que el acusado sea sorprendido metiendo la mano en el caj¨®n. La distracci¨®n de fondos de una sociedad en beneficio propio, normalmente mediante el recurso a sociedades interpuestas, ser¨ªa la forma m¨¢s t¨ªpica de la apropiaci¨®n indebida en los tiempos actuales; sin embargo, seg¨²n la sentencia, "esta pr¨¢ctica, denominada por algunos ingenier¨ªa financiera, no es m¨¢s que una a?agaza, similar en cuanto a sus resultados al que se apodera de 600 millones de pesetas de la caja de un banco, de la que tiene llave por ser administrador, y se los lleva a su bolsillo. Aqu¨ª no toma el dinero materialmente, pero lo pone a buen recaudo a su disposici¨®n".
El propio Conde fue el verdadero promotor del caso. Frente a la acusaci¨®n de pagar por trabajos inexistentes pretendi¨® tender una cortina de humo con los pagos pol¨ªticos. La sentencia- constata que no se ha presentado prueba alguna que avale tales tr¨¢ficos y afirma: "Si bien es posible que efectivamente Conde informase ( ... ) a determinados periodistas que le entrevistaron en ese sentido, [ello] no ser¨ªa m¨¢s que una argucia en orden a justificar una disposici¨®n de dinero, de cuyo fin no ha dado una explicaci¨®n coherente". De donde se deduce que quienes aseguraron que el poder pol¨ªtico hab¨ªa "instrumentalizado la crisis de Banesto para desembarazarse de un personaje inc¨®modo", tal vez fueron instrumentalizados por Conde para enmascarar delitos como el de apropiarse de 600 millones de pesetas.
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