S¨®lo el presidente de la Sala se opone al control judicial del secreto oficial

Un total de seis magistrados -de los 33 que integran la Sala Tercera del Tribunal Supremo- presentaron votos particulares a alguna o a las tres sentencias sobre los papeles del Cesid. S¨®lo el del presidente, ?ngel Rodr¨ªguez Garc¨ªa, se opone al control judicial de la decisi¨®n gubernamental de no desclasificar los documentos reclamados por tres jueces penales. Para Rodr¨ªguez, la Ley de Secretos Oficiales -"de cuya constitucionalidad no albergo duda alguna" dice- en la que se ampar¨® el Gobierno avala el acuerdo impugnado.

Rodr¨ªguez explica que, dado que el Consejo de Ministros del 2 de agosto se atuvo a la vigente ley de Secretos Oficiales, que cree acorde a la Constituci¨®n, "mal pueden resultar lesionados los derechos fundamentales invocados por los recurrentes, que no son absolutos o ilimitados -ning¨²n derecho fundamental lo es-, sino de configuraci¨®n legal".El presidente de la Sala, que fue el que tom¨® la decisi¨®n de que fuera el pleno de la misma el que deliberara y resolviera los tres recursos, argumenta: "S¨®lo en el caso, que a mi juicio no se da, de que el acto impugnado fuera contrario a la mencionada ley, es cuando habr¨ªa que haberse preguntado si su ilegalidad trascend¨ªa a aquellos derechos, habida cuenta del ¨¢mbito limitado del proceso especial en el que nos hallamos".

Rodr¨ªguez reprocha a la mayor¨ªa de la Sala que "haya operado desde criterios de oportunidad que le han llevado a sustituir al Gobierno, en lugar de efectuar un control jur¨ªdico de la actuaci¨®n recurrida". Estima que la fiscalizaci¨®n del acuerdo gubernamental impugnado debi¨® hacerse partiendo del acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, que otorg¨® con car¨¢cter gen¨¦rico la clasificaci¨®n como secretos a la estructura, organizaci¨®n y procedimientos operativos espec¨ªficos de los servicios de informaci¨®n, as¨ª como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlos".

El resto de los magistrados firmantes de votos particulares admite, al menos con distintos matices, que se entregue al juez Justo Rodr¨ªguez el documento del Cesid relativo a la muerte, por disparos de la Guardia Civil, de la joven Luc¨ªa Urigoitia. Junto a Jes¨²s Ernesto Peces Morate, que defiende el planteamiento m¨¢s frontal contra la sentencia, el bloque de los restantes jueces se opone a las dos sentencias, relativas a los papeles que afectan a los casos O?ederra y Lasa-Zabala, pero no al de Luc¨ªa Urigoitia.

Se trata de Pascual Sala S¨¢nchez, ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. (CGPJ); Fernando Ledesma, ex ministro de Justicia del primer Gobierno socialista; Juan Antonio Xiol, ex-vocal del CGPJ y ex alto cargo de Justicia, y Jos¨¦ Manuel Sieira. S¨®lo Pascual Sala explica su diferencia de criterio.

Pascual Sala estima que, a diferencia de lo considerado respecto a los otros dos recursos en el sentido de que "los documentos de los que all¨ª se trata no constituyen, por s¨ª mismos, prueba directa de la perpetraci¨®n de un delito, ( ... ), en el presente caso [documento sobre supuestas manipulaciones para ocultar la autor¨ªa de la muerte de Urigoitia] la relevancia la da el hecho mismo ( ... ) de que su sola revelaci¨®n determin¨® la reapertura de una causa que hab¨ªa sido sobrese¨ªda provisionalmente y hab¨ªa sido archivada".