Las dioxinas de la discordia

La construcci¨®n de la incineradora, una planta dise?ada para tragarse 1.200 toneladas de basuras al d¨ªa, comenz¨® en 1992. Con ella, el Ayuntamiento buscaba tres objetivos: descargar de residuos sus colmados vertederos, recuperar para el reciclaje la mayor cantidad de basura posible y generar energ¨ªa con el calor que producen los hornos de cremaci¨®n.La idea se top¨® pronto con detractores. Principalmente, los grupos pol¨ªticos de la oposici¨®n y los movimientos ecologistas y vecinales. Afirman que por las chimeneas de la instalaci¨®n salen, adem¨¢s de humo, dioxinas y furanos (sustancias t¨®xicas), y que las cenizas y escorias que se producen con la combusti¨®n son altamente peligrosas.

El Ayuntamiento argumenta que existen incineradoras en las principales capitales europeas y que jam¨¢s ha habido problemas medioambientales. Exhiben estudios internacionales que as¨ª lo demuestran. El movimiento antiincineradora, a su vez, esgrime otros estudios que indican exactamente lo contrario.

Ante las discrepancias, la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, que deb¨ªa dar el visto bueno a la puesta en marcha de la planta, se vio entre la espada y la pared: o paraba un proyecto del Ayuntamiento que hab¨ªa costado ya m¨¢s de 15.000 millones o daba la raz¨®n a los ecologistas y vecinos. El consejero Carlos Mayor Oreja exigi¨® entonces las mediciones m¨¢s estrictas de toda Europa para dar su benepl¨¢cito. Si por las chimeneas de la planta saliesen m¨¢s de 0,1 nanogramos de dioxinas (una milmillon¨¦sima parte de gramo) por metro c¨²bico, cerrar¨ªa la planta.

A pesar de ello, en diciembre de 1995, el Ayuntamiento puso en marcha la incineradora. La Fiscal¨ªa de Medio Ambiente abri¨® entonces la v¨ªa judicial contra los responsables. El Tribunal Superior de Justicia tuvo que decidir. Determin¨® que un grupo de peritos estudiase la planta. Los magistrados de la sala afirmaron que, si los informes eran negativos, cerrar¨ªan la instalaci¨®n.