Amiguismo, negligencia o nada en absoluto
Hacienda entregar¨¢ hoy al Congreso los 40 expedientes de m¨¢s de 1.000 millones sobre la supuesta 'amnist¨ªa fiscal'
A m¨¢s de un mes de su constituci¨®n, la comisi¨®n del Congreso que investiga los expedientes de Hacienda sobre la presunta amnist¨ªa fiscal en la etapa socialista est¨¢ a punto de poder llegar a alguna conclusi¨®n. Esta semana recibir¨¢ del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda la informaci¨®n que la mayor¨ªa de los grupos (PSOE, IU-IC y PNV) considera esencial para determinar si hubo amiguismo como m¨¢ximo, negligencia como m¨ªnimo o nada en absoluto.Hacienda se ha comprometido a enviar hoy, martes, los 40 expedientes de m¨¢s de 1.000 millones de pesetas tramitados en Madrid y Barcelona (Oficina Nacional de Inspecci¨®n) y en las delegaciones, de ambas ciudades. No estar¨¢ el nombre de los titulares, pero se podr¨¢ saber si la paralizaci¨®n por m¨¢s de seis meses en la inspecci¨®n fue intencionada o tuvo justificaci¨®n.
?ste es el aspecto clave de la pol¨¦mica. Si la inspecci¨®n se paraliz¨® de forma injustificada en la fase final del proceso, la deuda podr¨ªa prescribir. Para medir ese plazo se tiene en cuenta el tiempo desde que el inspeccionado presenta las alegaciones al acta levantada hasta que el inspector jefe le notifica la deuda.
No obstante, habr¨ªa que saber si el inspector jefe ha ampliado el plazo de actuaciones, aspecto que la documentaci¨®n enviada hasta ahora por Hacienda no recoge, como tampoco si los expedientes tramitados despu¨¦s de diciembre de 1994 est¨¢n afectados por la Ley General Tributaria aprobada en julio de 1995, circunstancia que ampliar¨ªa el plazo de seis meses en lo referente a las sanciones.
Aunque, te¨®ricamente, los nombres son secretos, han aparecido algunos:
> Lladr¨®. El expediente, el primero en salir a la luz, est¨¢ compuesto por dos sociedades, Deygesa y Comercial Ordal, y cinco personas f¨ªsicas, los tres hermanos Lladr¨® y los c¨®nyuges de dos. La inspecci¨®n dur¨® m¨¢s de tres a?os (1990-1993). Incluso se pidi¨® informaci¨®n a Alemania para verificar aspectos de la contabilidad de esas empresas, documentaci¨®n que tard¨® tres a?os en llegar.- Finalmente, la deuda alcanz¨® 1.167 millones de pesetas en el IRPF, 402 en el impuesto de sociedades y 267 en el de lujo. Las actas y las alegaciones fueron remitidas al delegado especial de Valencia el 12 de agosto de 1993. El inspector jefe solicit¨® un informe al servicio jur¨ªdico de Hacienda y lo obtuvo el 30 de septiembre de 1993. El inspector regional liquid¨® el expediente el 2 de febrero de 1994 y lo notific¨® el d¨ªa 7. La conclusi¨®n es que si se pasaron los seis meses fue por muy pocos d¨ªas. Este expediente fue aireado como exponente del amiguismo del PSOE. Sin embargo, en la prensa local se atribuye a los Lladr¨® vinculaciones distintas. Tambi¨¦n se se?al¨® que el inspector regional, Alfredo P¨¦rez Lodares, fue ascendido a delegado especial d¨¦ Castilla-La Mancha por el Gobierno del PP. Otras fuentes indican, sin embargo, que existieron fuertes presiones de los empresarios de Valencia para el traslado de P¨¦rez Lodares por ser muy inc¨®modo, dada su eficacia contra el fraude y sus m¨¦todos innovadores. El PP opt¨® por llevarle a una comunidad socialista.
> La Caixa. Se ha considerado como el m¨¢ximo exponente del amiguismo del PSOE. La acusaci¨®n del PP se centra en que un solo inspector la perdon¨® en 1994 una sanci¨®n de 21.860 millones por el presunto fraude de las primas ¨²nicas. La realidad es otra. La prueba es que el ministro de Hacienda de entonces, Pedro Solbes, acudi¨® al Parlamento el 13 de diciembre de ese a?o para explicar las actuaciones llevadas a cabo. El representante del PP inst¨® al Gobierno a llegar a un acuerdo con las entidades financieras que tambi¨¦n comercializaron el producto. "Estamos hablando de un problema de interpretaci¨®n, no de fraude fiscal", argument¨®. Las actas se finalizaron en enero de 1992 y hasta el 28 de octubre de 1994 no se notific¨® a la entidad la liquidaci¨®n de una deuda de 39.033 millones. La comisi¨®n de investigaci¨®n deber¨¢ determinar si ese tiempo est¨¢ o no justificado.> Huarte. Otro de los expedientes que con mayor esc¨¢ndalo ha sido aireado por las conexiones de la empresa con el caso Rold¨¢n. Pese a incluirse en el cap¨ªtulo de los beneficiados por una deuda prescrita, 399 millones, la realidad tambi¨¦n es distinta. Ahora est¨¢ en manos de los tribunales ordinarios por apreciar Hacienda indicios de delito fiscal. ?ste es el motivo de que no aparezca como notificado. No est¨¢, por tanto, dentro de los plazos de inspecci¨®n y prescripci¨®n exigidos en la v¨ªa administrativa.
> Ivima. Una empresa p¨²blica gestionada en su d¨ªa por el representante del PSOE en la comisi¨®n, Joaqu¨ªn Leguina. Se trata de una deuda de 3.858 millones por el IVA. Leguina sostiene, en contra del PP, que las empresas p¨²blicas no est¨¢n sujetas a ese impuesto.
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