La fiscal M¨¢rquez ocult¨® pruebas al juez "violando el principio de imparcialidad", seg¨²n la Inspecci¨®n

El traslado forzoso de Mar¨ªa Dolores M¨¢rquez de Prado fue propuesto hace seis meses por la Inspecci¨®n Fiscal, al constatar la ocultaci¨®n de pruebas y el "tono destemplado" de esta fiscal en sus relaciones con jueces y tribunales y especialmente con su fiscal jefe, Jos¨¦ Aranda. El acta de la Inspecci¨®n, a la que ha tenido acceso EL PA?S, detalla la actitud conflictiva de M¨¢rquez y subraya el contraste entre su "extrema rigurosidad" en la tramitaci¨®n del sumario por el atentado de ETA contra Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, en el que lleg¨® a formular 75 dict¨¢menes en un a?o, y la ocultaci¨®n de una prueba pericial.

El informe de la Inspecci¨®n se?ala que la situaci¨®n de la fiscal¨ªa de la Audiencia tiene su origen en la presentaci¨®n de la querella de Banesto contra Mario Conde. La decisi¨®n de Aranda de presentarla sin dar cuenta a los dem¨¢s fiscales fue contestada por la fiscal M¨¢rquez de Prado con un escrito en que reprochaba a su jefe su "desconfianza, menosprecio, incluso humillaci¨®n".Le imputaba tambi¨¦n "haber mancillado la dignidad de nuestro trabajo a base de fumigar esperanzas", y haber producido "la erosi¨®n de la fiscal¨ªa". A?ad¨ªa que una fiscal¨ªa "gobernada por el silencio de la sospecha o el secreto de la desconfianza no puede merecer el cr¨¦dito del resto de los fiscales; por lo menos el m¨ªo, no". Conclu¨ªa diciendo que lo sucedido "se ha utilizado para intenciones abyectas, fines bastardos e intereses torcidos".

Aranda cit¨® a su despacho a la autora del documento y le pregunt¨® si le consideraba merecedor de lo que en ¨¦l se expresaba. La fiscal contest¨® que daba por retirado el escrito y le anunci¨® que lo sustituir¨ªa por otro, lo que no se produjo.

75 dict¨¢menes en un a?o

El acta de la inspecci¨®n se detiene en la instrucci¨®n del sumario por el atentado fallido contra Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, el 19 de abril de 1995. La fiscal M¨¢rquez de Prado pidi¨® en diversas ocasiones el procesamiento del presunto etarra Mikel Azurmendi, identificado el 2 de agosto de 1994 en la misma zona de Madrid. El procesamiento fue denegado por el juez instructor Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n -el mismo que instruy¨® el caso Banesto y encarcel¨® a Mario Conde-, ya que incluso la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo (AVT) inform¨® en contra, alegando la debilidad de los indicios.

Al margen del juzgado, la fiscal pidi¨® a la Comisar¨ªa General de Informaci¨®n el cotejo de las huellas halladas en el lugar del atentado con las de Azurmendi. Un mes despu¨¦s, el teniente fiscal, Eduardo Fungairi?o, dirigi¨® un nuevo oficio a la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Cient¨ªfica expresando en el mismo "que de su resultado se d¨¦ cuenta personal a la fiscal o al propio teniente fiscal".

Los inspectores de la Fiscal¨ªa encontraron el informe de huellas solicitado a la Polic¨ªa en el que se daba cuenta del resultado negativo del cotejo solicitado.

Seg¨²n el acta de la Inspecci¨®n, "en la carpetilla no consta que el resultado de esta investigaci¨®n se haya aportado al juzgado, pese a que en el oficio inicial se expresaba que la petici¨®n se hac¨ªa con fines de su ulterior incorporaci¨®n al sumario".

Casi un a?o despu¨¦s, el 25 de septiembre de 1996, la fiscal inst¨® nuevamente el procesamiento de Azurmendi "sin aportaci¨®n del resultado negativo de la diligencia pericial pedida".

Entre el 25 de mayo de 1995 y el 25 de septiembre de 1996, la fiscal formul¨® 75 dict¨¢menes, entre recursos, petici¨®n de diligencias, correcci¨®n de errores... La Inspecci¨®n consider¨® "llamativo" el n¨²mero de recursos "y el tono empleado" para dirigirse al juez, "que rebasa en algunos momentos los l¨ªmites habituales de la confrontaci¨®n jur¨ªdica". Pero le sorprendi¨® a¨²n m¨¢s el contraste entre su "extrema rigurosidad" y su comportamiento, "ocultando [una] prueba pericial pedida por ella al margen del proceso".

"Esta falta de aportaci¨®n al sumario de un medio de prueba, como lo es la pericial practicada, supone una violaci¨®n del principio de imparcialidad y objetividad que debe regir la actuaci¨®n del Ministerio Fiscal, y de la obligaci¨®n de todas las autoridades que intervengan en el procedimiento penal, de consignar y apreciar las circunstancias as¨ª adversas como favorables al presunto reo", seg¨²n la Inspecci¨®n.

Aranda abri¨® diligencias informativas a la fiscal. Esta adujo que cre¨ªa haber actuado legalmente y que si no le inform¨® fue porque "nunca ha sido pr¨¢ctica corriente en esta Fiscal¨ªa tener a su Jefatura al tanto de cuantas diligencias de investigaci¨®n se proponen, sugieren o realizan".

Declaraci¨®n de Aznar

La comparecencia de Aznar para declarar como testigo provoc¨® nuevos enfrentamientos con el juez Garc¨ªa Castell¨®n y el fiscal jefe. Por razones de discreci¨®n, el juez, de acuerdo con Aznar, convino en que ¨¦ste acudiera al juzgado a la hora m¨¢s apropiada, con renuncia a sus prerrogativas.

En la declaraci¨®n estuvo presente el fiscal Ignacio Gordillo, quien "no puso ninguna objeci¨®n a la forma en que se prest¨®". Pese a ello, M¨¢rquez de Prado record¨® por escrito al juez "la obligaci¨®n de que, en lo sucesivo, las declaraciones que preste el se?or Aznar se realicen conforme a lo dispuesto en el art¨ªculo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", es decir, en su domicilio o despacho oficial.

El juez expres¨® su extra?eza al fiscal jefe, pues Gordillo sab¨ªa que Aznar hab¨ªa renunciado a su prerrogativa. Aranda comparti¨® la apreciaci¨®n del instructor. La fiscal dirigi¨® entonces un escrito al juzgado pidiendo aclaraciones sobre la contestaci¨®n del fiscal jefe y otro escrito al propio Aranda "de manera improcedente", seg¨²n la Inspecci¨®n. La fiscal actu¨® "sembrando la duda sobre la actuaci¨®n de su superior jer¨¢rquico", concluyeron los inspectores.

Adem¨¢s, la fiscal fue denunciada por la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo "ante los t¨¦rminos empleados al contestar u oponerse a sus escritos". Los letrados de la AVT le achacaron una "clara desconsideraci¨®n" y se quejaron "del tono ir¨®nico empleado para proferir sus ofensas". La fiscal hab¨ªa puesto en duda que dichos abogados tuviesen "los m¨¢s elementales conocimientos" del proceso penal, "que se elevan por impericia a una inmerecida categor¨ªa". A instancias de la AVT, Aranda inco¨® nuevas diligencias informativas.

En sus alegaciones, M¨¢rquez de Prado critic¨® al juez por remitir al fiscal jefe el testimonio pedido por los letrados de la AVT. "Dicho en t¨¦rminos de defensa, la actitud del juez [Garc¨ªa Castell¨®n] bien puede interpretarse como una posici¨®n de alineamiento con la pretensi¨®n de la acusaci¨®n particular", afirm¨® la fiscal.