Otro exabrupto

CUANDO EL caso de los expedientes tributarlos supuestamente prescritos con gran quebranto para la Hacienda p¨²blica parec¨ªa orientado en la direcci¨®n correcta -sujeto a investigaci¨®n en una comisi¨®n parlamentaria-, un nuevo exabrupto de u n responsable del Partido Popular ha vuelto a sustituir la serenidad por la crispaci¨®n y el examen por la acusaci¨®n inquisitorial. El diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo ha acusado a la ex directora de la Agencia Tributarla Juana L¨¢zaro de favorecer a La Caixa por el procedimiento de desistir del recurso de casaci¨®n contra las sentenclas de la Audiencia Nacional que daban la raz¨®n a la entidad financiera en el caso de las primas ¨²nicas.La intervenci¨®n de Del Burgo demuestra que el partido del Gobierno ha aprendido muy poco de los errores cometidos por Aznar, Rato y Juan Costa cuando iniciaron una campa?a pol¨ªtica contra los responsables tributarios del ¨²ltimo Gobierno socialista por la prescripci¨®n de m¨¢s de 200.000 millones de deuda tributarla. No s¨®lo no pudieron demostrar sus acusaciones de amiguismo y prevaricaci¨®n para favorecer fiscalmente a "los amiguetes del PSOE", sino que el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, hubo de reconocer, en voz baja y a rega?adientes, que no exist¨ªan pruebas de intencionalidad pol¨ªtica en el retraso de la tramitaci¨®n de las actas. Hay suficientes evidencias de que el funcionamiento de la Agencia Tributarla durante la anterior Administraci¨®n no fue precisamente eficaz, que hubo negligencias administrativas o falta de la capacidad suficiente para gestionar esos expedientes; pero las acusaciones del Gobierno entonces y de Del Burgo ahora atribuyen la comisi¨®n de un delito a un servidor p¨²blico, y para hacerlas hay que tener pruebas o guardar silencio.

Desgraciadamente, la aparatosa imputaci¨®n de Del Burgo no es solamente un acto demag¨®gico m¨¢s de entre los muchos que salpican la vida pol¨ªtica espa?ola a diario. Constituye tambi¨¦n una flagrante violaci¨®n de los usos y costumbres parlamentarios en beneficio propio, en este caso del Partido Popular. El diputado Del Burgo utiliz¨® una informaci¨®n obtenida en su condici¨®n de miembro de la comisi¨®n que investiga los hechos para atacar a los investigados; y todo ello con desprecio manifiesto al resto de los partidos pol¨ªticos que forman la comisi¨®n y anticipando en su inter¨¦s las conclusiones de la misma. Es a todas luces una conducta impropia y un abuso intolerable, que ha provocado la irritaci¨®n del PNV y CiU, adem¨¢s de los socialistas, y que ha motivado peticiones, muy razonables, para que Del Burgo sea expulsado de la comisi¨®n.

Todo lo anterior no implica, desde luego, que la decisi¨®n tomada por el Gobierno anterior de no recurrir ante el Tribunal Supremo las sentencias de la Audiencia contrarias a Hacienda sea correcta. De hecho, puede ser discutible o debatible. La pr¨¢ctica habitual del Ejecutivo en los casos de deuda fiscal es recurrir hasta la ¨²ltima instancia. Si no lo hizo por cuestiones de coste, en tiempo o en personal, o por la excesiva complejidad jur¨ªdica proyectada sobre las primas ¨²nicas, ser¨¢ la comisi¨®n la que entienda la pertinencia de tales razones. El desistimiento del recurso de casaci¨®n en el expediente de las primas ¨²nicas ya fue explicado ampliamente ante la Comisi¨®n de Econom¨ªa por el ex ministro Pedro Solbes, responsable pol¨ªtico de la decisi¨®n de desistir.

El nuevo recurso del PP a la bronca confirma su inquietud ante la posibilidad de que la comisi¨®n no ratifique las acusaciones de favoritismo fiscal patrocinadas temerariamente por los m¨¢ximos representantes del Gobierno. La acusaci¨®n arbitraria no es buen procedimiento para aclarar definitivamente un caso abierto y azuzado peri¨®dicamente por el Gobierno. La comisi¨®n parlamentaria debe tener un m¨ªnimo sosiego para zanjar pol¨ªticamente tan enconada cuesti¨®n.