Pacto local: reforzar la democracia

Mucho y durante mucho tiempo hemos teorizado los que creemos en el municipalismo sobre la necesidad de alcanzar un pacto local para todo el Estado, que clarifique y potencie el papel de los ayuntamientos.Tambi¨¦n en la teor¨ªa, muchos parecen estar de acuerdo en que hay que reforzar las competencias de las corporaciones locales, para lo que este gran acuerdo nacional ser¨ªa un instrumento de extraordinaria validez.

Sin embargo, en la pr¨¢ctica, mientras s¨ª que se ha ido avanzando en la configuraci¨®n del Estado de las autonom¨ªas, el de las ciudades se ha estancado y, ¨²ltimamente, est¨¢ retrocediendo de un modo sumamente preocupante.

Todo lo que ha hecho el Partido Popular desde que gobierna la naci¨®n ha ido en detrimento del poder municipal. As¨ª lo demuestran decretos y decretos-ley promulgados por el Ejecutivo que encabeza el se?or Aznar sobre el suelo, las funerarias o el ¨²ltimo, de fecha 11 de abril, relativo al impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI). Si a esto a?adimos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley del Suelo, tenemos razones m¨¢s que suficientes para creer que la derecha est¨¢ atentando gravemente contra el municipalismo, al vaciar los ayuntamientos de competencias, lo cual significa atacar de forma muy dura y peligrosa una de las patas vertebradoras de nuestro sistema democr¨¢tico.

En definitiva, podemos asegurar que la alarma est¨¢ encendida y que, tras 18 a?os desde las primeras elecciones municipales, los ayuntamientos est¨¢n en peligro de subsumirse en el s¨®tano del edificio constitucional.

Con la pol¨ªtica del PP, las competencias de las administraciones locales pueden quedar limitadas a barrer las calles y arreglar los sem¨¢foros, del mismo modo que, por ejemplo en Madrid, han convertido las juntas de distrito en meros buzones de sugerencias, sin ning¨²n poder de decisi¨®n y cada vez m¨¢s lejos de las necesidades de la ciudadan¨ªa. Significativo ha sido tambi¨¦n el debate sobre el Nuevo Plan General (NPG) habido en este Ayuntamiento, cuyas posiciones han salido estrepitosamente derrotadas en favor de las que defend¨ªa la Comunidad de Madrid. Una vez m¨¢s desde que gobierna la derecha en esta ciudad, el orgullo de nuestra instituci¨®n ha quedado muy malherido.

Es evidente que hoy m¨¢s que nunca precisamos ese pacto consensuado por todas las fuerzas pol¨ªticas que ponga a los ayuntamientos en el lugar que les corresponde, si creemos, como J. Jacobs, que "unas ciudades estancadas por el lastre del pasado coartan de ra¨ªz el desarrollo y el florecimiento de sociedades y civilizaciones". Si permitimos que nuestras ciudades queden relegadas y sus administraciones vac¨ªas de competencias, corremos el riesgo de perjudicar irreversiblemente el futuro de nuestra sociedad.

Un pacto local tiene que concretar la responsabilidad de los municipios que, a mi juicio, debe ser plena en materia de urbanismo, infraestructuras, educaci¨®n y servicios sociales.

Si incrementamos las tareas que deben acometer los ayuntamientos, hemos de aumentar a la par su financiaci¨®n, teniendo en cuenta tambi¨¦n su ya tradicional corresponsabilidad fiscal. No debemos olvidar que impuestos como el IBI son recaudados por las corporaciones locales, las cuales, adem¨¢s, fijan sus propias tasas y precios p¨²blicos.

El objetivo del acuerdo que proponemos debe ser distribuir los recursos en una proporci¨®n del 50% para el Estado, un 25% para las comunidades aut¨®nomas y el 25% restante para los gobiernos de las ciudades.

La realidad nos demuestra que no se ha avanzado en esta direcci¨®n y que, en el reparto, los ayuntamientos han sido los grandes perjudicados. Desde 1982 no se han modificado sustancialmente sus recursos, mientras que los de las autonom¨ªas se han multiplicado por tres. Es tiempo de reivindicar competencias para la administraci¨®n local, pero ¨¦stas carecer¨ªan de contenido sin medios para acometerlas.

El otro gran objetivo de este pacto local que propugnamos es desarrollar el municipalismo, como manera eficaz de profundizar y avanzar en nuestro sistema democr¨¢tico. Desde un punto de vista progresista, el municipalismo es sin¨®nimo de participaci¨®n ciudadana y un fen¨®meno cuya naturaleza contribuye al desarrollo de los valores de solidaridad, algo que los socialistas nos preocuparnos por llevar a cabo cuando gobernamos los ayuntamientos. Como dec¨ªa Enrique Tierno Galv¨¢n en uno de sus famosos bandos, "tenemos los regidores de las ciudades la obligaci¨®n de comunicar y hacer part¨ªcipes a nuestros naturales y vecinos de las claras y honestas ideas que para mejor vivir en com¨²n sirven".

El pr¨®ximo congreso del PSOE es una ocasi¨®n inmejorable para abrir un debate que sirva para reactivar el municipalismo. Los socialistas siempre hemos apostado por los ayuntamientos porque son el medio m¨¢s directo de participaci¨®n para el ciudadano y porque sabemos que fomentar el poder de las corporaciones locales sirve para ahondar en lo com¨²n y desterrar diferencias, y nunca contribuye a un indeseable desmembramiento del Estado.

Considero esencial para acu?ar este gran acuerdo sobre el poder de las ciudades mejorar la gobernabilidad de las mismas. Para ello es preciso reforzar el poder ejecutivo del alcalde, establecer la cuesti¨®n de confianza que todav¨ªa no existe en los ayuntamientos y considerar mayor¨ªa los 3/5 de esta c¨¢mara a la hora de plantear mociones de censura.

La capacidad competencial de los alcaldes debe existir tambi¨¦n en materia de seguridad, para lo que tendr¨ªamos que plantear un modelo diferente al actual en nuestras ciudades.

No tiene mucho sentido que los ayuntamientos no puedan responder a las inquietudes de los vecinos, que son tantas y tan justificables en este aspecto. Por tanto, los municipalistas de izquierdas, cuando menos, debemos abrir este debate, al que, desde aqu¨ª, quiero hacer una aportaci¨®n atrevida. Dejemos que sean los alcaldes los que coordinen las fuerzas de seguridad y las polic¨ªas locales de su ciudad, sin que esto perturbe sus cadenas de mando. Demos algunas competencias a las corporaciones locales tambi¨¦n en lo que se refiere a la implantaci¨®n de la justicia. Para ello propongo que existan juzgados de paz municipal, de barrio o de distrito que puedan imponer sanciones a quienes cometen infracciones de tr¨¢fico o aquellas que se producen en la convivencia ciudadana. Esto en cuanto al orden penal. En el orden civil, estos juzgados de las ciudades pueden atender a las peque?as reclamaciones de cantidad.

El gobierno municipal mejorar¨ªa tambi¨¦n si se cambiara la ley electoral. Estoy convencido de que los vecinos se sentir¨ªan mejor representados si pudieran elegir a sus concejales por un sistema mixto de listas abiertas. Para las grandes ciudades es preciso hacer una ley que resuelva el insuficiente n¨²mero de ediles que hoy tienen y que facilite la elecci¨®n de concejales por distrito. Por ¨²ltimo, otras medidas que favorecer¨ªan la eficacia de las administraciones locales pasan por la reforma de la Comisi¨®n Nacional de Administraci¨®n Local prevista en la Ley de Bases de R¨¦gimen Local o una mayor utilizaci¨®n de los consorcios.

Finalmente, una concepci¨®n progresista de los ayuntamientos pasa por su descentralizaci¨®n y democratizaci¨®n. A tal fin considero conveniente regular la iniciativa ciudadana, y dentro de ella la que permite que los vecinos propongan ordenanzas municipales, implantar el refer¨¦ndum municipal y la consulta ciudadana, crear consejos consultivos municipales para cada ¨¢rea de gesti¨®n y sustituir el ineficaz tr¨¢mite de los periodos de informaci¨®n p¨²blica previos a la aprobaci¨®n de los presupuestos y las ordenanzas por una audiencia p¨²blica anual.

El debate est¨¢ abierto y es necesario desarrollarlo de un modo valiente y decidido. Si el Gobierno del PP consigue que las ciudades pierdan el tren de la historia, perderemos todos y, sobre lo dem¨¢s, la gran perjudicada ser¨¢ la democracia. Por eso, hoy m¨¢s que nunca es imprescindible consensuar un gran pacto local y, en el futuro, recuperar los ayuntamientos para Gobiernos progresistas que vuelvan a abrir sus puertas a los ciudadanos.