Los abogados de Sogecable no creen adecuada ni conforme a derecho la decisi¨®n de Lia?o
, Horacio Oliva y Antonio Gonz¨¢lez Cuellar, abogados de Sogecable, han presentado un escrito al juez Javier G¨®mez de Lia?o en el que se?alan que su decisi¨®n de consultar al fiscal y las acusaciones para emprender acciones contra un tribunal superior "no resulta, adecuada ni conforme a derecho". Los letrados han pedido al juez que suspenda las declaraciones del presidente de Sogecable, Jes¨²s de Polanco, y la del consejero delegado, Juan Luis Cebri¨¢n, previstas para los d¨ªas 19 y 20 de este mes, por el escaso tiempo que se les ha dado para acceder al sumario.
Aunque G¨®mez de Lia?o no ped¨ªa a las defensas del caso Sogecable opini¨®n sobre si debe actuar penalmente contra los magistrados que le han desautorizado, los abogados de Sogecable han presentado un escrito -de acuerdo con el principio de "igualdad de armas" en el proceso- en el que califican de "impecable" la resoluci¨®n del tribunal que ordenaba al juez que levantase el secreto de las actuaciones. El amparo dispensado por la Sala a los derechos fundamentales de los imputados en este procedimiento "es expresi¨®n de la realizaci¨®n del valor de la Justicia que dispensa iguales garant¨ªas para todos los ciudadanos", dice el escrito.
Y a?ade que no es posible invocar el art¨ªculo 408 de la ley del Poder Judicial [que establece la obligaci¨®n de comunicar al tribunal competente los posibles delitos cometidos por jueces] porque la Secci¨®n Segunda de la Sala de lo Penal, superior jer¨¢rquico del instructor, "nunca ha podido incurrir en ilicitud de signo alguno por el mero hecho de revocar una decisi¨®n de un ¨®rgano a ella subordinado".
Los letrados entienden que la actuaci¨®n de G¨®mez de Lia?o es contraria al mandato del precepto legal que el propio juez invoca, puesto que la norma no establece que el juez recabe la opini¨®n de las partes, sino s¨®lo del fiscal. "El legislador, sabiamente," concluye el escrito, "dispuso que las partes queden al margen de esta cuesti¨®n con la finalidad de evitar incitaciones y excitaciones espurias que pudieran anidar en algunos planteamientos".
Supuesta parcialidad
El abogado Manuel Murillo, uno de los acusadores contra el Consejo de Sogecable, declar¨® ayer que los magistrados que revisan las actuaciones de G¨®mez de Lia?o "no act¨²an con toda la imparcialidad exigible", actitud que atribuye a un "conflicto personal" surgido como consecuencia' de una supuesta denuncia de Lia?o, cuando estaba destinado en el Poder Judicial, contra dos de los magistrados de la Secci¨®n Segunda por el retraso en juzgar a un grupo de etarras.
Murillo se refiere al caso del comando Matalaz de ETA. Pero no fue Lia?o, sino Pascual Sala, que era presidente del organismo, quien adopt¨® la iniciativa de investigar el retraso en juzgar al comando y que depar¨® en la puesta en libertad de varios de ellos. Dos magistrados, efectivamente, fueron expedientados, pero no por la actuaci¨®n de G¨®mez de Lia?o, y el caso se archiv¨® sin sanci¨®n alguna por la Comisi¨®n Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial el 25 de enero de 1996.
Los dos magistrados en cuesti¨®n eran los ponentes del caso Matalaz, Jorge Campos y Manuel Trenzado. S¨®lo Campos forma parte todav¨ªa de la citada Secci¨®n Segunda, mientras que el presidente de la misma, Fernando Garc¨ªa Nicol¨¢s, y el magistrado Jos¨¦ Ricardo de Prada se incorporaron al tribunal con posterioridad.
El letrado no parece tener en cuenta que los dos autos en los que se han revocado decisiones de G¨®mez de Lia?o en el caso Sogecable fueron adoptados por unanimidad y que las dos resoluciones fueron redactadas por Garc¨ªa Nicol¨¢s y De Prada, los dos magistrados que ninguna relaci¨®n tendr¨ªan con una hipot¨¦tica enemistad con Lia?o.
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