Ceguera de la pol¨ªtica

Hace varios a?os me lo se?al¨® un profesor extranjero, con ocasi¨®n de una investigaci¨®n compartida en Espa?a: nunca hab¨ªa encontrado un pa¨ªs en donde se mostrara tan claramente la incapacidad de pensar las comunicaciones, la televisi¨®n especialmente, como econom¨ªa y empresa, y en donde la pol¨ªtica deformara hasta tal punto la ¨®ptica en este campo. Se evidenciaba as¨ª la pesada herencia del franquismo y de su prolongada manipulaci¨®n de la televisi¨®n como poder partidista, lejos de todo inter¨¦s de Estado y de toda concepci¨®n de servicio p¨²blico.La pol¨ªtica de comunicaci¨®n de los Gobiernos ucedistas y socialistas ha estado aquejada durante las dos ¨²ltimas d¨¦cadas de este mal. Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular, con su fren¨¦tico ritmo de decisiones en el a?o transcurrido, ha puesto de manifiesto ese s¨ªndrome m¨¢s intensamente que nunca. El cable y el sat¨¦lite, dos tecnolog¨ªas fundamentales en las que Espa?a ocupa uno de los ¨²ltimos puestos de Europa, son tambi¨¦n terrenos privilegiados de prueba de esa ceguera pol¨ªtica.

En las telecomunicaciones por cable, los Gobiernos socialistas fueron incapaces de generar una regulaci¨®n que impulsara ese sector hasta la ley pactada al final de la anterior legislatura. Pero el Partido Popular, que se neg¨® a apoyarla y desencaden¨® una ofensiva electoralista de concesiones municipales, ha paralizado hasta hoy ese soporte por la doble v¨ªa reglamentaria de impedir su acceso a Telef¨®nica y de prohibir la competencia telef¨®nica en ese soporte durante un dilatado plazo. El resultado es hoy evidente: las enormes expectativas de hace un a?o sobre este soporte se han difuminado.

Pero las decisiones m¨¢s aberrantes se centran en el reglamento de "liberalizaci¨®n" de las emisiones digitales por sat¨¦lite y en la regulaci¨®n propuesta de la transmisi¨®n d¨¦ competiciones deportivas. Se ignora aqu¨ª que el abonado no adquiere un descodificador si no es vinculadamente a una oferta concreta y atractiva. De forma que el objetivo oficial de compatibilizar los sistemas de descodificaci¨®n pod¨ªa haberse conseguido con f¨®rmulas de negociaci¨®n y arbitraje entre las empresas actuales y futuras, sin eliminar el beneficio industrial. Mientras que la cesi¨®n de una red al competidor a tarifas sujetas "a costes" no s¨®lo frenar¨ªa el desarrollo de ese mercado, sino que se revela indefinible e inviable (?costes del descodificador, de la publicidad y el marketing, de la facturaci¨®n y la gesti¨®n de los pagos?). La misma "inmovilizaci¨®n" de las fianzas por descodificador s¨®lo servir¨¢ para invitar a las empresas a practicar su venta o a encarecer el alquiler, perjudicando al consumidor y retrasando el desarrollo del sector.

La ins¨®lita reglamentaci¨®n propuesta para las retransmisiones deportivas tiene todav¨ªa m¨¢s objeciones econ¨®micas. No s¨®lo porque esta declaraci¨®n de "inter¨¦s general" del f¨²tbol proceda, parad¨®jicamente, de un Gobierno que proclama el fin del servicio p¨²blico radiotelevisivo y su voluntad de dejar el cine espa?ol y europeo a la suerte del mercado, sino por la profunda falta de comprensi¨®n que supone: ignorancia sobre la econom¨ªa de la televisi¨®n abierta con publicidad a la que absurdamente se insiste en calificar de "gratuita" cuando no es m¨¢s que un mercado financiado por un "impuesto indirecto" del consumidor; y desconocimiento de que el f¨²tbol y la televisi¨®n son dos sectores econ¨®micos en continuo proceso de desregulaci¨®n, privatizaci¨®n y mercantilizaci¨®n. Una relaci¨®n simbi¨®tica en la que el f¨²tbol (con las federaciones y ligas como cartel de precios) ejerce una posici¨®n dominante frente a las cadenas de televisi¨®n en competencia, como prueban unos precios de exclusivas eh ascenso geom¨¦trico que s¨®lo puede pagar la televisi¨®n mediante la compartici¨®n de esos derechos entre emisiones con publicidad, pago por abono (pay TV) y pago por visi¨®n (pay per view), al menos hasta que, dentro de muchos a?os, las f¨®rmulas de pago logren un mercado enorme. As¨ª que la regulaci¨®n general de las emisiones deportivas "gratuitas" y de su impedimento en pago por visi¨®n es, en el mejor de los casos, in¨²til, adem¨¢s de suponer un nuevo freno al desarrollo del sat¨¦lite y del cable en Espa?a. Y el incremento de las subvenciones al f¨²tbol -v¨ªas IVA o quinielas- alcanzar¨ªa la total irracionalidad econ¨®mica.

Ambas decisiones gubernamentales se han cobijado en una presunta lucha contra el monopolio de la informaci¨®n que dif¨ªcilmente puede servir como justificaci¨®n. Porque las f¨®rmulas habituales de televisi¨®n de pago por sat¨¦lite dan una escasa relevancia a la informaci¨®n pol¨ªtica y, por la naturaleza minoritaria y segmentada de sus mercados, no se solapan con los medios cl¨¢sicos de comunicaci¨®n. Adem¨¢s, es dif¨ªcil pensar en un monopolio sobre un mercado al que llegan cada vez m¨¢s actores por m¨²ltiples soportes tan complementarios como competitivos, como muestra en su informe anual la Comisi¨®n Federal de Comunicaciones estadounidense al contemplar lo que considera un mercado de conjunto, el Multichannel Video Programming Distributor: redes y servicios del cable (b¨¢sico y premium), sat¨¦lite, redes de microondas (MMDS), antenas colectivas (SMATV) y hasta los servicios de v¨ªdeo por telefon¨ªa local, y ello sin contar todav¨ªa con la digitalizaci¨®n de las ondas hercianas terrestres que abrir¨¢ seguramente una nueva v¨ªa de entrada y competencia. Por tanto, ese pretexto -sin reglas generales y objetivas, y con medidas arbitrarias y ad hominem- s¨®lo sirve para pervertir esos principios de pluralismo, para prostituirlos al servicio de objetivos pol¨ªticos inconfesables y para impedir, en definitiva, la adopci¨®n de una regulaci¨®n progresista en ese campo.

El cable y el sat¨¦lite deber¨ªan ser contemplados en este pa¨ªs, por fin, como elementos claves del desarrollo econ¨®mico y social, sin necesidad de visiones mitol¨®gicas. Y la televisi¨®n de pago deber¨ªa ser considerada como el motor imprescindible a corto plazo (doble crecimiento anual que la inversi¨®n publicitaria), pero nunca como el ¨²nico factor de las nuevas redes y servicios de informaci¨®n. Sin olvidar ciertamente sus dimensiones culturales y pol¨ªticas, que s¨®lo sobre una base econ¨®mica realista pueden cimentarse. Pero ello implicar¨ªa una pol¨ªtica de Estado, pactada entre los principales partidos parlamentarios y que abarcara el dise?o de un sistema competitivo, pero equilibrado, en las telecomunicaciones y en el audiovisual, entre las redes y los contenidos, hacia el mercado nacional y europeo y hacia los pa¨ªses de Am¨¦rica Latina. Y exigir¨ªa un claro apoyo a todas las empresas espa?olas en ese terreno, pymes incluidas, con criterios objetivos, caigan o no "simp¨¢ticas" pol¨ªticamente a cada partido. Inevitablemente, la mayor responsabilidad en esa tarea recae en el Gobierno y en el Ministerio de Fomento, que tendr¨¢ que dar cuenta hasta de su propio nombre si persiste en esa omisi¨®n hist¨®rica.

Enrique Bustamante es catedr¨¢tico de Comunicaci¨®n Visual y Publicidad en la U. Complutense, y profesor de Econom¨ªa y Empresa Audiovisual.