El jefe de la Armada mantuvo una 'caja b' en el arsenal de La Carraca

El jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Juan Jos¨¦ Romero Caramelo, mantuvo una caja b, alimentada con los beneficios obtenidos en operaciones de car¨¢cter irregular, mientras estuvo al frente del arsenal militar de La Carraca (C¨¢diz), entre febrero de 1991 y octubre de 1992. Aunque no se trata de lucro personal, estos fondos extrapresupuestarios estaban expresamente prohibidos por una orden de enero de 1988 por el entonces titular de Defensa, Narc¨ªs Serra.

El pasado 13 de diciembre, el Tribunal Militar Central conden¨® a un a?o y seis meses de prisi¨®n, respectivamente, al capit¨¢n de nav¨ªo Jos¨¦ Antonio Garrido y al sargento primero Enrique Mart¨ªn, por la venta a particulares de casi 40.000 litros de gas¨®leo contaminado, procedentes de unos patrulleros dados de baja.Durante la declaraci¨®n que, en abril de 1993, prest¨® Garrido ante el juez militar que instru¨ªa el sumario, revel¨® otras irregularidades, aparte de las que eran objeto de investigaci¨®n. En concreto, el militar, que ocupaba en aquella ¨¦poca el cargo de ayudante mayor de La Carraca, explic¨® que entre 1990 y 1992 se vendieron 21.872 litros de combustible a los astilleros de Baz¨¢n contiguos al arsenal, a un precio de 65 pesetas el litro, lo que totaliza 1.421.680 pesetas.

Seg¨²n la declaraci¨®n de Garrido, "los suministros de gas¨®leo del arsenal a la Empresa Nacional Baz¨¢n se hac¨ªan por un acuerdo, probablemente verbal, entre el almirante jefe del arsenal y el director de dicha empresa".

Preguntado por el Fiscal sobre la identidad de los almirantes que "han mantenido en vigor dicho acuerdo y, por lo tanto, han autorizado dichos suministros", Garrido cit¨® a Mackinlay Leiceaga, Romero Caramelo y Benitez Loring, si bien matiz¨® que este ¨²ltimo "no ha mantenido este convenio y, por tanto, durante su mandato se ha acabado todo tipo de suministro a la Empresa Nacional Baz¨¢n por parte del arsenal de La Carraca".

El ayudante mayor agreg¨® que el dinero obtenido de estas ventas se ingresaba en un fondo extrapresupuestario administrado por ¨¦l mismo, con el que se sufragaron peque?as obras, compra de herramientas y reparaciones para el arsenal.En marzo de 1991, dijo Garrido, el fondo lleg¨® a contar con 4.200.000 pesetas, pero se fue reduciendo progresivamente hasta que, en octubre de 1992, coincidiendo con el relevo de Romero Caramelo, "qued¨® pr¨¢cticamente liquidado, teniendo desde el citado mes un remanente cero".

Seg¨²n el ayudante mayor, el dinero guardado en esta caja b estaba controlado", conserv¨¢ndose las facturas de ingresos y gastos, si bien exist¨ªa "un libro de cuentas que fue destruido cuando el fondo qued¨® a cero".

Las declaraciones de Garrido fueron ratificadas por el jefe de la Asesor¨ªa Jur¨ªdica de Baz¨¢n, quien explic¨® al juez que, a finales de 1989 o principios de 1990, el astillero cerr¨® el surtidor de gas¨®leo que ten¨ªa y el director de la factor¨ªa, Manuel P¨¦rez Fern¨¢ndez, lleg¨® a un acuerdo con el jefe de La Carraca, Juan Mackinlay, para que permitiese repostar en el arsenal a los veh¨ªculos industriales de la empresa.

Est¨¢ acreditada la venta de combustible a Baz¨¢n desde noviembre de 1990 hasta julio de 1992, ingres¨¢ndose 250.625 pesetas bajo el mandato de Mackinley y 1.170.975 pesetas en la etapa de Romero Caramelo.

Caramelo no regulariz¨®

Los hechos descritos suponen, al menos, tres irregularidades: el suministro de combustible propiedad de la Armada a una empresa, aunque p¨²blica, mediante un mero acuerdo verbal; el hecho de que estos suministros no se declarasen oficialmente, sino que se hiciese creer que se trataba de gas¨®leo consumido por la unidad militar; y, finalmente, que los beneficios obtenidos de la venta, en vez de ingresarse al Tesoro, se los quedara el arsenal para sus propios gastos.La existencia de los llamados "fondos extrapresupuestarios" tiene una larga tradici¨®n en las unidades de la Armada y su legalidad estaba sujeta a controversia hasta que, el 13 de enero de 1988, Narc¨ªs Serra dict¨® una orden ministerial que los prohib¨ªa taxativamente, se?alando que los gastos imprevistos y urgentes se financiar¨ªan mediante anticipos de caja, con cargo al presupuesto. La misma orden se?alaba que los ingresos externos que pudieran tener las unidades deb¨ªan remitirse semestralmente al Fondo de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa.?ste es, precisamente, el punto m¨¢s d¨¦bil en la conducta de Romero Caramelo. Seg¨²n el auto del Tribunal Militar Central que archiv¨® definitivamente la investigaci¨®n, el almirante, que tom¨® el mando de La Carraca en febrero de 1991, no se enter¨® de la existencia de las ventas a Baz¨¢n hasta "finales del mes de octubre o primeros de noviembre del citado a?o [ ...], ordenando en tal sentido el cese inmediato de dichos suministros".

"Sin embargo," agrega el auto, "no consta que se dieran instrucciones u ¨®rdenes claras por parte de dicho mando superior en cuanto al destino que hab¨ªa de darse a las cantidades ingresadas hasta entonces o pendientes de ingresar, siendo lo cierto que, a partir de octubre de dicho a?o y hasta el mismo mes del a?o siguiente [cuando se marcha Caramelo], se producen diversas adquisiciones de materiales para obras diversas o pagos por servicios concretos que se sufragaron con cargo a tales sumas".

Es decir, tras conocer la existencia de la caja b, Romero Caramelo no procedi¨® a regularizar la situaci¨®n, ingresando al Tesoro el dinero guardado en el fondo, sino que ¨¦ste se sigui¨® utilizando para atender gastos de la unidad, contraviniendo la orden ministerial de enero de 1988.

En realidad, ni siquiera la suspensi¨®n de los suministros fue definitiva: aunque se interrumpi¨® en diciembre de 1991, en julio de 1992 se vendieron otros 2.200 litros de combustible a Baz¨¢n, que pag¨® 143.000 pesetas.