La abogac¨ªa del Estado solicita diligencias previas a un juicio de cuentas contra el presidente del ICO

El Servicio Jur¨ªdico del Estado ha propuesto la apertura de diligencias previas a un juicio de cuentas contra el presidente del Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO), Fernando B¨¦cker, por presuntas irregularidades contables. La abogac¨ªa del Estado trata de aclarar las responsabilidades de B¨¦cker en la ejecuci¨®n de un aval y un pr¨¦stamo a la empresa p¨²blica Crystaloid en su etapa de consejero de Econom¨ªa de la Junta de Castilla y Le¨®n, en 1993, cuando ya era presidente Juan Jos¨¦ Lucas (PP). La empresa fue constituida en 1989, siendo entonces consejero Miguel P¨¦rez Villar.

La petici¨®n de apertura de diligencias previas a un juicio de cuentas a B¨¦cker ha sorprendido en la c¨²pula del Partido Popular. B¨¦cker dispone de un importante prestigio y est¨¢ considerado como uno de los mayores especialistas del PP en materia de financiaci¨®n auton¨®mica. En la primavera del a?o pasado form¨® parte de la delegaci¨®n que negoci¨® con los nacionalistas el pacto de investidura de Aznar.La petici¨®n de diligencias previas a un juicio de cuentas la notific¨® la presidenta del Tribunal de Cuentas, Milagros Garc¨ªa Crespo, en la comisi¨®n mixta Congreso-Senado del pasado jueves en la respuesta a una pregunta del senador socialista por Castilla y, Le¨®n Octavio Granados. ?ste, pregunt¨® a la presidenta si las operaciones irregulares referentes a la empresa p¨²blica Crystaloid, que reconoc¨ªa el informe del Tribunal de Cuentas de 1993 sobre la Junta de Castilla y Le¨®n, hab¨ªan dado origen a alg¨²n procedimiento por parte del citado tribunal.

La presidenta del Tribunal de Cuentas confirm¨® que hab¨ªa una petici¨®n de "pieza separada", propuesta por el Servicio Jur¨ªdico del Estado, referente a irregularidades en la concesi¨®n y ejecuci¨®n de un aval a esa empresa por parte de la Junta de Castilla y Le¨®n, recogido en el informe del Tribunal de Cuentas de 1993.

La irregularidades a que se refiere el informe del Tribunal de Cuentas se concretan en la ejecuci¨®n del aval que la Junta de Castilla y Le¨®n, cuyo consejero de Econom¨ªa era Fernando B¨¦cker, concedi¨® a Crystaloid por valor de 294 millones de pesetas, cuya situaci¨®n de hecho era de quiebra. Asimismo, el informe del tribunal responsabiliza a la Junta de Castilla y Le¨®n por el hecho de que la citada empresa p¨²blica concertara posteriormente una deuda por 350 millones sin que la Junta le concediera autorizaci¨®n.

Crystaloid, empresa de fabricaci¨®n de cristales l¨ªquidos, fue un gran fiasco desde su creaci¨®n en 1989, siendo Miguel P¨¦rez Villar consejero de Econom¨ªa de la Junta de Castilla y Le¨®n, y una mala herencia para su sucesor, Fernando B¨¦cker. Las negociaciones se iniciaron siendo presidente de la Junta Jos¨¦ ' Mar¨ªa Aznar, ahora presidente del Gobierno central. Cuando el Tribunal de Cuentas analiz¨® en 1993 los balances de la sociedad encontr¨® unas p¨¦rdidas de 639 millones y unos ingresos de s¨®lo 93 millones. La empresa fue participada en 1995 por la multinacional ATT.

La formaci¨®n de "pieza separada" solicitada por el Servicio Jur¨ªdico del Estado ante este caso implica, seg¨²n el art¨ªculo 45 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas de abril de 1988, la posibilidad de "responsabilidades contables". La finalidad de la "pieza separada" es "concretar los hechos, los posibles responsables, tanto directos como subsidiarios, y el importe total de los perjuicios ocasionados a los cuales o efectos p¨²blicos, cuando as¨ª resultare de lo actuado en el procedimiento fiscalizador de que se trate".

El apartado segundo del citado art¨ªculo 45 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas se?ala que "una vez ultimada (la pieza separada) se remitir¨¢ a la Secci¨®n de Enjuiciamiento a efectos de la iniciaci¨®n del oportuno juicio de cuentas". La presidenta del Tribunal de Cuentas manifest¨® el jueves pasado: '.'Hay una petici¨®n de pieza separada, que est¨¢ pendiente de acordar". Esta decisi¨®n corresponder¨¢ al plenario del Tribunal de Cuentas.

En cuanto a las posibles consecuencias jur¨ªdicas, lo recoge el art¨ªculo 71 de la misma Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, referente a la sentencia condenatoria. En su apartado d) especifica: "La condena al pago de la suma en que se cifre la responsabilidad contable, con sujeci¨®n a lo prevenido en la especificaci¨®n primera". Y en su apartado e) a?ade: "La condena al pago de los intereses, calculados con arreglo a los tipos legalmente establecidos y vigentes el d¨ªa en que se consideren producidos los da?os y perjuicios".