El Gobierno valenciano ampl¨ªa el control pol¨ªtico sobre las cajas de ahorros

La tramitaci¨®n parlamentaria del proyecto de ley de cajas de la Generalitat valenciana, que preside Eduardo Zaplana (PP), entra en su recta final. Hoy se inicia el debate de las enmiendas parciales al proyecto de ley, cuya aprobaci¨®n est¨¢ prevista para mediados o finales de junio.Todo ello en medio de un' fuerte debate, puesto que algunos de sus preceptos han sido puestos en tela de juicio por informes redactados por el bufete Cuatrecasas y por el jurista Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa. El texto tambi¨¦n ha recibido varapalos de la oposici¨®n, los sindicatos, los colectivos de impositores y entidades fundadoras e incluso la Federaci¨®n Valenciana de Cajas de Ahorro.

Uno de los aspectos m¨¢s pol¨¦micos de la futura ley es el incremento de la presencia de representantes pol¨ªticos en los ¨®rganos de direcci¨®n de las cajas. La nueva distribuci¨®n de los componentes de las asambleas de las cajas que recoge el proyecto de ley de Zaplana concede a las corporaciones locales un 28% de la representaci¨®n.

Unido al 28% de consejeros que se reserva la Generalitat, elevar¨ªa a un 56% la presencia de las Administraciones p¨²blicas en las entidades de dep¨®sito de la Comunidad Valenciana (Bancaixa, CAM, Caixa Ontinyent y Caixa Carlet). Estas entidades suman un activo superior a los tres billones y medio de pesetas y 8.000 empleados.

El Gobierno de Zaplana ha insistido hasta la saciedad en que tres sentencias del Tribunal Constitucional avalan esta reforma de la ley aprobada por el anterior Gobierno socialista en 1991.

Un dictamen del catedr¨¢tico en Derecho Administrativo Eduardo Garc¨ªa de Enterr¨ªa afirma que la introducci¨®n de nuevos grupos y la fijaci¨®n de porcentajes distintos a los establecidos en la LORCA (Ley de Regulaci¨®n de los Organos Rectores de las Cajas de Ahorros) han motivado la presentaci¨®n de recursos de inconstitucionalidad contra leyes similares en Murcia, Cantabria, Catalu?a, Canarias y Ar¨¢g¨®n.

El catedr¨¢tico advierte que tras estas tensiones se esconde a menudo el intento del poder pol¨ªtico de abrir cauces para apoderarse de las cajas. En el caso de la Comunidad Valenciana, la Administraci¨®n necesita con urgencia financiaci¨®n para llevar a cabo proyectos como el parque tem¨¢tico de Benidorm o una nueva universidad en Elche (Alicante).

Garc¨ªa de Enterr¨ªa, bas¨¢ndose en la doctrina del Constitucional, reconoce la potestad de las comunidades para introducir nuevos grupos de representaci¨®n, siempre que se justifique socialmente. Ahora bien, tambi¨¦n subraya que este margen tiene que "respetar una representaci¨®n efectiva de los grupos socia les y un equilibrio razonable entre ellos". La reforma de la ley valenciana, ambigua en sus inicios, ha concretado (obligada por los sucesivos dict¨¢menes jur¨ªdicos) art¨ªculos tan vitales como qui¨¦n elige a los consejeros de la Generalitat. La potestad ha reca¨ªdo en el Parlamento aut¨®nomo.