Los Gobiernos socialistas reclaman que la UE destine fondos para pol¨ªticas activas de empleo
El acceso de Lionel Jospin al Gobierno de Francia ha dado un nuevo impulso al debate sobre la reforma del Tratado de Maastricht, justo cuando entra en su fase final. Ha aumentado la presi¨®n socialista para una Europa social. Es decir, para dotar del m¨¢ximo contenido posible a la inclusi¨®n del empleo en el nuevo Tratado: no s¨®lo como un objetivo gen¨¦rico, sino consagrando mecanismos financieros concretos para desarrollar pol¨ªticas activas. Son ya 12 los Gobiernos -todos, salvo Espa?a, Alemania y el Reino Unido- partidarios de establecer "incentivos" comunitarios al fomento del empleo.
La reforma, que deber¨ªa aprobarse en la cumbre de Amsterdam los pr¨®ximos d¨ªas 16 y 17, lleg¨® a la ebullici¨®n en pol¨ªtica social y cuestiones de Justicia e Interior el viernes, en la sesi¨®n de los representantes personales de los ministros en la Conferencia Intergubernamental (CIG). La reuni¨®n se reanuda ma?ana, a una de caballo con objeto de tener los textos a punto para Amsterdam.Los Quince se han resignado ya a cambios institucionales muy modestos, sobre todo porque no se atreven a romper el statu quo en la configuraci¨®n de la Comisi¨®n al menos hasta el a?o 2.000. Ello implica aplazar bastante tiempo la ampliaci¨®n de la Uni¨®n Europea (UE) al Este, que era el objetivo t¨¦orico de la CIG: preparar la casa para que acoja a nuevos inquilinos. ?sta no ser¨¢ pues la reforma de la ampliaci¨®n -aunque de alg¨²n pasito hacia ella-, sino de la profundizaci¨®n en las asignaturas que Maastricht dej¨® pendientes: la dimensi¨®n social que complete la uni¨®n monetaria y la libre circulaci¨®n de personas que ahonde la dimensi¨®n ciudadana de la Uni¨®n.
Pues bien, hasta ahora, el consenso sobre la dimensi¨®n social se centraba en incorporar al Tratado un cap¨ªtulo dedicado al empleo, Pero quedaba la espinosa cuesti¨®n de los recursos financieros. La llegada de Jospin al poder en Francia reforz¨® en las dos ¨²ltimas sesiones de la CIG una propuesta formulada por Austria, Dinamarca y B¨¦lgica y recogida por la presidencia holandesa. A saber, que el Consejo, por mayor¨ªa cualificada, pueda "adoptar medidas incentivadoras referentes al empleo". Es decir, financiar pol¨ªticas activas y programas a quienes mejor cumplan los planes de empleo anuales y mejor sigan las recomendaciones comunes.
Con Francia, son ya 12 los pa¨ªses que apoyan esta idea. Alemania se opuso nuevamente el viernes, alegando el papel de los l?nder en la pol¨ªtica de empleo. En el fondo teme tener que rascarse m¨¢s el bolsillo. El Reino Unido, pese al laborismo de Blair, sigue receloso creyendo quiz¨¢ que ya ha hecho bastante al aceptar la ampliaci¨®n de los derechos laborales que supone el Protocolo Social.
Y Espa?a tambi¨¦n "rechaza los incentivos" al empleo, afirma, categ¨®rico, el representante espa?ol, Javier Elorza. Aunque no es por filosof¨ªa, sino por dinero. Argumenta que los incentivos del Protocolo Social se deciden por unanimidad y no por mayor¨ªa.Pero su raz¨®n de fondo estriba en que, como nadie quiere aumentar el presupuesto comunitario, los recursos financieros para el empleo deber¨¢n extraerse de otras l¨ªneas presupuestarias.
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