Perote y el resto

DOS A?OS despu¨¦s de su detenci¨®n, hoy se inicia el juicio contra el coronel Juan Alberto Perote, ex n¨²mero dos del servicio secreto espa?ol, acusado de un delito de revelaci¨®n de secretos, por el que podr¨ªa ser condenado a 10 a?os de c¨¢rcel. No es habitual que en la jurisdicci¨®n militar se demore tanto el inicio del juicio oral. Si ha ocurrido en este caso es por los numerosos recursos dilatorios planteados por el abogado del procesado, Jes¨²s Santaella, que lo es tambi¨¦n del ex banquero Mario Conde. Un ¨²ltimo recurso presentado hace 10 d¨ªas podr¨ªa dar lugar a la suspensi¨®n del juicio una vez iniciado. Ese recurso plantea la nulidad de la causa, dado que el acuerdo del Consejo de Ministros (de 1996) que declar¨® secreto todo lo relacionado con el Cesid no lleg¨® a publicarse en el Bolet¨ªn Oficial del Estado.Las garant¨ªas procesales deben respetarse en todo caso, pero no ser¨ªa presentable escamotear una vista que debe clarificar algunos asuntos de enorme inter¨¦s p¨²blico y cuyas derivaciones siguen pesando sobre la vida espa?ola. La primera inc¨®gnita a despejar es con qu¨¦ fines se llev¨® Perote las 1.200 fichas microfilmadas que reproduc¨ªan las notas de sus despachos con el director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, entre 1982 y 1989. La publicaci¨®n por parte del diario El Mundo de parte de esas fichas en junio de 1995 provoc¨® una crisis pol¨ªtica que hizo dimitir, adem¨¢s de al director del centro, al ministro de Defensa, Garc¨ªa Vargas, y al entonces vicepresidente del Gobierno, Narc¨ªs Serra. Por otra parte, esos materiales sirvieron para elaborar una especie de memor¨¢ndum sobre la guerra sucia contra ETA, cuyas conclusiones fueron mostradas a diferentes personalidades de la vida p¨²blica espa?ola por el abogado de Perote y Mario Conde en un intento de chantajear al Gobierno. El propio Perote, en una entrevista publicada en octubre de 1995, insinu¨® que la implicaci¨®n de altas personalidades favorecer¨ªa la b¨²squeda de "una soluci¨®n pol¨ªtica" para "aliviar las responsabilidades" de los entonces procesados en relaci¨®n con el caso GAL.

Se trata, por tanto, de un asunto no caducado y cuyo inter¨¦s desborda el personal de Perote, cualesquiera que fueran sus m¨®viles iniciales. Por ello mismo, la vista deber¨ªa ser p¨²blica. La legislaci¨®n militar permite decretar que el juicio se celebre a puerta cerrada en determinadas circunstancias. Sin embargo, a estas alturas, nada ser¨ªa m¨¢s pernicioso para el cr¨¦dito del servicio secreto como escudarse en esa posibilidad para sustraer a la opini¨®n p¨²blica el conocimiento de los pormenores del caso.

Perote siempre ha mantenido que se llev¨® las microfichas inadvertidamente al ser separado del servicio en 1991, que las devolvi¨® en cuanto se lo solicitaron y que no conserv¨® copia de las mismas. Su salida del Cesid fue solicitada por el propio Perote, seg¨²n su versi¨®n, y negociada con Manglano. Pero nunca ha quedado claro cu¨¢l fue el motivo que provoc¨® el distanciamiento entre ambos, ni si ese motivo podr¨ªa explicar la cautela de llevarse el comprometido material. El conocimiento reciente del contenido de uno de los sumarios de los GAL, el del caso O?ederra, recoge una declaraci¨®n de Perote al juez Garz¨®n en la que admite, en contradicci¨®n con lo declarado al juez Palomino, que no destruy¨® todos los originales, sino que conserv¨® algunos para la "oportuna constancia".

Pero lo que de momento consta es que esos papeles fueron publicados por El Mundo, aparentemente para dar verosimilitud a la amenaza deslizada previamente ante el ex presidente Su¨¢rez para que ¨¦ste la hiciera llegar al Gobierno. Documentos como las cartas de Perote a su abogado -reproducidas ayer en EL PA?S- en las que le sugiere c¨®mo enmascarar el origen de las filtraciones a El Mundo dejan al descubierto los tejemanejes de un supuesto periodismo de investigaci¨®n, cuyo concurso result¨® imprescindible para que el material presuntamente robado por Perote pudiera ser utilizado para fines muy alejados de su contenido, como la exigencia por parte de Conde de una indemnizaci¨®n de 14.000 millones de pesetas por los perjuicios que le hab¨ªa ocasionado la intervenci¨®n de Banesto. El tribunal tiene muchos hilos de los que tirar y es de esperar que no deje de hacerlo.