El inter¨¦s general

La experiencia vivida desde hace a?os lleva a pensar que ciertos cargos p¨²blicos originan en sus titulares una propensi¨®n a decir necedades (y quiz¨¢s a hacerlas) muy superior a la que es com¨²n en el ciudadano medio. Quiz¨¢s los cient¨ªficos de la pol¨ªtica conozcan las razones de ese fen¨®meno; yo las ignoro y ni siquiera s¨¦ si la ocupaci¨®n del cargo es causa, o s¨®lo efecto, de la propensi¨®n a la necedad. Por lo dem¨¢s, como tambi¨¦n la experiencia ense?a, tampoco el criterio que distingue lo necio de lo discreto es universal, ni la necedad estent¨®rea es fuente de ruina pol¨ªtica para quien la exhibe. Visto el entusiasmo con el que algunos la celebran, hasta es posible que sea un arma ¨²til en la contienda pol¨ªtica, aunque eso no hace sino empeorar las cosas. Mala es la necedad que viene de la pobreza mental; mucho peor, imperdonable, la que nace de la ruindad moral. El pol¨ªtico dem¨®crata puede creer que el n¨²mero de los necios es infinito, al fin y al cabo lo dice la Biblia; lo que, a diferencia de los mercaderes, no puede hacer es basar su vida pol¨ªtica sobre esa creencia, porque al hacerlo est¨¢ enga?ando a sus conciudadanos: se dirige a ellos convencido de que son idiotas, pero les habla como si pensara lo contrario.De ah¨ª esa sensaci¨®n de que se nos toma por tontos, de que se nos est¨¢ tomando el pelo, que con frecuencia experimentamos y que es a veces muy inc¨®moda, pero que no debe arrebatamos. Soportar con paciencia las flaquezas de nuestro pr¨®jimo, y entre ellas, supongo, su necedad, es, si no recuerdo mal, una de las obras de misericordia a las que la Iglesia nos invita. Todo eso no dispensa, sin embargo, de la necesidad de denunciarla cuando se piensa que el uso necio de algunos conceptos puede ser perjudicial para la sociedad en la que uno vive. Eso es lo que creo del que en los ¨²ltimos tiempos, y muy rotundamente todav¨ªa esta semana, se est¨¢ haciendo del concepto de inter¨¦s general.

Un concepto ciertamente muy dif¨ªcil y sobre el que se ha vertido mucha tinta. El inter¨¦s general no es, desde luego, el inter¨¦s individual generalizado en una sociedad, o en todas las humanas. La inclinaci¨®n hacia la sensualidad y la violencia est¨¢ bastante extendida entre los hombres (y las mujeres), pero eso no convierte en general el inter¨¦s de los individuos en satisfacerla mediante la contemplaci¨®n de pel¨ªculas pornogr¨¢ficas o de acci¨®n. Tampoco est¨¢, sin embargo, en contradicci¨®n con el inter¨¦s particular. Particular, individual y generalizado es tambi¨¦n el inter¨¦s de los hombres (y las mujeres) en sentirse protegidos frente a la adversidad y nadie piensa, creo, en nuestra sociedad, que no sea de inter¨¦s general el mantenimiento de un sistema p¨²blico de seguridad social. El inter¨¦s general no nace de la suma de muchos intereses particulares, pero tampoco es incompatible con ellos. No es un concepto meramente cuantitativo, sino declaradamente cualitativo, y de ah¨ª, naturalmente, lo problem¨¢tico de su definici¨®n.

La historia entera del pensamiento pol¨ªtico gira, en cierta medida, en tomo de esta idea, que ocupa naturalmente un lugar central en el derecho p¨²blico. Quien, desde ¨¦l, quiera acercarse al problema encontrar¨¢ una buena ayuda en el extenso trabajo que el profesor Alejandro Nieto consagr¨® al art¨ªculo 106 de la Constituci¨®n. M¨¢s precisamente a su frase inicial, una de las muchas ocasiones en las que, en singular o en plural, el texto constitucional utiliza la expresi¨®n de inter¨¦s general u otras equivalentes o muy pr¨®ximas (inter¨¦s p¨²blico, inter¨¦s social, etc¨¦tera). Una de ellas, por cierto, para encomendar al ministerio fiscal su defensa. Como es obvio, no tengo la capacidad para entrar a fondo en el problema, ni es ¨¦ste el lugar para hacerlo. S¨®lo apuntar una reflexi¨®n sobre el riesgo que entra?a la tendencia perceptible a sustancializar el famoso concepto, para darle con ¨¦l en la cabeza al adversario o para descalificar la opini¨®n de quienes no coinciden con el poder.

Esa tendencia a la sustancializaci¨®n del inter¨¦s general tiene muchos precedentes. Es el n¨²cleo duro de todas las formas pol¨ªticas predemocr¨¢ticas y, ya en nuestro tiempo, de todas las variedades del pensamiento antidemocr¨¢tico. En aras del inter¨¦s general, entendido como sustancia, el poder ha oprimido a los hombres en nombre de la monarqu¨ªa cat¨®lica, de la naci¨®n, del pueblo o del proletariado universal. La democracia significa precisamente la desustancializaci¨®n del inter¨¦s general, la aceptaci¨®n de que ¨¦ste no est¨¢ disociado de los intereses reales de los individuos y su reducci¨®n a la simple condici¨®n de producto final de un procedimiento, decisi¨®n ocasional de una mayor¨ªa ocasional. Una decisi¨®n, adem¨¢s, que en la democracia constitucional, en la que desde hace 20 a?os vivimos y muchos pretendemos seguir viviendo, s¨®lo se puede adoptar dentro de los l¨ªmites que la Constituci¨®n establece, razon¨¢ndola y tomando en cuenta todas las opiniones, absolutamente todas.

As¨ª, descendido de los cielos a la tierra, el concepto de inter¨¦s general es, como dec¨ªa, central para el derecho p¨²blico y muy frecuentemente invocado por la Constituci¨®n, que deja en general al legislador la tarea de definirlo y utilizarlo para muchos fines distintos. Entre ellos, y muy especialmente, para sustraer al libre juego de las fuerzas del mercado la satisfacci¨®n de ciertos intereses individuales, organizando para ello un servicio p¨²blico, o simplemente sometiendo a regulaci¨®n la actividad de las empresas que proporcionan los bienes o servicios necesarios para satisfacerlos. Pero es, naturalmente, una opci¨®n que el legislador ha de tomar en el respeto a los derechos que la Constituci¨®n garantiza y como resultado de un c¨¢lculo de oportunidad que ha de explicar y sobre cuya razonabilidad todos podemos, e incluso debemos, opinar. La libertad de opini¨®n no se pierde por el hecho de tener intereses particulares que chocan con los de los miembros del Gobierno o de la mayor¨ªa parlamentaria que ejecuta sus decisiones, ni los de ¨¦stos desaparecen por ocupar esa situaci¨®n. La voluntad de la mayor¨ªa puede convertirse en ley, pero los contenidos de esa voluntad no son sustancialmente distintos que los de las voluntades ajenas, ni sus motivos, por definici¨®n, m¨¢s puros que los de los dem¨¢s. Pretender lo contrario es situarse fuera del juego democr¨¢tico. Es natural que el Gobierno afirme que es el deseo de lucro (por lo dem¨¢s, leg¨ªtimo en la econom¨ªa de mercado) el que lleva a negar la convivencia de apelar al inter¨¦s general para intervenir en un mercado hasta ahora libre. No m¨¢s natural ni m¨¢s l¨ªcito, sin embargo, que la afirmaci¨®n contraria de que con esa extravagante extensi¨®n del inter¨¦s general no se persigue otra finalidad que la de poner al servicio de los intereses particulares del Gobierno, de su partido o de sus amigos. Desde luego, ontol¨®gicamente imposible, no es.