La Generalitat renuncia a imponer al comercio la obligaci¨®n de usar el idioma del cliente

El Gobierno que preside Jordi Pujol est¨¢ dispuesto a renunciar a su pretensi¨®n inicial de exigir que las empresas privadas dispongan de empleados que contesten en catal¨¢n cuando el cliente utilice esa lengua. En aras del consenso pol¨ªtico y social, el Gobierno catal¨¢n se contentar¨¢ con que la nueva ley ling¨¹¨ªstica que est¨¢ elaborando una ponencia parlamentaria conjunta reconozca el derecho del consumidor a expresarse en su lengua de elecci¨®n y, por lo tanto, a que su interlocutor le comprenda, se?alaron fuentes nacionalistas. La misma regulaci¨®n se aplicar¨¢ a los profesionales.

?ste era el escollo m¨¢s dif¨ªcil de superar para alcanzar un consenso con el principal partido de la oposici¨®n, el PSC, y tambi¨¦n con el PP, y lo que m¨¢s hab¨ªa alarmado a las entidades de la inmigraci¨®n y a un buen n¨²mero de empresarios.Nacionalistas y socialistas buscar¨¢n un acuerdo para la elaboraci¨®n de la nueva ley en la reuni¨®n que celebrar¨¢n el lunes en el Palau de la Generalitat. Acudir¨¢n el presidente Jordi Pujol; su consejero de Cultura, Joan Maria Pujals; el portavoz de CiU en el Parlament, Ramon Camp; el primer secretario del PSC, Narc¨ªs Serra, y el presidente del Grupo Socialista en la C¨¢mara catalana, Joaquim Nadal.

Hace ya algunas semanas se produjo un cambio significativo en el contenido de los documentos de trabajo que utiliza de forma reservada la ponencia parlamentaria.

Los criterios que el Gobierno de la Generalitat envi¨® en febrero a la ponencia parlamentaria encargada de elaborar la nueva ley se?alaban que Ias empresas dedicadas a la venta de productos o a la prestaci¨®n de servicios (comerciales, tur¨ªsticos, l¨²dicos, profesionales y sanitarios) que desarrollen sus actividades en Catalu?a, sea cual sea su titularidad, deber¨¢n estar en condiciones de poder atender y corresponder a los ciudadanos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Catalu?a y, en consecuencia, deber¨¢n contar con el personal que tenga la capacidad ling¨¹¨ªstica necesaria, a un nivel adecuado a sus funciones".

La llamada disponibilidad ling¨¹¨ªstica tambi¨¦n se extend¨ªa a todos los despachos y consultas profesionales radicados en Catalu?a.

Sin embargo, de la propuesta articulada que aport¨® el representante de CiU en la ponencia hab¨ªan desaparecido el t¨¦rmino corresponder y toda referencia a la necesidad de que las empresas deban contar con personal con la capacidad ling¨¹¨ªstica necesaria para cumplir con esa obligaci¨®n. Las empresas antes mencionadas "deben estar en condiciones de atender a las consumidores en la lengua oficial que ¨¦stos escojan", se?ala el texto de CiU. Los peque?os comercios quedar¨¢n exonerados de la reglamentaci¨®n.

El Gobierno catal¨¢n no retirar¨¢, sin embargo, sus criterios ling¨¹¨ªsticos en lo que se refiere a empresas concertadas o subvencionadas por la Generalitat o por las corporaciones locales, que, seg¨²n su criterio, deber¨¢n utilizar "al menos el catal¨¢n" en la rotulaci¨®n, los avisos y la documentaci¨®n dirigida al p¨²blico, las instrucciones de uso, el etiquetado y el embalaje de los productos o servicios que est¨¦n directamente vinculados al objeto de la ayuda o convenio.

Tampoco renuncia a que las empresas y entidades p¨²blicas o privadas que ofrezcan servicios p¨²blicos, como son el transporte, suministros, comunicaciones y similares, deban utilizar el catal¨¢n de forma general en la rotulaci¨®n y en sus comunicaciones y notificaciones orales, por megafon¨ªa, escritas y en soporte audiovisual, incluidas las facturas y otros documentos de tr¨¢nsito, sin perjuicio de que el usuario pueda pedirlas en castellano.