Los funcionarios de Alcorc¨®n, Getafe y Fuenlabrada se quedan sin subida

Paradojas de la estrategia pol¨ªtica. Fuenlabrada (164.000 habitantes) y Getafe (143.000 vecinos) han de hacer frente a sendos recursos contencioso-administrativos que la Delegaci¨®n del Gobierno les ha presentado por su decisi¨®n de firmar convenios con subidas de sueldo en contra de la congelaci¨®n ordenada por el Estado. S¨®lo hay una peculiaridad: ninguno de los m¨¢s de 2.000 empleados p¨²blicos de estas administraciones ha visto aumentar un solo duro su n¨®mina respecto al a?o pasado. En Fuenlabrada " se est¨¢n estudiando f¨®rmulas" para lograr la subida, explic¨® su primer teniente de alcalde, Manuel Robles. El edil getafense de personal, C¨¦sar Su¨¢rez, adujo: "A esta ciudad le tienen echado el ojo en la Delegaci¨®n y no queremos seguir siendo la diana".Ambas ciudades habr¨¢n de dar cuenta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de sus convenios colectivos, contrarios a la congelaci¨®n decretada por el Gobierno central, al tiempo que afrontan el malestar de los funcionarios porque la promesa de la subida no se concreta. Robles confirm¨® que los dos ayuntamientos pretenden aunar criterios para defenderse del recurso gubernativo. Argumentar¨¢n, por ejemplo, que el anterior Gobierno "hab¨ªa alcanzado compromisos [para el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios] que ahora se han incumplido". Robles critic¨® la actuaci¨®n de la delegaci¨®n por entender que su oleada de recursos (que tambi¨¦n afectan a Alcorc¨®n, Alcal¨¢ de Henares y Parla) " no cuestiona s¨®lo las subidas salariales, sino tambi¨¦n las jornadas o el convenio ¨²nico para funcionarios y personal laboral".

Por otra parte, los 1.200 trabajadores del Ayuntamiento de Alcorc¨®n (142.000 habitantes) van a cobrar las n¨®minas de junio y la extraordinaria sin la subida del 2,85% que se aprob¨® en el convenio firmado el pasado 15 de diciembre, y que tambi¨¦n est¨¢ recurrido. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso de s¨²plica interpuesto por el consistorio para que los empleados municipales cobraran el aumento salarial hasta que no hubiera sentencia firme en contra de tal subida.