P¨®lvora mojada

La gran bronca pol¨ªtica del primer a?o de legislatura termina formalmente hoy en el Congreso. En el. ¨²ltimo pleno de este periodo de sesiones se votar¨¢ el dictamen de la comisi¨®n de investigaci¨®n de los expedientes de Hacienda. El resultado se concreta en 17 conclusiones acerca de una deuda fiscal de 202.954 millones de pesetas generada durante el anterior Gobierno socialista. Su contenido es, sin embargo, contradictorio en esencia.El actual Gobierno del PP ha conseguido que funcionara su pacto con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, pero para ello ha tenido que dejar de lado su inicial acusaci¨®n de amiguismo contra los socialistas. Especialmente CiU, pero tambi¨¦n el PNV han sido muy reticentes a acompa?ar en este arriesgado viaje al Gobierno que sustentan. Por ello, las conclusiones de la comisi¨®n incluyen algunas propuestas del PSOE y de IU-IC, cuyas piezas tampoco encajan en este complicado puzzle.

Medio a?o despu¨¦s de que el PP con el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, a la cabeza se lanzara precipitadamente a esta, piscina, subsisten algunas preguntas. En las respuestas pueden estar las claves pol¨ªticas de este endiablado asunto, de una complejidad t¨¦cnica grande, que ha abierto profundas heridas en la Administraci¨®n tributar¨ªa.

?Por qu¨¦ efect¨²a el Gobierno la denuncia? La respuesta es t¨¦cnica pero su traducci¨®n es pol¨ªtica. En diciembre pasado, alguien avisa al Gobierno de que el Tribunal Supremo est¨¢ a punto de emitir una segunda sentencia sobre la prescripci¨®n de los expedientes fiscales. Result¨® ser falso. La primera sentencia del Supremo data de febrero de 1996 y establece que las deudas fiscales generadas m¨¢s de cinco a?os atr¨¢s prescriben si la inspecci¨®n se ha paralizado durante m¨¢s de seis meses. Queda claro que, a estos efectos, la inspecci¨®n termina con la liquidaci¨®n final del acta y no con la fase inicial de investigaci¨®n y comprobaci¨®n de una deuda fiscal, en contra de lo que manten¨ªa Hacienda. Pero esa sentencia necesita una segunda para que siente jurisprudencia; es decir, para que el criterio contrario no pueda ser invocado en posteriores recursos. Y esa, segunda sentencia todav¨ªa no se ha producido.

El falso aviso precipita una denuncia del Gobierno, que peca, en primer lugar, de falta de oportunidad t¨¦cnica. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, convoca una rueda de prensa el 14 de enero de este a?o para explicar que una deuda fiscal de 200.000 millones de pesetas est¨¢ "a punto" de prescribir y que de esta forma el anterior Gobierno socialista ha beneficiado a unos 600 contribuyentes. El actual director de la Agencia Tributaria y anterior responsable de la Unidad del Fraude Fiscal, Jes¨²s Bermejo, es quien alerta al nuevo Gobierno del problema heredado. Ser¨ªa "injusto" que el nuevo Gobierno cargara con ese coste pol¨ªtico cuando saliera la todav¨ªa esperada nueva sentencia. De paso, alguien decide que ¨¦sta puede ser un arma pol¨ªtica demoledora contra los socialistas que, apenas medio a?o despu¨¦s de las ¨²ltimas elecciones, ganaban en los sondeos. Y se saca la conclusi¨®n de que un ambiente pol¨ªtico crispado eleva la moral de los votantes del PP. Se desatan as¨ª las acusaciones de amiguismo, trato de favor a los ricos, negligencia, amnist¨ªa fiscal encubierta, robo y ocultaci¨®n de documentos...

?Est¨¢ fundada la denuncia? A juzgar por las conclusiones de la comisi¨®n de investigaci¨®n que se decidi¨® crear al efecto en el Congreso un mes despu¨¦s, el Gobierno dispar¨® con p¨®lvora mojada. Ninguno de los grupos parlamentarios considera probado que hubo amiguismo -s¨®lo el PP lo mantiene, aunque no lo incluy¨® en sus propias conclusiones- o trato de favor. Hubo "negligencia en la gesti¨®n" durante el Gobierno socialista, aunque con importantes matices que desnaturalizan incluso esta acusaci¨®n. Se dice que hubo negligencia, pero al mismo tiempo se se?a la que existi¨® y existe un conflicto jur¨ªdico. Es decir, que la Hacienda socialista actu¨® de acuerdo al criterio que manten¨ªa y defendi¨® ante los tribunales: la inspecci¨®n fiscal terminaba con la primera fase de investigaci¨®n y comprobaci¨®n de un fraude y no con la liquidaci¨®n. Por tanto, la interrupci¨®n durante m¨¢s de seis meses de los trabojos de la inspeccion a los efectos de la prescripci¨®n afectaba s¨®lo a esa primera fase.

La comisi¨®n ha concluido tambi¨¦n que a partir de diciembre de 1994, cuando la Audiencia Nacional sentencia lo contrario por primera vez -hasta entonces hubo pronunciamientos contradictorios de tribunales inferiores, incluso de la propia Audiencia Nacional- se toman medidas para agilizar la tramitaci¨®n de los expedientes. En coherencia con todo ello, la comisi¨®n parlamentaria ha concluido que existe esa deuda pero no "prescrita" sino "perjudicada". 0. sea, que est¨¢ pendiente de las decisiones que al respecto y en el futuro adopten los tribunales. La denuncia del Gobierno del Partido Popular se fundamenta as¨ª en unas bases todav¨ªa no s¨®lidas.

?C¨®mo se explica la posici¨®n de los nacionalistas? Aunque la comisi¨®n de investigaci¨®n ha trabajado durante cuatro meses y ha escuchado las explicaciones de casi todos los responsables anteriores y actuales de la Agencia Tributaria, al final ha pesado el constantemente renovado pacto de legislatura. Con mucha claridad en el caso del PNV. Su representante en la comisi¨®n ha excluido la acusaci¨®n de amiguismo" y ha reducido la de "negligencia" a la idea de que en todo servicio p¨²blico -sanidad, justicia, educaci¨®n-, si se hiciera un chequeo a fondo se detectar¨ªan aspectos muy mejorables.

Pese a ello, el PNV ha estado m¨¢s del lado del Gobierno que CiU.El reciente acuerdo firmado sobre el Cupo y el Concierto Vasco, a plena satisfacci¨®n del PNV, ha creado un clima m¨¢s que favorable.

La posici¨®n de CiU ha sido la contraria. Hay dos factores que han pesado en su toma de postura. Primero, que los nacionalistas catalanes colaboraron muy estrecha mente con el anterior Gobierno socialista y de forma muy directa en la pol¨ªtica tributar¨ªa. Segundo, que el PP cometi¨® la torpeza de se?alar a La Caixa como el m¨¢ximo exponente del amiguismo del anterior Gobierno por el caso de las primas ¨²nicas. Al final, el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar ejerci¨® toda la presi¨®n posible para que CiU aceptara apoyar la conclusi¨®n de "negligencia en la gesti¨®n". La coalici¨®n considera que de esta forma ha hecho un "gran favor" al Gobierno del PP, que le ha salvado as¨ª en parte la cara en este engorroso asunto, y m¨¢s en un momento en que formalmente se ha abierto la negociaci¨®n de los Presupuestos de 1998. Una contrapartida clara es que la comisi¨®n ha decidido eliminar toda referencia a las primas ¨²nicas en sus con clusiones.

?sta es, sin embargo, una nueva contradicci¨®n. Cabe recordar que el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, se?al¨® en su primera rueda de prensa que en el caso de las primas ¨²nicas -que enfrent¨® a la anterior administraci¨®n tributaria con La Caixa y otras entidades financieras- radicaba buena parte de la deuda presuntamente prescrita.

?Qu¨¦ posiciones han adoptado el PSOE eIU-IC? Claramente contrarias a las acusaciones del Gobierno. Los socialistas han conseguido convertir lo que era un cubata bien cargado en una Coca-Cola light. Su posici¨®n ha sido rechazar de plano todas las conclusiones de la investigaci¨®n, aunque se hayan admitido algunas de las suyas, por empe?o personal del presidente de la comisi¨®n, Jon Zabal¨ªa. En cuanto a IU-IC, su representante, Joan Saura (IC), ha podido preservar su trabajo en la comisi¨®n de los vientos a favor del Gobierno que han soplado en la coalici¨®n y que se han materializado en la Ley del F¨²tbol.

?Qui¨¦n pagar¨¢ los platos rotos? Aunque los socialistas no se han librado de la acusaci¨®n, muy matizada, de "negligencia en la gesti¨®n", el Gobierno tambi¨¦n ha quedado en entredicho. Algunos parlamentarios del PP creen que la operaci¨®n se mont¨® mal. Se acus¨® de amiguismo sin pruebas, la documentaci¨®n enviada al Congreso ha sido defectuosa y se ha provocado un malestar grave entre los funcionarios de Hacienda. Hasta el punto de que la petici¨®n de dimisi¨®n que el PSOE e IU-1C han lanzado contra el director de la Agencia Tributaria, Jes¨²s Bermejo, porque en su etapa anterior al frente de la Unidad del Fraude tambi¨¦n le prescribieron expedientes, puede hacerse pronto realidad. Incluso se apunta que el propio secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, tiene un futuro dif¨ªcil.