La Comisi¨®n Europea abre procedimiento urgente de infracci¨®n contra el Gobierno por su 'ley digital'

La Comisi¨®n Europea decidi¨® ayer, en su reuni¨®n plenaria, abrir un procedimiento de infracci¨®n contra Espa?a al considerar que la ley nacional de televisi¨®n digital viola el derecho comunitario. El procedimiento tiene caracter¨ªsticas de extrema dureza: s¨®lo otorga 15 d¨ªas naturales al Gobierno para contestar -en lugar de dos meses, como ha ocurrido en otros procedimientos- y anuncia que pedir¨¢ "medidas cautelares" o provisionales al Tribunal de Justicia de las Comunidades, "para suspender la aplicaci¨®n de la ley". El comisario de Mercado Interior, Mario Monti, destac¨® ante los periodistas que el anuncio de medidas cautelares se realiza porque la ley "crea situaciones perjudiciales a las partes interesadas, en violaci¨®n del derecho comunitario".

Monti dijo que justamente se trata de evitar esos da?os irreparables. Se refer¨ªa al plazo de dos meses, hasta el 7 de julio -o de tres, hasta el 6 de agosto, seg¨²n reciente interpretaci¨®n de Arias-Salgado-, transcurrido el cual Canal Sat¨¦lite no podr¨ªa comercializar sus descodificadores, de acuerdo con la norma espa?ola en vigor.El anuncio de medidas cautelares es verdaderamente excepcional. A lo largo de toda la historia comunitaria, la Comisi¨®n s¨®lo las ha solicitado en ocho casos. Supone, en consecuencia, un dur¨ªsimo rev¨¦s para la pol¨ªtica de acoso y derribo contra el Grupo PRISA y pone en cuesti¨®n el intento de boicotear el lanzamiento de un servicio de televisi¨®n digital que no se ajusta al dictado que quiere un Gobierno en concreto, en este caso el de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

Tambi¨¦n es particularmente duro para el Gobierno la urgencia que supone el exiguo plazo que se le concede para presentar sus alegaciones, 15 d¨ªas naturales desde que reciba la carta de emplazamiento. Si el Gobierno no contesta o lo hace de forma insatisfactoria, el Ejecutivo comunitario emitir¨¢, sin necesidad de otros plazos, "dictamen motivado" y podr¨¢ pedir directamente al Tribunal de Luxemburgo la suspensi¨®n de la ley espa?ola en sus aspectos ilegales.

Cascos lo estrope¨®

La Comisi¨®n conf¨ªa en que el Gobierno d¨¦ marcha atr¨¢s y dicte un decreto-ley invalidando su norma digital. En caso contrario, seguir¨¢ su proceso. "La carta [del ministro Arias-Salgado anunciando la voluntad de no aplicar los aspectos m¨¢s pol¨¦micos de la ley] no es suficiente, porque cuando existe una ley, la declaraci¨®n de intenciones de un Gobierno no vale, incluso si no hubiese sido desmentida por otro miembro de ese Gobierno", indic¨® con iron¨ªa Monti, refiri¨¦ndose a la afirmaci¨®n del vicepresidente primero, Francisco ?lvarez-Cascos, en el sentido de que la carta de Arias-Salgado no significaba que fuera a producirse rectificaci¨®n alguna.Las declaraciones de ?lvarez-Cascos estropearon los esfuerzos realizados por el comisario Marcelino Oreja, quien pugnaba por hallar indicios de arrepentimiento en su Gobierne, y utilizarlos para paralizar o al menos retrasar la apertura del procedimiento contra Espa?a. Oreja cre¨ªa haberlos encontrado en las renuncias expresadas por Arias-Salgado en su carta del martes e hizo part¨ªcipe de ello a sus colegas. Pero fue en vano. Las comisarios Martin Bangemann, Karel van Miert, Manuel Mar¨ªn e Yves Thibault de Silguy intervinieron ayer en la reuni¨®n del Colegio de Comisarios, para constatar, como Mario Monti, que las leyes no se modifican por carta y que la urgencia es necesaria en este caso para proteger los derechos de los afectados por la ley de Aznar. Al final, todos decidieron por consenso abrir el procedimiento.

Las causas del mismo son la violaci¨®n de la libertad de circulaci¨®n de mercanc¨ªas (art¨ªculo 30 del Tratado) y de la libre prestaci¨®n de servicios (art¨ªculo 59), as¨ª como de varias directivas comunitarias. Monti se dispon¨ªa anoche a firmar la carta de emplazamiento y enviarla al Gobierno, tras reducir un poco la extensi¨®n del borrador de 21 p¨¢ginas que estaba preparado.

El Gobierno, prudente

Poco despu¨¦s de que se hiciera p¨²blica la decisi¨®n de la Comisi¨®n, el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, asegur¨® en los pasillos del Congreso que conf¨ªa en que el conflicto "se resuelva positivamente de acuerdo con el derecho comunitario".El ministro suspendi¨® otras comparecencias p¨²blicas que ten¨ªa previstas, como la presentaci¨®n del libro Derecho de las Telecomunicaciones. Su departamento difundi¨® una nota en la que aseveraba que abrir un procedimiento de infracci¨®n no es infrecuente y que Fomento se encontr¨® con dos procedimientos de infracci¨®n abiertos al Gobierno socialista, los de Airtel y Cablevisi¨®n, y los dos "se resolvieron adecuadamente". Una sorprendente menci¨®n, por cuanto el Ejecutivo no resolvi¨® el problema de Cablevisi¨®n: lo hicieron las empresas afectadas, Canal + y Telef¨®nica.

Por su parte, el vicepresidente primero, Francisco ?lvarez Cascos, declin¨® pronunciarse. La portavoz de Telecomunicaciones del PP, Ana Mato, valor¨® el expediente de infracci¨®n comunitario simplemente como "un procedimiento informativo".