Un peaje millonario

El caso S¨®ller comenz¨® en 1988, cuando el Gobierno de las Islas Baleares, presidido en aquel momento por Gabriel Ca?ellas -que ocup¨® el cargo ininterrumpidamente desde 1983 hasta su dimisi¨®n forzada en julio de 1995-, adjudic¨® la construcci¨®n y explotaci¨®n del t¨²nel de peaje de S¨®ller, en Mallorca, a una empresa encabezada por el financiero Antoni Cuart Ripoll: la Compa?¨ªa Concesionaria del T¨²nel de S¨®ller, creada al efecto.Ca?ellas y su esposa, Mar¨ªa Amparo Rotger, como Cuart, fueron accionistas y miembros del consejo de administraci¨®n de Salinera Espa?ola cuando el Gobierno balear decidi¨® adjudicar al empresario la obra y su explotaci¨®n.

El t¨²nel -tres kil¨®metros que unen el valle de S¨®ller con el llano de la isla de Mallorca- era la obra p¨²blica de gesti¨®n privada m¨¢s ambiciosa de las proyectadas en Baleares. Los c¨¢lculos indicaban que la compa?¨ªa adjudicataria recaudar¨ªa cerca de 50.000 millones de pesetas en los 30 a?os de concesi¨®n privada. La comisi¨®n t¨¦cnica que evalu¨® el concurso p¨²blico calific¨® la oferta de Cuart como la tercera de las cuatro presentadas.

Desv¨ªo de 140 millones

Seg¨²n el fiscal del caso, Juan Carrau, Cuart elabor¨® las bases del concurso p¨²blico y concert¨® con Ca?ellas el pago de 50 millones de pesetas por el trato de favor recibido. El 31 de enero de 1989, esa cantidad fue retirada de la cuenta corriente que la compa?¨ªa concesionaria pose¨ªa en la Banca March y se dividi¨® en diez cheques de cinco millones cada uno. Quedaron fuera de la circulaci¨®n y, unos meses despu¨¦s, fueron apareciendo poco a poco.La constructora de Cuart quebr¨® sin concluir el t¨²nel y, en sus investigaciones, la polic¨ªa judicial detect¨® un supuesto desv¨ªo irregular y una factura falsa de 140 millones de pesetas.

Parte de ese dinero, seg¨²n la acusaci¨®n, pas¨® al control personal de Ca?ellas a trav¨¦s de la Fundaci¨®n Illes Balears, una entidad ben¨¦fica que Ca?ellas fund¨® en diciembre de 1988, que ¨¦l mismo dirig¨ªa y gestionaba y que logr¨® reunir en seis a?os m¨¢s de 1.000 millones de pesetas, 70 de los cuales fueron aportaciones realizadas con car¨¢cter an¨®nimo.

La Polic¨ªa identific¨® tambi¨¦n pagos de la empresa concesionaria del t¨²nel a empresas de publicidad y a suministradores electorales (empresas dedicadas a la restauraci¨®n, imprenta y agencias de viajes) e ingresos en las cuentas oficiales de la organizaci¨®n del PP, as¨ª como en las cuentas de dos tr¨¢nsfugas que apoyaron al Partido Popular y de personas afines al partido -militantes, diputados auton¨®micos, consejeros del Gobierno regional...- , que se habr¨ªan repartido el resto de los 50 millones y que apuntan a la existencia de una caja B [contabilidad oculta para campa?as electorales].

El blanqueo se realiz¨® supuestamente a trav¨¦s de operaciones de fraccionamiento y atomizaci¨®n de las presuntas comisiones que se realizaron en 11 meses.

Lo que nunca se ha logrado desvelar es qui¨¦n retir¨® un malet¨ªn con 72 millones en billetes de 10.000 de pesetas de un banco de Palma.