Corrupci¨®n de mayores

EL VIGENTE C¨®digo Penal, a pesar de sus innegables imperfecciones, contiene previsiones suficientes para sancionar a los responsables de la red de pederastia y pornograf¨ªa descubierta en Barcelona. Quienes insisten en resucitar el desaparecido delito de corrupci¨®n de menores apuestan por los viejos delitos contra la honestidad, felizmente sustituidos por los delitos contra la libertad sexual. La corrupci¨®n de menores, un delito indefinido que se ha utilizado en ocasiones para sancionar pr¨¢cticas sexuales que no atentaban contra la libertad sexual, no es el mejor mecanismo para sancionar las conductas de unos adultos que, si se confirman los indicios, han abusado sexualmente de ni?os de 12 a?os o menos, y los han prostituido y utilizado para producir pornograf¨ªa.El C¨®digo Penal vigente castiga con penas de uno a cuatro a?os de c¨¢rcel al que "induzca, promueva, favorezca o facilite la prostituci¨®n de una persona menor de edad [18 a?os] o incapaz". Y con seis meses a dos a?os de c¨¢rcel, el abuso sexual de un menor de 12 a?os, con independencia de que haya prestado o no su consentimiento. Con penas inferiores se castiga tambi¨¦n la exhibici¨®n ante menores y la difusi¨®n, venta o publicaci¨®n de material pornogr¨¢fico entre menores o incapaces.

Cierto es que algunas penas podr¨ªan ajustarse o endurecerse, aunque es peligroso parchear de reformas el texto punitivo a golpe de actualidad. Tratar de penalizar, como pretende el Ministerio de Justicia, mediante la resurrecci¨®n del bien fenecido delito de corrupci¨®n de menores, "actos de significaci¨®n sexual (...) susceptibles de da?ar la adecuada formaci¨®n o el desarrollo de la personalidad de los menores e incapaces" es dar un cheque en blanco para la persecuci¨®n de conductas que no s¨®lo no tienen nada que ver con la red de pornograf¨ªa y pederastia descubierta en Barcelona, sino que pueden ser asumibles como ejercicio de la libertad personal. La corrupci¨®n de menores es un delito tan impreciso que choca con la exigencia constitucional de la previa definici¨®n de las conductas penalizables.

El descubrimiento de asociaciones delictivas que explotan a las personas m¨¢s indefensas, en este caso ni?os con problemas familiares de un barrio humilde, suele producir una l¨®gica conmoci¨®n en la opini¨®n p¨²blica. Pero la persecuci¨®n y el castigo de los delincuentes no debe desbordar la escrupulosa y respetuosa aplicaci¨®n de la ley.

Resultan improcedentes las actitudes que tienden al linchamiento medi¨¢tico de los sospechosos y al quebrantamiento de la presunci¨®n de inocencia, y que extienden un velo de culpabilidad sobre colectivos de ciudadanos por su preferencia sexual, sobre instituciones de asistencia, sobre barrios como el Raval de Barcelona o tecnolog¨ªas como Internet, en cuya mara?a tambi¨¦n se localizan hechos infamantes. De nada sirve que al calor del esc¨¢ndalo se produzcan propuestas precipitadas e irreflexivas de reformas legales, cuyos efectos pueden ser a veces peores que la enfermedad que pretenden curar.