Derechos y libertades
Una vez m¨¢s, nos toca defender lo evidente. Cre¨ªamos ya superada la etapa de defender derechos asumidos colectivamente y que tanto cost¨® conseguir en una sociedad que sal¨ªa de muchos a?os de dictadura. Ahora, supon¨ªamos ingenuamente que se trataba de profundizar en la democracia, de analizar las disfunciones de algunas leyes, de seguir avanzando en el bienestar de todos, de mejorar en suma el ejercicio de los derechos y las libertades. ?sa ser¨ªa la esencia de la vida democr¨¢tica, el avance en el ejercicio de los valores democr¨¢ticos tan necesarios en la pr¨¢ctica, para hacer realidad y parte de los h¨¢bitos colectivos el respeto a las reglas del juego que todos hemos aceptado.Sin embargo, estamos asistiendo a un retroceso en aspectos esenciales de la convivencia democr¨¢tica, que perjudican especialmente a las mujeres. La igualdad entre los hombres y mujeres, hoy considerada, por primera vez en la historia, como un tema de justicia y de equidad, no significa s¨®lo el derecho a la igualdad, sino su realizaci¨®n efectiva, y ¨¦sta no se produce sin corregir las desigualdades, arraigadas en las costumbres, de las que se parte.
Desde que, hace poco m¨¢s de un a?o, tenemos un Gobierno del Partido Popular, un cierto conservadurismo, de talante autoritario, va integrando los modos de comportamiento, especialmente los emanados del poder. Vuelven las se?oras de, se desempolvan costumbres ca¨ªdas en desuso, se cuestionan las medidas de discriminaci¨®n positiva hacia las mujeres, los tribunales utilizan su amplio margen interpretativo para dictar sentencias retr¨®gradas en temas de agresiones sexuales, malos tratos, separaciones o custodia de hijos. Todo ello en medio de una clamorosa ausencia de cr¨ªtica por parte de los y las responsables p¨²blicos.
En este contexto, el empecinamiento lo hemos visto tambi¨¦n en el siempre pol¨¦mico tema del aborto, que ha sido objeto de tratamiento parlamentario y judicial, con enfrentamientos, divisiones y talantes que cre¨ªamos desaparecidos. En 1983, el partido socialista, reci¨¦n llegado al Gobierno, gracias a la mayor¨ªa absoluta de que disfrutaba, logr¨® modificar la obsoleta e injusta legislaci¨®n sobre el aborto, que incluso persegu¨ªa a la mujer que abortaba despu¨¦s de haber sido violada. Sin embargo, el Partido Popular, entonces, denominado Alianza Popular, formul¨® "recurso previo de inconstitucionalidad" ante el Tribunal Constitucional y consigui¨® paralizar la entrada en vigor de la ley durante dos a?os.
Afortunadamente, hoy ya no existe la posibilidad de semejante tipo de recurso, que fue abolido de nuestro ordenamiento jur¨ªdico con posterioridad, y que permiti¨® a un grupo pol¨ªtico, que no ten¨ªa la mayor¨ªa en las urnas, modificar la voluntad de la mayor¨ªa, burlando la soberan¨ªa popular. 'As¨ª se consigui¨® una sentencia del Tribunal Constitucional que modific¨®, en parte y a peor, la ley defendida por el partido socialista, y que ha sido durante todos estos a?os el referente jur¨ªdico, que se ha alejado por algunos, para impedir la modificaci¨®n del texto en vigor.
Muchos juristas, siguiendo el contenido de la sentencia, y el magn¨ªfico voto particular de Tom¨¢s y Valiente, hemos defendido hace ya a?os la viabilidad jur¨ªdico-constitucional de una modificaci¨®n de la actual normativa, para introducir un sistema de plazos, en combinaci¨®n con el sistema de indicaciones cl¨¢sico -m¨¦dica, ¨¦tica, eugen¨¦sica y social-, respetando la decisi¨®n fundada de la mujer y su intimidad. ?sa es la propuesta del partido socialista, que ha sido rechazada por dos veces en el Parlamento por el Partido Popular, que vuelve por sus fueros, y no acepta tan siquiera que se tramite la ley, es decir,que se estudie en comisi¨®n, que se elabore, se trabaje, reciba enmiendas y el Parlamento entre en el conocimiento y an¨¢lisis de un tema, que hay que resolver y al que hay que dar respuesta.Respuesta que tiene que considerar los m¨¢s de 10 a?os de vigencia de la ley, la modificaci¨®n de la opini¨®n colectiva sobre el tema y el rechazo un¨¢nime que existe en relaci¨®n con que una mujer pueda ir a la c¨¢rcel por abortar. Incluso el Tribunal Supremo, en resoluci¨®n sobre indulto emitida favorablemente el 8 de mayo de 1997, atendi¨® al "indudable sentir mayoritario de la sociedad, en orden a la procedencia de flexibilizar la descriminalizaci¨®n del tipo delictivo de aborto, ensanchando las excepciones de la incriminaci¨®n".
No podemos seguir asistiendo impasibles a los recientes juicios que se han se?alado por aborto. Especialmente llamativo y anacr¨®nico ha sido el de la Audiencia de M¨¢laga, con 34 imputados, 4 m¨¦dicos, 4 ayudantes de cl¨ªnica, 23 mujeres presuntas abortantes y 3 c¨®nyuges colaboradores, sentados en el banquillo bajo la acusaci¨®n de haber abortado, de acuerdo con la legalidad vigente, pero una semana antes de que las cl¨ªnicas donde lo hicieron fueran autorizadas, seg¨²n el decreto-ley que hubo de aprobarse tras la ya citada sentencia del Tribunal Constitucional. Para mayor bochorno, los hechos datan de 1985, y por supuestos similares -se han archivado los casos en otras Audiencias, como, por ejemplo, el expediente de la cl¨ªnica Dator, en Madrid, donde adem¨¢s exist¨ªa acusaci¨®n particular del singular grupo Pro-vida.Esto aconseja, una vez m¨¢s, disponer de leyes claras que no permitan tanto margen interpretativo a los jueces y, sobre todo en este tema, rechazar de una vez por todas que las mujeres puedan padecer pena de c¨¢rcel por abortar. Hasta en la conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en Pek¨ªn en septiembre de 1995 y con el apoyo de la pr¨¢ctica totalidad de las delegaciones, de todos los pa¨ªses del mundo, de muy diversa ideolog¨ªa y tendencia, se acord¨® "la revisi¨®n de las leyes que contemplan medidas punitivas contra las mujeres que han recurrido a abortos ilegales".
Estas resoluciones, tomadas en conferencias internacionales, obligan a todos los Gobiernos y, por supuesto, al Gobierno de Espa?a, que deber¨¢ explicar las razones por las que se niega a modificar la legislaci¨®n sobre interrupci¨®n voluntaria del embarazo, contraviniendo el compromiso adquirido en Pek¨ªn.
Vemos con horror y con cierta impotencia c¨®mo se retrocede en. los derechos de la mujer en los pa¨ªses en los que gobierna el fundamentalismo isl¨¢mico o incluso en los que influye, como es el caso de Egipto, donde no s¨®lo no se cumple lo que se acord¨® en la Conferencia de la Mujer sobre derechos humanos y pr¨¢cticas de mutilaci¨®n genital, como la ablaci¨®n del cl¨ªtoris, sino que se regula su realizaci¨®n en la red sanitaria, dando por supuesto que va a seguir realiz¨¢ndose con el benepl¨¢cito de todos. No digamos ya, en los casos en que se vuelve a negar a las mujeres el acceso a la educaci¨®n, el trabajo remunerado o una m¨ªnima autonom¨ªa, como pretenden los talibanes en Afganist¨¢n, desde el fundamentalismo m¨¢s atroz.
Cuando no se valora a las mujeres, cuando se establecen jerarqu¨ªas y preeminencias que no tienen m¨¢s raz¨®n que la pertenencia a uno u otro sexo -como parece que nos anuncia, tambi¨¦n aqu¨ª, el Tribunal Constitucional, dando preferencia al var¨®n en la sucesi¨®n nobiliaria-, cuando se relega a tantas mujeres a¨²n hoy, y durante siglos a la mitad de la humanidad, a la ignorancia, a la dependencia y a la pobreza de capacidad, se est¨¢ fomentando la falta de respeto a la mujer, los atropellos a su dignidad, la violencia de todo tipo que padece, su utilizaci¨®n como objeto sexual; en suma, su permanencia como ser de segunda categor¨ªa, sometido a muy variadas discriminaciones que se pretenden justificar, en demasiados casos, en base a tradiciones y costumbres.
A estas alturas, resulta desolador pensar que, tambi¨¦n en Espa?a, podemos retroceder, en ¨¦ste y en otros temas de gran calado, sobre lo que tan dif¨ªcil ha sido construir, debido a la dejaci¨®n y desidia de un Gobierno conservador, que no parece creer de verdad en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no trabaja por ello con voluntad pol¨ªtica, conociendo a fondo los temas y sus implicaciones, asumiendo el cambio social que conlleva, y los nuevos valores y modelos en los que se sustenta y el profundo significado de progreso y beneficio para toda la sociedad que tiene hacia el futuro.
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