Mirar detr¨¢s de la imagen

La justicia, as¨ª, en bloque y de una vez, como suele tomarse en comentarios y tertulias, sigue de desazonante actualidad. Ahora reforzada tras el resultado del ¨²ltimo "bar¨®metro de opini¨®n" del Consejo General. Precisamente d¨ªas despu¨¦s de la eclosi¨®n del nada edificante conflicto que ha vertido nuevas, indeseables y preocupantes connotaciones personales (sean o no, adem¨¢s, conspiratorias) sobre la actuaci¨®n del juez que instruye el caso Sogecable; ya antes bastante problem¨¢tico.El "bar¨®metro" produce alguna perplejidad. Sobre todo si la parte de sus conclusiones seg¨²n la cual un 51% de los espa?oles considera "negativa y alarmante la imagen de la justicia comparada con la de otras instituciones, se relaciona con la que afirma que el 83% de los usuarios se siente bien o muy bien tratado. A pesar de que una gran parte, tal vez en tomo a la mitad de los mismos, en buena l¨®gica, debi¨® obtener una sentencia desfavorable.

Si la encuesta se ha realizado con rigor y los encuestados han sido sinceros, lo que no dudo, el (aparente) antagonismo de ambas magnitudes porcentuales autoriza a pensar que una y otra recaen sobre objetos diversos. Que las representaciones de los dos sectores de aqu¨¦llos, que en apariencia remitir¨ªan a la misma realidad: la justicia, tienen distintos referentes, se mueven en perspectivas y est¨¢n mediadas por formas muy diversas de aproximaci¨®n al fen¨®meno en cada uno de los supuestos.

Dir¨ªa que lo que se refleja en el primer caso es la imagen de la justicia fruto de un complejo proceso colectivo de elaboraci¨®n de ciertos datos sobresalientes y que tiene a algunos sujetos p¨²blicos, y en particular a los media, como principal veh¨ªculo. Lo que obliga a preguntarse por la calidad de la informaci¨®n que genera ese sector de la actividad estatal que es el judicial. En el segundo prevalecen microimpresiones hechas de experiencia esencialmente directa. Por lo que, podr¨ªa decirse, all¨ª la opini¨®n versa, preferentemente, sobre el "poder judicial", y aqu¨ª lo hace m¨¢s bien sobre la administraci¨®n de justicia".

Si esto es as¨ª, unos y otros encuestados pueden tener raz¨®n. La tienen, desde luego, quienes transmiten su alarma, pues la imagen percibida, y m¨¢s en una apreciaci¨®n intuitiva y no particularmente anal¨ªtica y cr¨ªtica, ha de ser inquietante: un n¨²mero relevante de causas relativas, en los casos m¨¢s significativos, a hechos criminales de extraordinario relieve, producidos en escenarios institucionales, hoy en el centro de claras estrategias de desestabilizaci¨®n procesal y pol¨ªtica. Adem¨¢s, at¨ªpicamente hiperconcentradas en un reducid¨ªsimo n¨²mero de ¨®rganos judiciales y, en los dos supuestos m¨¢s caracterizados, sobrevoladas por a¨²n m¨¢s at¨ªpicas y preocupantes vicisitudes, personales y del entorno de sus titulares, ellos mismos ahora objeto de proceso.

Ocurre, sin embargo, que del an¨¢lisis de los antecedentes de tal estado de cosas pueden derivarse consecuencias clarificadoras, sobre todo en una perspectiva de prevenci¨®n y reconstrucci¨®n. En esta l¨ªnea debe decirse que en el principio de esta situaci¨®n est¨¢n los delitos: determinada categor¨ªa de conductas que, por su endiablada complejidad y opacidad y por el poder formal y f¨¢ctico de sus posibles autores, desencadenan tal c¨²mulo de tensiones y tan intensas que no hay marco jurisdiccional que las resista f¨¢cilmente. Y m¨¢s cuando ese marco -no por casualidad, estructuralmente d¨¦bil y, por ello, muy sensible a las pulsiones del ambiente- termina por ser el espacio al que se desplaza buena parte del conflicto pol¨ªtico no resuelto a tiempo en las sedes que corresponder¨ªa.

El segundo momento de los resultados del "bar¨®metro" a que he aludido s¨¦ mueve, creo, en otra dimensi¨®n. Y, con sinceridad, dir¨¦ que su estimaci¨®n puede pecar de optimista, porque, aunque el funcionariado judicial en su conjunto tratase as¨ª de bien a justiciables y demandantes de justicia, no dejar¨ªa de existir un objetivo maltrato institucional, derivado muchas veces de la demoledora relaci¨®n de los inputs y los outputs y, siempre, de las bien conocidas disfunciones y rutinas burocr¨¢ticas y de los h¨¢bitos que conocidamente generan.

Pues bien, si en la percepci¨®n de la justicia cabe distinguir planos, ese mismo criterio de discernimiento tendr¨ªa que estar presente en cualquier esfuerzo para salir de la crisis. Primero habr¨ªa que liberarse de cierto sentido escatol¨®gico de las causas, que son bien hist¨®ricas y van ligadas a una concepci¨®n pol¨ªtico-instrumental de la jurisdicci¨®n, constitucionalmente superada, pero muy viva en la pr¨¢ctica y ni siquiera ausente de la cultura de los propios jueces. Por hablar s¨®lo de causas pr¨®ximas, esta concepci¨®n tiene claro reflejo en el m¨¢s que cuestionable sesgo del tratamiento legislativo del Consejo General del Poder Judicial, con el penoso resultado que se conoce; y en el notorio abandono durante lustros de cuestiones centrales de la jurisdicci¨®n, como son la formaci¨®n inicial de los jueces (que apenas ahora despega, y habr¨¢ que ver c¨®mo), la generalidad de las reformas procesales y el dise?o de la oficina judicial. As¨ª, semejante defecto de medidas estructurales y un gobierno de la justicia marcado por la deslegitimaci¨®n son datos que deben computarse para entender la realidad y la imagen de la justicia; y tambi¨¦n para discurrir sobre las responsabilidades -incluidas las profesionales de los jueces- y proyectar el futuro, si es que se quiere distinto.

Para esto ¨²ltimo, desde luego, hacen falta pactos. No s¨¦ si de Estado, pero s¨ª de fuerzas pol¨ªticas dispuestas a afrontar con honestidad y lealtad constitucional, en la ra¨ªz, los verdaderos problemas. Un talante bien diferente del que se expresa en las recurrentes, evasivas y escasamente imaginativas denuncias de "italianizaci¨®n". Como si en Italia la crisis de la primera Rep¨²blica, con la disoluci¨®n de sus dos partidos m¨¢s representativos, hubiera sido cosa de jueces y no consecuencia de la ejecutoria de toda una legi¨®n de pol¨ªticos rapaces, bien procesados por sus acciones de C¨®digo Penal. Cuando un sector relevante de la vida pol¨ªtica de un pa¨ªs se precipita -por los actos de algunos de sus protagonistas- en los tribunales, no es serio poner los demoledores efectos de tal hecho en la cuenta de ¨¦stos ¨²ltimos, cuyos titulares, eso s¨ª, tendr¨¢n que responder por la gesti¨®n de los procesos. Aunque no de las consecuencias de las estrategias de ruptura que en tales casos suelen confluir sobre los mismos, con sustanciosas aportaciones a la realidad y, sobre todo, a la imagen y a alguna teor¨ªa de caos judicial.

Esto se hace bien visible en el supuesto de Espa?a, donde -desde luego- no estar¨ªamos ante percepciones de lo judicial como las que expresan los primeros resultados del "bar¨®metro" si casos como los de los GAL, Filesa y otros no se hubieran producido y tenido que entrar -con todas sus implicaciones- en el circuito de la justicia penal. (Y,

probablemente, tampoco, o mucho menos, de no haberse dado la peligrosa concentraci¨®n de causas y de poder judicial, con el protagonismo an¨®malo y la polarizaci¨®n de toda clase de presiones indeseables, que lleva consigo ya el propio modelo que hoy encarna la Audiencia Nacional, como virtual jurisdicci¨®n total. Modelo que, asimismo, tiene clara prolongaci¨®n en la Sala Segunda, convertida en juzgado instructor y tribunal de primera instancia por obra del aberrante fen¨®meno de los fueros privilegiados).

Los procesos aludidos han generado una clase espec¨ªfica de problemas que han ocupado todo el escenario y, en especial, un lugar principal en la percepci¨®n de la justicia de gran parte de la ciudadan¨ªa, que ha terminado por no ver, de ella, otra cosa. Adem¨¢s, pesan como una losa sobre el futuro de eventuales reformas, ahora inevitablemente interferidas por intereses que no son ya s¨®lo los habituales de parte pol¨ªtica, sino de partes que lo son tambi¨¦n, o m¨¢s bien, procesales. Por eso, para que un hipot¨¦tico pacto llegase a ser eficaz, mientras los procesos siguen su curso, tendr¨ªa que darse una previa renuncia a continuar operando en funci¨®n de esa dimensi¨®n de las posiciones enfrentadas. Es decir, a seguir haciendo del "poder judicial" el patio trasero de la confrontaci¨®n pol¨ªtica general y del Consejo un mezquino terreno de juego. Habr¨ªa que restituir a la situaci¨®n la serenidad necesaria para abordar con rigor y con una perspectiva de medio y largo plazo las cuestiones nucleares de la Administraci¨®n de justicia. Y hacerlo -ser¨ªa probablemente la primera vez- no reduciendo su papel constitucional, como con frecuencia se propone, sino de forma que tanto la organizaci¨®n como quienes trabajan en ella puedan llegar a estar en condiciones reales de desempe?arlo con eficacia.